El gobierno retoma el camino correcto para esclarecer la desaparición de los 43 normalistas, pero falta que el Ejército entregue la información que tiene de los hechos, dice el abogado de los padres y madres. Los arrestados habrían participado directamente en la desaparición de los estudiantes, señala, y los ocho que faltan causaron baja en las fuerzas armadas y se les tendrá que buscar para aprehenderlos. Alejandro Encinas confirmó la reactivación de las órdenes de captura contra 17 acusados, ocho de los cuales ingresaron a prisión en el Campo Militar Número Uno
Chilpancingo, Guerrero, 22 de junio de 2023. El abogado de las madres y los padres de los 43 normalistas desaparecidos en 2014, Vidulfo Rosales Sierra, informó que de los 16 militares contra quienes en estos días se libró una orden de apehensión por el caso Ayotzinapa, ocho ya fueron detenidos y están siendo procesados, y el resto causaron baja y tendrían que ser localizados y aprehendidos.
Consideró que con la decisión de la Fiscalía General de la República (FGR) de reactivar las 16 órdenes de aprehensión contra miembros del Ejército, de las que se había desistido hace nueve meses, el gobierno federal retoma el camino correcto hacia el esclarecimiento de la verdad y la justicia, porque los militares, de acuerdo con los datos de pruebas, habrían participado directamente en la desaparición de los normalistas.
Sin embargo, pero sigue pendiente que el Ejército aporte todo el acervo probatorio que acumuló de los ataques la noche del 26 y madrugada del 27 de septiembre.
Como informó El Sur, nueve meses después de haberse desistido la FGR volvió a pedir y conseguir las órdenes de aprehensión contra 16 militares presuntamente implicados en el caso Ayotzinapa, expedidas por la juez Segundo de Distrito en Procesos Penales Federales de Toluca, Raquel Ivette Duarte Cedillo.
Ayer consultado vía telefónica al respecto, Vidulfo Rosales opinó que la FGR había equivocado la ruta, toda vez que bajo criterios políticos cancelaron las 16 órdenes de aprensión el año pasado, “los padres de familia han insistido en restablecer la legalidad, en corregir el camino y en restablecer la confianza con el gobierno y seguir en la investigación con miras al esclarecimiento del caso Ayotzinapa”.
Sostuvo que la reactivación de las órdenes de aprehensión es un paso importante, y dijo, “tenemos información que ocho (militares) ya están siendo procesados, es un paso importante, sin embargo hay que consolidar ese paso con los autos de formal prisión que tendrían que estarse dictando los próximos días en contra de estos ocho militares que ya están procesados”.
Sin embargo, resaltó que es más importante que el Ejército aporte todo el acervo probatorio que acumuló la noche del 26 y madrugada del 27 de septiembre de 2014, “este acervo probatorio podría dar un vuelco al conocimiento del paradero de los 43 estudiantes”.
Aseveró que hay información de que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) identificó y que se ha solicitado, “hay más de 35 requerimientos que ha hecho el Ministerio Público y el Ejército se ha negado a aportar esa información”.
Dijo que no tenía los nombres de los ocho militares detenidos de las 16 órdenes de aprehensión, “los otros no están siendo procesados porque muchos ya se dieron de baja. Entonces no están a disposición del Ejército, ya ellos causaron baja y eso implica otro trabajo que tendría que hacer la Fiscalía, para localizarlos y ejecutar las órdenes de aprehensión”.
El abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, afirmó que ayer mismo se comunicó con el titular de la Unidad Especial de la FGE para el Caso Ayotzinapa, Rosendo Gómez Piedra, “me ha dado información muy general, pero vamos a tener una reunión con la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del caso Ayotzinapa el 26 de junio, y ahí yo creo que se vertirá información más exhaustiva”.
Con las ocho detenciones de militares confirmadas consideró que el gobierno federal rectifica y da un paso en el camino correcto hacia el esclarecimiento de la verdad y la justicia del caso Ayotzinapa, “es relevante en virtud de que son militares, los que de acuerdo a los datos de pruebas que existen, habrían tenido una participación directa en la desaparición de los 43 estudiantes”.
