Detienen a ocho policías comunitarios de la CRAC-PF y a seis del FUSDEG. Militares y guardias nacionales con equipo antimotines desalojan a vecinos que bloquearon con vehículos cinco horas dos lugares de la carretera federal para exigir la liberación de los arrestados
Chilpancingo, Guerrero, 20 de febrero de 2023. El sábado 14 integrantes de la Policía Comunitaria de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias de los Pueblos Fundadores (CRAC-PF) y del Frente Unido para la Seguridad y el Desarrollo del Estado de Guerrero (FUSDEG), entre ellos dos mujeres, fueron detenidos en la comunidad de Buenavista de la Salud, municipio de Chilpancingo, y en Tierra Colorada, por policías estatales, militares y la Guardia Nacional.
Por este hecho en Tierra Colorada, militares y efectivos de la Guardia Nacional con equipo antimotines desalojaron ese día a los vecinos y miembros del FUSDEG que bloquearon con vehículos unas cinco horas dos puntos de la carretera federal México-Acapulco, cerca de la bodega de la Coca Cola en la colonia San José, cerca de la iglesia, para exigir la liberación de los seis detenidos.
En Buenavista de la Salud
Ocho integrantes de la Policía Comunitaria de la CRAC-PF, que antes pertenecían a la UPOEG, fueron detenidos y su base desmantelada en la comunidad Buenavista de la Salud en Chilpancingo, tras una irrupción por policías estatales, militares y efectivos de la Guardia Nacional.
Miembros de la CRAC-PF relataron que a las 5 de la mañana les reportaron que estaban entrando policías de distintas corporaciones por el poblado de El Ocotito, y media hora después irrumpieron y desmantelaron su base en la localidad donde detuvieron a ocho integrantes de la organización, que estaban de guardia.
En un recorrido en la base se constató que sus trincheras donde tenían sus camas y sus pertenencias estaban desordenadas, los colchones, sillas y ropa estaban en el suelo.
Mientras que en la cocina, la mesa estaba tirada, trastes, bolsas de frijol, arroz, atún y cajas de cartón estaban en el piso y en el fogón que ocupaban para hacer la comida las cazuelas estaban quebradas.
El lugar estaba resguardado por una patrulla militar y unos ocho policías estatales y militares se colocaron en la carretera federal frente a la base.
Integrantes de la organización se quejaron de la irrupción de los policías que detuvieron a sus compañeros, se llevaron dos vehículos, celulares, aparatos electrodomésticos, enseres doméstico, dinero en efectivo y las armas de sus ocho compañeros como escopetas, y cables de extensión de luz eléctrica.
Precisaron que las dos granadas que les decomisaron son las que le confiscaron a los delincuentes del grupo criminal Los Ardillos, cuando los atacaron el pasado 22 de enero del año pasado, cuando el comandante y maestro de la CETEG, Mario Zamora y tres integrantes más fueron asesinados.
Además denunciaron que las autoridades catearon unas cuatro casas abandonadas cerca del lugar de manera irregular, y después de la operación efectivos de los tres órdenes de gobierno con equipo antimotines y un camión Rinoceronte de la Guardia Nacional resguardaron la base, para evitar que los vecinos bloquearan la carretera federal Acapulco-México.
Señalaron a las fuerzas policiacas que esta operación la realizaron de manera arbitraria porque no presentaron una orden de cateo ni de aprehensión, y que pudiera ser que están apoyando a los grupos delincuenciales como Los Ardillos, que pretenden apoderarse de su territorio para cometer actos ilícitos.
Solicitaron una reunión con la gobernadora Evelyn Salgado Pineda para que les informe dónde están los detenidos, los liberen y que los dejen trabajar en su territorio para dar seguridad, pero no han tenido respuesta.
La fuente dijo que esta operación pudiera ser por la detención del comandante de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), José Deivy Barrientos Salazar, que ocurrió el pasado 13 de febrero en Puebla y que el resguardo policiaco del corredor del valle de El Ocotito y Tierra Colorada no se retirará, porque no dejarán que se coloquen los policías comunitarios.
Dijeron que al no tener armas quedarán indefensos para defenderse de los criminales, y reprocharon que la presencia de corporaciones policiacas en esta localidad no es garantía de seguridad, sino que “es garantía para el crimen, porque hemos sido víctimas de ataques ante la presencia del gobierno, nos mandan drones a tirar granadas”.
