Chilpancingo, Guerrero, a 23 de agosto de 2024.- Como parte de las violaciones graves a los derechos humanos contra disidencias partidistas y movimientos urbanos, el Mecanismo de Esclarecimiento Histórico (MEH) de la Comisión de la Verdad expone en su informe final la represión en contra del movimiento del profesor y militante del Partido Comunista Othón Salazar en la región Montaña en la década de 1970, de la defensa de las colonias del Anfiteatro de Acapulco en 1980, y de la lucha del PRD y el asesinato de sus integrantes en Guerrero después de su creación en 1989.
Guerrero es el estado del país con mayor número de violaciones graves a los derechos humanos contra perredistas de 1988 a 2002, con 225 personas ejecutadas, se indica en la Parte 3 Violaciones graves a derechos humanos en contra de disidencias político-partidistas y urbano-populares, del Volumen 2 del informe final del MEH, con base en un expediente de la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (Femospp).
Como antecedente, el MEH destaca la lucha de la Asociación Cívica Guerrerense (ACG), la masacre de Chilpancingo el 30 de diciembre de 1960, que ocasionó la caída del gobernador Raúl Caballero aburto (1957-1961), los Ayuntamientos populares y la masacre de Iguala del 31 de diciembre de 1962, por la que se radicalizó el movimiento y pasó a la clandestinidad armada.
El 3 de diciembre de 1989 se llevaron a cabo las elecciones para los 75 municipios que entonces conformaban Guerrero, y en el mismo día hubo protestas y después la toma de alcaldías para el reconocimiento del triunfo perredista en 16 municipios.
El informe se focaliza en la lucha poselectoral en Ometepec, donde el universitario Eloy Cisneros fue candidato municipal y la ciudadanía se movilizó para tomar el Ayuntamiento el 11 de diciembre, en cada comunidad se instaló un comité que acudía a la cabecera municipal, “de esta manera, la democracia popular se replicó en cada pueblo, y todos se turnaban para reforzar el plantón”.
Las mujeres tuvieron una “participación decidida” en el plantón que terminó el 6 de marzo de 1990, cuando fueron desalojados como parte de la Operación Relámpago, que se replicó en Ahuacuotzingo, Florencio Villarreal, Tixtla, Arcelia, Pungarabato, Tlalchapa y Juan R. Escudero.
En el desalojo de Ometepec fue asesinado Román de la Cruz Zacapala y su hermano Andrés está desaparecido desde entonces, su familia responsabiliza al entonces gobernador Francisco Ruiz Massieu y a su operador político de la región, el también ex mandatario Ángel Aguirre Rivero. El municipio suma 16 asesinatos políticos, particularmente en la comunidad amuzga de Zacualpan.
En un análisis nacional, el MEH anota a Ruiz Massieu en la lista de gobernadores que “se distinguieron de manera notable por los altos niveles de violencia durante su administración, e inclusive por propiciar de manera directa y abierta ataques y violaciones de derechos humanos”.
El MEH hace hincapié en las reparaciones a las víctimas de Ometepec, el hallazgo de Andrés de la Cruz y la indemnización a las familias afectadas, además de la atención médica que requieren.
El informe también destaca el caso de Coyuca de Benítez, donde se formó un Consejo Popular tras las elecciones de 1988, pero meses después los policías estatales tomaron el Ayuntamiento y detuvieron a decenas de personas.
El movimiento se replicó en las elecciones locales de diciembre de 1989 y se cometieron ejecuciones contra Roberto Castañeda Díaz, Bernabé Flores Torreblanca, José Manuel Palacios Vargas y Clemente Ayala; en enero del siguiente año también fue asesinado Santos Hernández García. Incluida la masacre de Aguas Blancas en 1995, este municipio de la Costa Grande sumó 38 personas asesinadas por motivos políticos, anota el MEH.
El informe recupera también las movilizaciones del 27 de febrero de 1990 hacia los aeropuertos de Zihuatanejo y Acapulco. Jorge Salgado Martínez y Feliciano Cleto Villa, de Teloloapan, fueron desaparecidos, y Florentino Salmerón García de Petatlán, fue ejecutado mientras el contingente acudía al aeropuerto del municipio de la Costa Grande.
