La FGR lo acusa de delitos de desaparición forzada, tortura y contra la administración de justicia. Las nuevas órdenes de aprehensión son para 20 militares, cinco autoridades judiciales y administrativas del estado, policías estatales y municipales y miembros de Guerreros Unidos. Es “un paso importante”, pero hay más autores directos, dice Vidulfo Rosales. El caso sigue abierto, subraya López Obrador. Cuestionan normalistas que el gobierno no diga el posible paradero de los desaparecidos
Ciudad de México y Chilpancingo, Iguala y Acapulco, Guerrero, 20 de agosto de 2022. Con el apoyo de la Marina, la Fiscalía General de la República (FGR) aprehendió ayer en la Ciudad de México al ex procurador general Jesús Murillo Karam al salir de su casa en Lomas de Chapultepec, por los delitos de desaparición forzada, tortura y contra la administración de justicia como parte de la investigación del caso Ayotzinapa.
Murillo Karam no opuso resistencia y fue trasladado a la subsede de la FGR en la Colonia Tacubaya, para que los médicos legistas le practicaran una revisión clínica.
El priista hidalguense, titular de la Procuraduría General de la República (PGR) en el sexenio del presidente Enrique Peña Nieto, es el más alto funcionario que ha sido detenido por las presuntas ilegalidades en la indagatoria sobre la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, ocurrida el 26 de septiembre de 2014.
El Consejo de la Judicatura Federal informó que será hoy sábado cuando Murillo Karam sea presentado ante un juez de control del Reclusorio Norte.
La FGR acusó a Jesús Murillo Karam de dar a conocer datos de testimonios obtenidos bajo tortura y de indiciados que ni siquiera habían sido puestos a disposición del Ministerio Público Federal, con la finalidad de construir la llamada “verdad histórica” del caso Iguala.
“Policía Federal Ministerial cumplimenta orden de aprehensión en contra de Jesús ‘M’”, dio a conocer ayer a las 4 de la tarde la FGR en sus redes sociales.
“Este día, personal policiaco de la Fiscalía General de la República (FGR), cumplió la orden de aprehensión solicitada por esta Institución y otorgada por el Juez de Control del Centro de Justicia Penal Federal en la Ciudad de México, con sede en el Reclusorio Norte, en contra de Jesús “M”, quien fuera Procurador General de la República, por los delitos de desaparición forzada, tortura y contra la administración de justicia, en el caso Ayotzinapa”, informó la FGR en su comunicado oficial.
“La diligencia se llevó a cabo en el exterior del domicilio de dicha persona, sin ningún problema; ya que la misma colaboró con las autoridades policiacas sin oponer resistencia, una vez que se le informó sobre el procedimiento que se estaba llevando a cabo.
“El detenido ha sido trasladado a las instalaciones de la Fiscalía para las certificaciones correspondientes; y enseguida será puesto a disposición de la autoridad judicial, en cumplimiento de la orden de captura señalada”, expone el comunicado difundido después de las 6 de la tarde del viernes.
En su cuenta de Twitter, la FGR reconoció el apoyo de personal de la Secretaría de Marina en el operativo para la captura:
“Como complemento de la información de la diligencia, la Fiscalía General de la República hace público su reconocimiento al apoyo táctico y operativo que recibió de personal especializado de la Secretaría de Marina”.
El día que dio a conocer la captura de cuatro integrantes de Guerreros Unidos
Funcionarios federales indicaron que uno de los episodios sobre los cuales versa la orden de aprehensión librada en contra del también ex gobernador de Hidalgo está relacionado con la conferencia de prensa que ofreció a las 16:00 horas del 27 de octubre de 2014 en la sede de la extinta Procuraduría General de la República (PGR).
Acompañado del entonces director de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), Tomás Zerón, en aquella fecha Murillo Karam apareció frente a los medios de comunicación para dar a conocer la captura de cuatro presuntos integrantes del grupo criminal Guerreros Unidos.
Aunque no mencionó los nombres de los detenidos, se trataba de Jonathan Osorio Cortés, “El Jona”, Patricio Reyes Landa, “El Pato”, Darío Morales Sánchez, “El Comisario”, y Agustín García Reyes, “El Chereje”.
El entonces titular de la PGR dijo que los sospechosos confesaron haber recibido y vigilado el traslado de los 43 normalistas la noche del 26 de septiembre de ese año en Iguala.