Manifestó que si ayer fueron puestos a disposición los ocho militares depende cuándo rendirán su declaración preparatoria, porque estarán bajo un sistema penal mixto, y a partir de que declaren se corre un plazo de 72 o 144 horas, si es que piden una ampliación, y en ese lapso se resolvería su situación jurídica.
Vidulfo Rosales añadió que los padres de familia de los 43 y sus representantes legales de Tlachinollan no tienen nada en particular contra soldados del Ejército, “porque hay voces por ahí que dicen que es un ajuste de cuentas político, que el presidente (Andrés Manuel López Obrador) quiere presentar resultados, quiere cumplir su promesa de campaña. Nosotros creemos que no, no es una ajuste de cuentas político, tampoco tiene nada que ver con cuestiones electorales”.
Aseguró que es justicia porque se deben esclarecer los hechos, “si del curso de la investigación de los datos de que se desprenden les resulta responsabilidad a elementos de una institución, trátese de quien se trate, tiene que responder por ese involucramiento ante las instancias legales correspondientes, esa es la lógica”.
Afirmó que sí es político que el Ejército mexicano no rinda cuentas ante las instancias judiciales, “el hecho de lo que se hizo anteriormente de cancelar las órdenes de aprehensión, esa sí es una decisión política. Creo que hoy día no, hoy en día se está en la ruta correcta, de que todo aquel o toda aquella persona, aun cuando pertenezca a una institución, pero si se ve involucrada en hechos de graves violaciones a los derechos humanos, como es una desaparición y sobre todo de un hecho que ha conmovido a nuestro país como es la desaparición de los 43, tiene que someterse a la justicia y responder por los señalamientos que enfrentan”.
Rosales Sierra comentó que “no hay intocables” y que su exigencia a las autoridades es el cumplimiento de la ley y el cumplimiento del Estado de Derecho y sobre todo el esclarecimiento de la desaparición de los 43 normalistas.
Comentó que aún están trabajando en las impugnaciones correspondientes en contra de la absolución del ex alcalde de Iguala, José Luis Abarca Velázquez y 18 policías municipales, “está por fenecer el plazo en esta semana pero nosotros estamos al final ya en la interposición del recurso correspondiente”.
Confirma las detenciones Alejandro Encinas
En su cuenta oficial del Twitter, el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas Rodríguez publicó que “ocho elementos del 27 Batallón de Infantería de Iguala ingresaron a la prisión del Campo Militar 1-A, se les acusa de los delitos de desaparición forzada y delincuencia organizada por la desaparición de los 43 estudiantes normalistas”.
En un segundo tuit comentó que “se avanza en la verdad y la justicia por el caso Ayotzinapa”, y que “la Fiscalía reactiva 17 órdenes de detención por el caso Ayotzinapa”.
Aunque no se precisó qué militares fueron detenidos, se sabe que en la lista de soldados con orden de aprehensión están: Omar Torres Marquillo, Uri Yashiel Reyes Lazos, Gustavo Rodríguez de la Cruz, Juan Sotelo Díaz, Santiago Muñoz Pilo, Francisco Narváez Pérez y Ramiro Manzanares Sanabria.
También Eloy Estrada Díaz, Juan Andrés Flores Lagunes, Óscar Cruz Román, Ezequiel Carrera Rifas, Joel Gálvez Santos, Felipe González Cano, Roberto de los Santos Eduviges y Enrique Martínez Chávez, todos ellos integrantes de los Batallones 27 y 41 de Infantería.
El desistimiento de esas órdenes de aprehensión fue el detonante para que el entonces fiscal especial, Omar Gómez Trejo, renunciara en septiembre del año pasado.
Además tampoco se sabe cuál de las cuatro órdenes de aprehensión que fueron canceladas en contra de cuatro civiles, es la que fue reactivada, una contra el ex procurador general de Justicia de Guerrero, Iñaki Blanco Cabrera, y tres funcionarios del Tribunal Superior de Justicia, la ex presidenta, Lambertina Galeana Marín, y otros dos trabajadores, Javier Uribe Iturbe y Luis Europa Solís Jiménez.
Texto: Emiliano Tizapa Lucena/Foto: Archivo