“La presencia de seguridad no es garantía para nosotros, así como se ve, se quitan de un relámpago y llega el crimen organizado, nos atacan, el gobierno sabe, ha pasado esta situación por eso no nos conviene la seguridad aquí”, declaró un integrante de la organización.
Indicaron que las autoridades de los tres órdenes de gobierno sólo estorban y no ayudan a combatir la inseguridad, y agregaron que los uniformados traen gente extra para que les den información, pero falta la organización, “es por eso que irrumpen a esta localidad nada más para irrumpir la paz”.
Los policías comunitarios exigieron al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, que analice el papel de los gobernantes de Guerrero, porque no dan una, “en los rincones de Guerrero está podrido y hay un desastre, nunca hacen nada, a lo mejor a los representantes de gobierno no les conviene porque tendrán alguna coalición o acuerdo con el crimen, y al presidente le exigimos que preste más atención a Guerrero”.
En enero los policías que pertenecían a la UPOEG se cambiaron a la CRAC-PF y Cipog-EZ
Se manifiestan familiares de los ocho detenidos de Buenavista de la Salud
Familiares de los ocho integrantes de la CRAC-PF detenidos por las autoridades policiacas en la base de Buenavista de la Salud, se manifestaron en el lugar para exigir a la gobernadora Evelyn Salgado Pineda y a la fiscal Sandra Luz Valdovinos Salmerón, la liberación de sus compañeros.
A las 2 de la tarde del sábado simpatizantes de la autodefensa se manifestaron en la base y portaron pancartas en mano en las que se leía, “Exigimos la liberación y la garantía de que regresen con bien los compañeros privados de su libertad”, “Hacemos responsable a la gobernadora Evelyn Salgado Pineda de lo que les pueda suceder a los compañeros detenidos”, “Exigimos su regreso sanos y salvos” y gritaron “Vivos se los llevaron, vivos los queremos”.
Los manifestantes exigieron a los tres órdenes de gobierno su liberación de los ocho detenidos y los responsabilizaron de lo que le pueda pasar a sus familiares, “es una estrategia del crimen organizado en coalición con el gobierno, llevarse a los compañeros y soltarlos en zonas de alto riesgo, les puede pasar algo”.
Dijeron que los ocho detenidos trabajan a favor del gobierno, que está sacando su trabajo de brindar seguridad en el poblado y no deben de atentar contra sus derechos humanos.
En Tierra Colorada contra el FUSDEG
Seis miembros del FUSDEG fueron detenidos por policías estatales, militares y efectivos de la Guardia Nacional, cerca de su base en el municipio de Tierra Colorada, por esta situación vecinos e integrantes de la organización bloquearon dos puntos la carretera federal México-Acapulco, cerca del crucero hacia Ayutla y en la colonia San José, y los uniformados con equipo antimotines los desalojaron.
Fuentes policiacas informaron que la detención de los policías comunitarios ocurrió la madrugada del sábado, cuando iban a bordo de una camioneta y se dirigían a su base comunitaria.
Los vecinos contaron que después de la detención tocaron las campanas de la iglesia de San José, para avisar a la población y movilizarse en contra de la detención de los policías comunitarios.
Dijeron que los manifestantes bloquearon con vehículos a las 7:40 de la mañana del sábado la transitada vialidad, cerca del crucero hacia Ayutla, en la bodega de la Coca Cola y en la colonia San José, cerca de la iglesia del lugar para exigir la liberación de los seis compañeros y a las 2:30 de la tarde de ese día militares y efectivos de la Guardia Nacional con equipo antimotines desalojaron a los manifestantes.
Además en la operación hubo sobrevuelo de un helicóptero.
En un recorrido a las 3 de la tarde del sábado en Tierra Colorada, en el arco de la entrada el municipio por la carretera federal se vieron cuatro patrullas de militares y de la Guardia Nacional, y en el negocio Sonigas había otras tres patrullas de la Guardia Nacional.
Se detuvo a ocho personas en Buenavista y a seis en Colorada; se decomisaron armas y drogas, dice la Mesa de Coordinación
La Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz informó que en una acción operativa agentes de la Policía Estatal en coordinación con militares, la Guardia Nacional y Fiscalía General del Estado (FGE) detuvieron a ocho personas en la localidad de Buenavista de la Salud, y seis más en Tierra Colorada, entre ellas dos mujeres y un hombre con orden de aprehensión.
En un boletín el gobierno estatal dijo que en la operación aseguraron 18 armas largas, un arma corta, dos granadas de fragmentación, una granada de 40 milímetros, una granada de humo y otro artefacto explosivo.