Añadió que los testimonios de los delincuentes llevaron a las fosas clandestinas que fueron descubiertas en Guerrero, poco después del secuestro de los normalistas, y en cuyas excavaciones trabajaba el Equipo Argentino de Antropología Forense.
“Han sido muy importantes las declaraciones de todos los detenidos y su concordancia con éstas últimas, nos acerca mucho más a la obtención de datos, los cuatro detenidos del día de hoy, están rindiendo su declaración en SEIDO y, dado el sigilo que requiere la investigación en este proceso, nos estamos reservando el nombre de los detenidos”, dijo aquella tarde.
“Dos de los detenidos han referido que ellos recibieron a un amplio grupo de personas y en este momento declaran sobre su destino, están todavía declarando, al mismo tiempo, un grupo especializado de peritos de la Procuraduría y del grupo de expertos argentinos buscan evidencias para corroborar el dicho de los detenidos; los otros dos detenidos son halcones informantes, también de la organización criminal, éstos confiesan haber participado como vigilantes el día de los hechos y hasta el momento sus declaraciones han sido coincidentes con el testimonio de los primeros”.
Sin embargo, Murillo Karam habló de las detenciones y de algunos dichos de los criminales, horas antes de que llegaran a las oficinas de la entonces Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) y rindieran su testimonio.
Todos fueron puestos a disposición de la SEIDO entre las 23:00 y 23:15 horas de ese día, y declararon en la investigación hasta la madrugada del 28 de octubre. Es decir, Murillo Karam habría divulgado información que no le constaba al Ministerio Público.
Torturados
De acuerdo con la FGR, previo a ser puestos a disposición de los fiscales federales, los detenidos habrían sido torturados.
“El Pato”, por ejemplo, presentó fractura de la órbita ocular al momento de ser puesto a disposición del Ministerio Público.
El Grupo Interdisciplinario de Expertas y Expertos Independientes (GIEI) también señaló que “El Chereje” presentó costras hemáticas en el ángulo externo del ojo derecho y excoriaciones epidérmicas en el codo derecho.
Por algunos videos de los interrogatorios, hoy se sabe que los detenidos primero fueron llevados a instalaciones militares o de la AIC, donde presuntamente los torturaron antes de ser llevados a la SEIDO.
Según informes del Gobierno federal, existen evidencias de que los interrogatorios videofilmados -en los que algunos de los indiciados fueron torturados- se mostraron a otros detenidos, lo que habría inducido sus dichos.
El caso Ayotzinapa no se ha cerrado, subraya el presidente López Obrador
El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, reconoció que no ha concluido la investigación de los 43 estudiantes normalistas desaparecidos el 26 de septiembre de 2014 y que se seguirá actuando.
“Desde luego, el caso no está cerrado. Ayer se dio a conocer el informe de la comisión y la Fiscalía va a seguir actuando, está procediendo, y también va a corresponder a los jueces y al Poder Judicial la impartición de la justicia”, expresó el mandatario federal.
En la conferencia de prensa matutina de este viernes, López Obrador fue cuestionado si con la presentación del Informe de la Presidencia de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa ya había cumplido con el compromiso faltante de cuando tomó posesión del cargo presidencial.
El Ejecutivo indicó que pidió que el informe presentado se difundiera y que se diera a conocer los detalles de la investigación. Afirmó que se busca ofrecer toda la información y que se garantiza no ocultar nada.
“A mí me presentaron primero el informe, lo leí y dije: ‘Adelante’. Y también di la instrucción de que se difundiera, que todos los mexicanos sepamos los pormenores de este lamentable caso por doloroso, repito, que sea; no sólo el informe, los anexos, es decir, las pruebas”.
Añadió que se ha pedido a las autoridades correspondientes que cuiden el debido proceso. Aclaró que el proceso está relacionado con lo jurídico pero que un “gobierno democrático no puede ocultar nada”. Mencionó que espera que la información se encuentre disponible en redes sociales.
Sobre la extradición del ex director de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), Tomás Zerón de Lucio, que se encuentra en Israel, el mandatario reiteró que no ha concluido el proceso y que los delitos que se le imputan a Zerón, no prescriben.
A pregunta expresa de si el resultado del informe es una “mancha” para las Fuerzas Armadas del país, el presidente indicó que desde que se encontraba en campaña manifestó que si se daba a conocer los miembros que participaron en actos ilícitos, la institución se fortalecería. Añadió que lo que debilita a una institución es la falta de verdad, la corrupción e impunidad.
