El desorden incluye el otorgamiento de recursos duplicados o a padres de familia ya fallecidos y la no acreditación de mobiliario para más de 68 mil planteles durante 2021, cuando despachaba la ahora candidata de Morena a la Gubernatura del Estado de México
Ciudad de México, 22 de febrero de 2023. La Auditoría Superior de la Federación (ASF) determinó que en 2021 la Secretaría de Educación Pública (SEP), cuando su titular era Delfina Gómez, incurrió en diversas irregularidades en el programa “La Escuela es Nuestra”, que incluye el otorgamiento de recursos duplicados o a padres de familia ya fallecidos.
El desorden en la implementación del programa, de acuerdo con la ASF, implicó que la dependencia no acreditara la adquisición de mobiliario, equipo y material didáctico adquirido para 68 mil 665 planteles beneficiados por el programa.
“Respecto de los procedimientos para la comprobación de los recursos, no se determinaron los plazos para que los CEAP (Comité Escolar de Administración Participativa) ejercieran los recursos y comprobaran los gastos, ni se especificó la obligación de éstos de reintegrar los recursos federales en los casos en los que no se aplicaran en las acciones señaladas en los lineamientos de operación del programa”, señaló.
La ASF, que el pasado lunes remitió a la Cámara de Diputados el tercer y últimos paquetes de auditorías a la Cuenta Pública 2021, incluidas dos a “La Escuela es Nuestra”, indicó que hubo apoyos duplicados por 1.1 millones de pesos y se transfirieron recursos por 1.5 millones de pesos a padres de familia que fungían como tesoreros pese a que ya habían muerto.
“Se dispersaron apoyos duplicados a 5 beneficiarios por 1,150.0 miles de pesos, así como 1,500.0 miles de pesos a tesoreros de 7 Comités Escolares de Administración Participativa (CEAP) que fallecieron en el ejercicio 2020 sin que se cuente con evidencia de que dichos recursos fueron canalizados a los nuevos tesoreros para su aplicación a los fines del programa”, indicó.
En 2021, indicó la ASF, la SEP ejerció en el programa 13 mil 590.5 millones de pesos, lo cuales fueron destinados a 68 mil 665 planteles para que pudieran realizar mejoras de infraestructura y de equipamiento.
La Auditoría encontró que la SEP no formuló indicadores, ni contó con información suficiente para evaluar en qué medida, en 2021, el programa contribuyó a la mejora del proceso de enseñanza-aprendizaje, a la paulatina superación de las desigualdades entre las escuelas, y a la permanencia de los alumnos en el Sistema Educativo Nacional.
“En 2021, la SEP revisó 500 expedientes de actividades integrados por los CEAP, e identificó incumplimientos respecto a la integración de los documentos que sustentan la incorporación de los planteles al programa, la ejecución de los recursos y la rendición de cuentas.
“Al respecto, la dependencia no acreditó los mecanismos implementados para que los comités solventaran los incumplimientos o, en su caso, para suspender los apoyos, cancelarlos o promover medidas administrativas o penales”, señaló.
Señala deficiencias en contratos del Banco del Bienestar
En otro rubro, la ASF señaló diversas irregularidades y deficiencias en varios contratos millonarios que celebró el Banco del Bienestar con Sixsigma Networks México, filial del consorcio KIO Networks.
La ASF cuestionó que el Banco haya adjudicado de manera directa distintos contratos que debieron someterse a licitación pública por tratarse de proveeduría relacionada con tecnologías de información, software, centros de datos y servicios de telecomunicaciones.
Tal es el caso del contrato DJN-SCOF-1C.10-06-2021-012 para prestar el servicio integral administrado de centro de datos para el Banco por un monto máximo total superior a 480 millones de pesos.
El Banco otorgó el contrato a Sixsigma Networks al argumentar que fue el único que presentó una propuesta y que urgía la continuidad de los servicios para no afectar su operación pese a que existían cláusulas vigentes que mitigaban dicho riesgo, señaló la ASF.
También dijo que en los contratos con Sixsigma hay muchas deficiencias en su supervisión, como que no se especifican los precios unitarios de cada uno de los servicios que se contrataron.
KIO Networks pertenecía a Tresalia Capital, fondo de la familia Aramburuzabala que lo vendió en noviembre de 2021 a I Squared Capital
Sixsigma Networks México también ha celebrado contratos, mediante adjudicación directa, con las Secretarías de Hacienda y Gobernación, Consar y el ISSSTE.
Y ve anomalías en la distribución de vacunas anticovid en Cdmx
Además, la ASF detectó fallas en la compra y distribución de vacunas para Covid-19 en la Ciudad de México.
Discrepancias sobre las cantidades de dosis o sobre el número de lote del biológico de Pfizer fueron documentadas por la ASF en casos ocurridos en 2021, de acuerdo con la auditoría 2021-5-12R00-19-0040-2022.
Cuando comenzó el plan de vacunación, detalla la ASF, la Federación determinó que habría un coordinador estatal de la Brigada Especial (Correcaminos), sin embargo, la base de datos de este organismo es incongruente con la del Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia (Censia), encargado de llevar a cabo los trámites administrativos necesarios para contar con las vacunas.
“En las relaciones proporcionadas por 4 entidades federativas (Ciudad de México, Guerrero, Tlaxcala y Yucatán) de las vacunas Pfizer, se señaló el registro del ingreso de dosis correspondientes a 4 lotes, los cuales no se corresponden con los registros de distribución proporcionados por el Censia para dichas entidades federativas”, indica la Auditoría.
Otra irregularidad fue que el número de ingreso no fue capturado. Este caso también se presentó en lotes de Aguascalientes, Morelos, Sinaloa, Veracruz y Yucatán.
Pide capacitar a conciliadores
Es necesario llevar a cabo una modificación a la Ley Federal del Trabajo para incluir la obligación de certificar a los conciliadores del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, destacó la ASF.
En su informe de la Cuenta Pública 2021, la Auditoría recomendó a la Cámara de Diputados llevar a cabo este cambio para que los conciliadores tengan mejores competencias y habilidades que los lleven a resolver conflictos laborales.
Señaló que es necesario certificar a los funcionarios en materia de conciliación laboral o mediación y mecanismos alternativos de solución de controversias.
Texto: Staff / Agencia Reforma