Además cinco vehículos con indicios delictivos y reporte de robo, mismos que se encontraban bloqueando una vía federal, así como 60 dosis de cristal y 15 teléfonos celulares que fueron puestos a disposición ante las instancias correspondientes para su proceso legal.
Se indicó que en el operativo de este sábado se interpuso el diálogo como medida de atención social y se restableció el tránsito en la carretera federal México-Acapulco, sobre el corredor Buenavista de la Salud-Ocotito-Tierra Colorada.
“Tras tomar el control y liberar estos puntos de la carretera federal Acapulco-México, las fuerzas del orden mantienen un operativo de vigilancia a fin de garantizar el libre tránsito de esta vía de comunicación y la tranquilidad de la población de estas localidades pertenecientes a los municipios de Chilpancingo y Juan R. Escudero”, se lee en el comunicado.
Advierte el Cipog-EZ una persecución del Ejército y vínculos del gobierno con Los Ardillos
Integrantes del Consejo Indígena y Popular de Guerrero-Emiliano Zapata (Cipog-EZ) denunciaron al gobierno estatal, al Ejército Mexicano y al 50 Batallón de Infantería por desmantelar y desarmar a la Policía Comunitaria de Buenavista de la Salud, en Chilpancingo, y dijo que evidencia que tienen pactos con el grupo criminal Los Ardillos, a través del diputado local Bernardo Ortega Jiménez.
En un comunicado difundido la tarde del sábado la organización denunció la detención y la persecución del gobierno y del Ejército contra José Antonio Maldonado Cisca, coordinador del sistema comunitario de los Pueblos Fundadores de la comunidad, y contra su familia, así como contra los ocho policías comunitarios que prestaban servicio a la localidad y que fueron detenidos.
Asimismo exigió seguridad para sus compañeros y que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y organizaciones estén pendientes de lo que está ocurriendo en el estado, porque el gobierno está protegiendo al grupo criminal.
Además negaron los señalamientos que hicieron la Policía Estatal y el 50 Batallón de Infantería de que les han encontrado drogas y supuestas granadas, y precisaron que eso fue decomisado el 22 de enero del 2022, cuando irrumpieron Los Ardillos a su base y murieron cuatro policías, entre ellos el maestro de la CETEG, Mario Zamora Maldonado.
Dijeron que estas acciones evidencian el pacto entre la dirigencia del 50 Batallón de Infantería y Los Ardillos, para abrir el camino contra quienes tratamos de defender las comunidades contra estos grupos, “hemos resistido sus tácticas paramilitares y ahora empiezan su fase militar directamente, con tácticas contrainsurgentes con las que sabe actuar el Ejército mexicano contra el pueblo organizado, y que lo que está haciendo es proteger a los delincuentes.
Consultado por teléfono, el promotor del Consejo Indígena y Popular de Guerrero-Emiliano Zapata (Cipog-EZ), Jesús Plácido Galindo aseguró que la detención de ocho miembros de su organización en Buenavista de la Salud, fue una agresión directa al Sistema Comunitario y refleja que el estado ha servido al crimen organizado, que ha sido su fuerza armada y pretende tener el control de la zona.
Reprochó que las fuerzas policiacas no han detenido en Quechultenango al líder del grupo Los Ardillos, Celso Ortega que opera en el corredor de Petaquillas, Ocotito, Tierra Colorada y Xaltianguis, en Acapulco, y dijo que estas acciones del Ejército le hace el trabajo a ese grupo criminal, no combatir el crimen organizado, sino tener el control de Buenavista de la Salud.
“El PRI y Morena son los mismo, se están juntando para el negocio es la misma mierda, no hay beneficio del corredor del valle de El Ocotito, nosotros que estamos combatiendo a Los Ardillos no nos permiten, pero nos fabrican bombas, drogas, que tenemos orden de aprehensión y nos señalan de que estamos metidos, cómo es posible que estamos combatiendo al crimen organizado y nos están deteniendo peor que a los delincuentes”.
Plácido Galindo comentó que no hay un proyecto de seguridad en Guerrero, las extorsiones, secuestros y homicidios siguen y tampoco la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz tiene la capacidad de combatir a la delincuencia.
Agregó que los ocho detenidos están siendo investigados para determinar su proceso e hizo un llamado al presidente de México, Adres Manuel López Obrador y a la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, para que cambien la estrategia para combatir el crimen organizado en Guerrero.
Texto: Luis Blancas / Foto: Jesús Eduardo Guerrero