“Yo siento que debe de tomarse en cuenta que la actuación de los malos servidores públicos no significa el mal funcionamiento de una institución, más si se hace el deslinde y se castiga a los responsables” comentó López Obrador.
El presidente mencionó que desde el inicio buscó hablarles con la verdad a los padres de familia de los 43 estudiantes desaparecidos y que consideró que fue “mucho muy doloroso” para los padres escuchar el informe.
“Les hablé de que no es en vano todo lo que ellos hicieron, incluso sus hijos. Porque el dar a conocer esta situación atroz, inhumana y al mismo tiempo castigar a los responsables, ayuda para la no repetición”.
El jueves pasado, el subsecretario de Derechos Humanos y Población de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, dio a conocer el informe sobre la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, donde se afirmó que la desaparición forzada fue un crimen de estado.
“La desaparición de los 43 estudiantes de la Normal Isidro Burgos de Ayotzinapa la noche del 26 al 27 de septiembre de 2014, constituyó un crimen de estado en el que concurrieron integrantes del grupo delictivo Guerreros Unidos y agentes de diversas instituciones del Estado mexicano” comentó Encinas.
Además, el Subsecretario señaló que tras investigaciones se han identificado a tres de los estudiantes desaparecidos, pero que no tienen evidencia de que alguno de los 43 esté con vida.
“Que no hay indicio alguno de que los estudiantes se encuentren con vida. Por el contrario, todos los testimonios y evidencias acreditan que estos fueron arteramente ultimados y desaparecidos” informó Alejandro Encinas.
La detención de Murillo, “un paso importante” pero hay más autores directos: Vidulfo Rosales
El abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña, (Tlachinollan) y asesor de los padres de los 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa desaparecidos, Vidulfo Rosales Sierra, declaró que la detención del ex procurador general de la República, Jesús Murillo Karam “es un paso importante” en las investigaciones sobre el caso.
Sin embargo, añadió que la de Murillo Karam no es la detención principal porque hay más autores directos contra los cuales tendría que actuarse.
En declaraciones por teléfono, Rosales Sierra reconoció que la detención de Murillo Karam es una detención y un paso importante en el caso Ayotzinapa.
“Sin embargo el gobierno tiene que continuar con más acciones penales para profundizar en la investigación”, declaró el abogado.
Dijo que lo que desean es que estas detenciones puedan ayudar a esclarecer a cabalidad dónde están los estudiantes, “de tal manera que se les ofrezca la verdad a las madres y padres de los 43 estudiantes, eso es lo que nosotros esperamos”.
Vaticinó que lo primero que va a hacer Murillo Karam “va a tratar de defenderse, desvirtuar los señalamientos e imputaciones que hay en su contra”.
Añadió que van a esperar el proceso, “queremos ser cautos, no sea que vaya a haber alguna situación que modifique todo esto en los próximos días”.
Añadió que hay muchos más involucrados contra los que tendría que ejercitarse acción penal y el gobierno federal tiene que actuar, “tiene que hacer y concretar las acciones penales porque si no de nada nos sirve el informe, sería meramente declarativo”.
Declaró que tiene que cerrarse el círculo con acciones penales concretas y seguirse con las acciones penales pendientes.
Pero admitió: “Creo que estamos llegando a un punto en el que el gobierno está presentando algunos avances sustantivos que reconocer, pero tiene que avanzarse en esa línea con acciones concretas”.
“Esta, la detención de Murillo, no es la principal, hay más, hay otros autores directos de la desaparición contra los cuales tendría que actuarse”.
Insistió que estas detenciones que se van a estar realizando van a ayudar a ir esclareciendo estos hechos y que el punto más débil de la investigación es que aún no se sabe del paradero de los jóvenes.
La detención “es tema político”, asegura el PRI
El PRI expresó su respaldo al ex procurador general. “La detención de Jesús Murillo Karam responde más a un tema político que de justicia. Esta acción no da respuesta a las familias de las víctimas. Esperamos que las autoridades dejen de ejercer acciones selectivas y den con los responsables materiales de los hechos”, indicó en Twitter.
“Hoy al gobierno de Morena le sirve irse contra el ex Procurador, mañana será contra cualquier opositor o ciudadano que les incomode.