“La Montaña Roja”
En el documento de 571 páginas se encuentra el subcapítulo La Montaña Roja: los Gobiernos de izquierda en Alcozauca, que relata la lucha de Othón Salazar como dirigente del Movimiento Revolucionario del Magisterio (MRM) y del Partido Comunista Mexicano (PCM) en el estado.
El MEH señala que uno de los primeros actos de violencia en contra de profesores vinculados a Othón Salazar, al MRM y al PCM, fue la tortura y ejecución en junio de 1973 de Joaquín Sánchez Pineda, líder magisterial en Tlapa; en el fraude electoral de 1979, cuando Othón Salazar fue candidato a diputado federal por el distrito cinco con sede en este municipio de la Montaña, su compañero Alfredo Reyes fue asesinado a pedradas.
“Frecuentemente campesinos e indígenas, destacaron por su activismo social y con frecuencia eran líderes de sus respectivas comunidades, lo que los convertía en el blanco perfecto para la animadversión estatal, reflejada muchas veces en actos de violencia”.
En 1980 Othón Salazar se lanzó como candidato a gobernador y en ese contexto el PCM ganó el Ayuntamiento de Alcozauca con Abel Salazar Bazán, el único municipio del estado reconocido para el partido, que volvió a ganar en diciembre de 1983.
El MEH cita a Juan Hernández Gardea, dirigente estatal Partido Socialista Unificado de México (PSUM), sucesor del PCM, quien dice que el “anticomunismo que se vivía en la Montaña” se reflejó en el enfrentamiento en Xochapa, comunidad de Alcozauca, del 24 de abril de 1983, cuando se desató un enfrentamiento en la inauguración de la comisaría y murió a balazos su compañero Plácido Olivera García.
En el volumen cinco del informe se señala que los responsables de la violencia de ese día fueron los caciques priistas Baltazar y Belén Villanueva, activos en la política local, ahora en Morena.
El mecanismo también registró la violación de tres simpatizantes del PSUM, esposas del dirigente Eusebio Sánchez y sus hermanos Sebastián y Agustín, el 30 de abril de 1985 en sus casas de Tlapa, por agentes de la Policía Municipal, acompañada de los priistas Juan Flores Cabrera, Antonio Cabrera Felícitas, Miguel de la Cruz Ramírez y Lucas Cabrera Hernández.
Otro militante, Darío de la Cruz fue víctima de ejecución el 18 de marzo de 1982, en el ejido Rincón de Cucharatepec, municipio de la Unión, junto al ejidatario Refugio García Pano.
El movimiento urbano-popular de Acapulco
Como parte de las violaciones graves a los derechos humanos en contra de movimientos urbano-populares en la lucha por la vivienda, el MEH investigó la represión contra el Consejo General de Colonias Populares de Acapulco (CGCPA), que surgió en mayo de 1980 tras el anuncio del gobernador Rubén Figueroa Figueroa del reordenamiento urbano con el proyecto de Ciudad Renacimiento, en abril del mismo año.
“En el fondo se trataba del desalojo a cerca de 125 mil habitantes de la zona del Anfiteatro”, afirma el MEH y registra la tortura y la detención arbitraria del dirigente Abel Salgado Valdez en 1981, y de 280 personas el 15 de noviembre de 1983, quienes fueron liberadas de manera paulatina hasta que quedaron cuatro dentro de la cárcel un año y 9 meses: Eliana García, Rosa María Gómez, Darvy Batallar y Marco Antonio López García.
El mecanismo estima que el desalojo violento de las colonias del Anfiteatro afectó a 30 mil personas de desplazamiento forzado, y las autoridades responsables son Fideicomiso Acapulco (Fideaca), el alcalde de Acapulco, Amin Zarur Menez, presidente municipal de Acapulco, Efrén Leyva Acevedo, representante de la Secretaría de Gobernación en el estado, la Policía Judicial, la Policía Montada y la Policía Auxiliar del Estado.
Texto: Ramón Gracida Gómez / Foto: Lenin Ocampo Torres / Archivo