“Nuestro respaldo absoluto con él. No nos quedaremos callados ante un gobierno que utiliza el aparato de Estado en contra de los opositores”.
A su vez, el líder nacional Alejandro Moreno consideró inaceptable la persecución a funcionarios que buscaron resolver el caso y rechazó que se cree un “chivo expiatorio”.
“Su detención es una señal de que el Gobierno no busca dar justicia a los familiares de los jóvenes ni certeza al país. Acciones como esta buscan distraernos de las crisis de inseguridad, inflación, desempleo, pobreza y de la crisis en el sistema de salud pública del país.
“Lo esperado es que el Gobierno hubiera detenido a quienes desaparecieron y agredieron a los estudiantes. Pero no, buscan culpar a los que atrajeron la investigación, la cual involucraba a varios funcionarios vinculados desde ese entonces a quienes hoy están en Morena”, añadió “Alito” Moreno.
Consideró que “la desesperación del Gobierno Federal por sus malos resultados, los obliga a dar esta clase de golpes mediáticos” en vez de dar certeza al país.
Finalmente confió en que los jueces harán justicia a Murillo y sobre todo a las familias de los desaparecidos. “Nadie quiere un chivo expiatorio en este doloroso hecho”.
Libran 83 órdenes de aprehensión contra militares, autoridades estatales, policías y de Guerreros Unidos
Un juez libró 83 órdenes de aprehensión por el caso Ayotzinapa, entre ellas 20 contra mandos militares y personal de tropa del 27 y 41 batallones en Iguala.
Los delitos son por delincuencia organizada, desaparición forzada, tortura, homicidio y delitos contra la administración de justicia.
“A petición de la Fiscalía General de la República (FGR), el juez segundo de Procesos Penales Federales en el Estado de México, con sede en Toluca, libró 83 órdenes de aprehensión contra 20 mandos militares y personal de tropa del 27 y 41 batallones en la ciudad de Iguala, así como a cinco autoridades administrativas y judiciales del estado de Guerrero”, informó la dependencia.
Detalló que las órdenes también son contra 26 policías de Huitzuco; seis de Iguala y uno de Cocula más 11 policías estatales de Guerrero y 14 miembros del grupo criminal Guerreros Unidos.
“Todos ellos vinculados con lo ocurrido en la ciudad de Iguala, Guerrero, el 26 y 27 de septiembre de 2014, y fechas posteriores”, añadió.
Las imputaciones, en cada caso, se darán a conocer en el proceso penal correspondiente, y el cumplimiento de las órdenes de aprehensión serán también informadas en el momento procesal que la ley autorice, puntualizó.
Cuestionan alumnos de Ayotzinapa que el gobierno no diga el posible paradero de los 43
El Comité Ejecutivo Estudiantil Ricardo Flores Magón de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa denunció que tanto el gobierno anterior como el actual no quieren identificar a los responsables de los crímenes de Estado cometidos el 26 y 27 de septiembre de 2014, en respuesta al informe de la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia para el caso Ayotzinapa. En un comunicado, confirmaron que seguirán sus acciones por la verdad y la justicia, y de rechazo a las instancias de gobierno que evitan castigar a los culpables y esclarecer la desaparición forzada de sus 43 compañeros.
En la conferencia, pidieron que también sea detenido y encarcelado el ex presidente Enrique Peña Nieto por su responsabilidad en la desaparición de sus 43 compañeros en Iguala
“El ex presidente Enrique Peña sabía todo lo que estaba pasando ese día (el 26 de septiembre del 2014) y pudo ordenar que se parara y no lo hizo”, dijo uno de los estudiantes.
Del informe presentado a la opinión pública el jueves, señalaron que, si bien se reconoce que militares y policías ministeriales obstaculizaron el acceso a verdad, también dice que se realizaron 101 acciones de búsqueda en siete municipios del estado con más de mil restos óseos localizados, pero no precisa que es insuficiente el material genético para identificar personas. En cuanto a militares infiltrados como estudiantes en la escuela, indicaron que confirma el monitoreo del gobierno a las actividades de los estudiantes, así como la participación directa de Sedena, Marina, Policía Federal y al menos 33 personas de altos mandos de gobierno, a parte del grupo delictivo Guerreros Unidos, “una red de vínculos entre grupos delictivos y el gobierno que trabajaron de manera coordinada para desaparecer estudiantes”.
Asimismo, destcaron que el informe corrobora la tortura a 77 personas que testificaron en el caso, el asesinato de 20 testigos claves, y el autobús que trataron de ocultar de la verdad oficial, que fue llevado de Iguala hacia Morelos, además los nulos esfuerzo de búsqueda de sus compañeros detenidos, y que hay 33 nuevos implicados del gobierno,
Sin embargo, cuestionaron que el gobierno sostiene que no hay indicios de que los 43 estudiantes sigan con vida, sin mencionar un posible paradero, sólo la necesidad de seguir con la búsqueda y las indagatorias.
Con un mensaje en video, dirigentes de la normal agregaron que la Fiscalía General del Estado posee documentos inéditos que servirían de mucho dentro del caso, y exigieron que los haga públicos. Exigimos a todas las instancias gubernamentales hagan lo que les toca por esclarecer los hechos, “no queremos una verdad histórica, queremos saber qué pasó con nuestros compañeros”.
Que las detenciones no se queden en aquellos que trataron de ocultar la verdad, como es el caso del procurador Jesús Murillo Karam, operador de la verdad histórica, con el exdirector de la Agencia de Investigación Criminal, Tomás Zeron de Lucio. Insistieron en que las investigaciones lleguen a los responsables directos de los crímenes. Finalmente, ratificaron su compromiso con las madres y padres de los normalistas desaparecidos hasta llegar a la verdad.
El reportero Morrugares, entre los 26 asesinados o fallecidos vinculados al caso Ayotzinapa
En el informe presentado por la Presidencia de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa a las madres y los padres de los 43 normalistas desaparecidos, se indica que entre las 26 personas que han fallecido o que han sido ejecutadas y se encontraban “vinculadas” al caso, aparece el reportero de nota roja y director del portal PM Noticias, Pablo Morrugarres Parraguirre y el ex secretario particular del alcalde Antonio Jaimes Herrera, Nelson Andrés Chávez Landa.
De las personas fallecidas vinculadas al caso a lo largo de la investigación, se hace referencia a “26 personas claves” que han sido ejecutadas, o que han fallecido en accidente o muerte natural, “algunos de los cuales colaboraban con la investigación”.
En el esquema 11 del informe entregado a un mes de que se cumplan ocho años de los hechos, se detalla que de las 26 personas fallecidas o ejecutadas entre el 14 de octubre de 2012 y el 24 de mayo de 2022 vinculadas al caso, 14 eran integrantes del grupo delictivo Guerreros Unidos y tres familiares de ellos, dos del grupo delincuencial Gente Nueva (ex miembros de GU), y siete “testigos o involucrados: activistas, funcionarios y policías, entre otros”.
En el listado dado a conocer se observan los nombres del subprocurador de la Fiscalía de Guerrero, Ricardo Martínez Chávez, asesinado el 4 de enero de 2017, así como del líder transportista Victórico Martínez López y de su esposa, ocurrido el 4 de mayo de 2016.
Asimismo el ex comandante de la Policía Investigadora Ministerial, Humberto Jiménez Delgado, El Guacho, identificado como “líder de una fracción” de Guerreros Unidos, ejecutado a balazos en su negocio el 16 de junio de 2021.
Aparece además el reportero de nota roja y director del portal de noticias en Facebook, Pablo Morrugarres Parraguirre, que aparece como “testigo”, y quien fue asesinado con armas de grueso calibre en un restaurante de la calle Juan Aldama de Iguala el 2 de agosto de 2021 junto al policía estatal que lo custodiaba al contar con medidas cautelares del Mecanismo de Protección para Defensores de Derechos Humanos y Periodistas.
Asimismo el ex regidor del PRD y secretario particular del ex alcalde de Morena, Antonio Jaimes Herrera, Nelson Andrés Chávez Landa, asesinado a tiros el 8 de junio de 2021, y el ex policía ministerial Rey David Hernández Flores, asesinado el 9 de enero de 2019.
El informe destaca la muerte de uno de los principales líderes de Guerreros Unidos, Mario Casarrubias Salgado, a causa de Covid-19, y la ejecución de su tío, Juan Salgado Guzmán, El Indio, identificado como operador de GU en la zona Norte de Guerrero y el sur del Estado de México, este último donde fue ejecutado en Metepec el 22 de septiembre de 2021, en un supuesto operativo “fallido” encabezado por agentes de la Policía Federal Ministerial de la FGR.
Aunque en este informe no aparecen nombres de otros líderes de este grupo criminal que posteriormente a su fractura se unieron al grupo delictivo La Sierra o Tlacos como los hermanos Pedro Flores Millán, El Nueve e Ismael, El Payo, abatidos en un enfrentamiento con sus rivales el 17 de diciembre de 2019 en la comunidad de Atlixtac, Cocula, y que habrían tenido participación en los hechos del 26 y 27 de septiembre de 2014, al coordinar las operaciones delictivas en la zona de Mezcala, municipio de Eduardo Neri.
Los hechos de Iguala mostraron la cloaca del sistema, y por eso perdió en 2018: Abelina
La alcaldesa Abelina López Rodríguez coincidió con el gobierno federal en que lo sucedido a los 43 normalistas de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa fue un crimen de Estado, pues “¿por qué tan perfecto?” y agregó que los hechos de Iguala pusieron en el centro del debate la “cloaca del sistema, que fue lo que les hizo perder” las elecciones en 2018.
En declaraciones antes del acto de Entrega de aparatos funcionales y jornada médica integral, que se llevó acabo en el Zócalo, la alcaldesa manifestó que el tema es complejo y el tema de los normalistas “pues si uno lo ve como un homicidio de Estado”.
“Mientras no exista de manera contundente donde te digan a ver, aquí están, aquí están las pruebas, hasta entonces los padres de los 43 normalistas pues se darán quizás, no por resignados, pero de lo contrario así nada más no pueden ser”. Se le dijo que han pasado ya casi ocho años de los hechos donde fueron desaparecidos los normalistas y respondió: “Sí, hay vacío” y se le dijo que eso podría ser que estén vivos y respondió que era lo deseable es que se encuentren.
Invalida juez decisión de la FGR de retirar la escolta a Tomás Zerón
Un juez federal invalidó la decisión de la Fiscalía General de la República (FGR) de retirarle el servicio de escolta y protección a Tomás Zerón de Lucio, ex jefe de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), prófugo de la justicia por el caso Iguala.
Juan Carlos Guzmán Rosas, Juez Quinto de Distrito en Materia Administrativa en esta capital, concedió un amparo al ex jefe policiaco que anula el oficio mediante el que la FGR instruyó retirarle los escoltas y los vehículos, aunque aclara que eso no significa que le deban restituir esos servicios.
Esto último, porque en otro amparo resuelto el 8 de enero del año pasado, el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia Administrativa, ya desechó y negó devolverle el servicio de custodia a Zerón y su familia.
De acuerdo con la sentencia, el juez Guzmán Rosas concedió el amparo al ex funcionario porque el oficio del 8 de septiembre de 2020, en el que la FGR le retira los escoltas y el parque vehicular, no tiene firma.
“De manera que si uno de los requisitos que impone el artículo 16 constitucional es que los actos de molestia sean emitidos por autoridad competente, es claro que al no encontrarse la firma autógrafa de la autoridad que lo emitió queda insatisfecho ese requisito”, señaló el juez.
“Consecuentemente, al quedar evidenciada la violación a lo previsto en ese precepto constitucional, lo que procede es conceder el amparo… Sin que lo anterior implique que se le restablezca al quejoso el derecho de gozar del servicio de seguridad y de protección que aduce, pues ese aspecto fue materia de análisis en el diverso juicio de amparo”.
Este resolutivo puede dar pie a que la Fiscalía emita otro oficio para formalizar el retiro de los escoltas y los vehículos a la familia de Zerón.
Contra el ex jefe de la AIC pesan dos órdenes de aprehensión por los delitos de tortura, desaparición forzada y contra la administración de justicia, por su actuación en las investigación y búsqueda de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
Una de ellas se basa en un video en el que aparece el ex mando policiaco al frente de un interrogatorio en el que Felipe Rodríguez Salgado, El Cepillo, operador del grupo criminal Guerreros Unidos, se encuentra sometido y rodeado por otros elementos de la corporación.
Zerón salió del país desde hace más de dos años, estableciéndose en un principio en Canadá y luego en Israel, país en el que actualmente reside y donde tramitó la solicitud de asilo político.
Texto: Agencia Reforma, Redacción, Juan Luis Altamirano Uruñuela, Zacarías Cervantes, Lourdes Chávez, Alejandro Guerrero / Foto: Archivo
