Los agentes fueron citados en las instalaciones de la Unipol en Chilpancingo, donde fueron detenidos seis. Dos estarían acusados por torturar y asesinar al normalista Julio César Mondragón. La defensa de Morena del espionaje militar prueba que es ajeno al movimiento social: Vidulfo Rosales
Chilpancingo, Guerrero, 23 de marzo de 2023. Elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la Fiscalía General de la República (FGR) detuvieron a siete policías estatales y a dos policías municipales de Iguala, por su presunta responsabilidad en la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa.
En un comunicado la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) del estado confirmó la detención de nueve servidores públicos por el caso Ayotzinapa, sin especificar la hora y el lugar de la aprehensión.
Según la agencia Reforma, a dos agentes estatales detenidos se les acusa de los delitos de tortura y asesinato de Julio César Mondragón Fontes, el normalista que apareció con el rostro desollado. Un testimonio que tiene la FGR identificado como “Karla”, integrante del grupo criminal Guerreros Unidos, asegura que presenció la tortura y asesinato del estudiante a manos de tres policías estatales conocidos como El Gallo, El Comandante Pérez y La Minsa.
Ayer fuentes policiacas informaron en un primer momento que un grupo de policías estatales fueron citados a las instalaciones de la Universidad Policial del estado de Guerrero (Unipol), al norte de Chilpancingo, y una vez que llegaron al lugar fueron detenidos por la Marina seis agentes, y trasladados a las instalaciones de la delegación de la Fiscalía General de la República (FGR) por estar presuntamente involucrados en el caso Ayotzinapa.
En la tarde en un comunicado, el gobierno del estado confirmó que la Secretaría de Seguridad Pública estatal, “coadyuvó con la Fiscalía General de la República (FGR) y con el apoyo de la Secretaría de Marina, en la cumplimentación de una orden de aprehensión en contra de nueve servidores públicos por su presunta responsabilidad en la desaparición de los 43 estudiantes de la escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa en septiembre de 2014”.
Expuso que la “Agencia de Investigación Criminal (AIC) cumplimentó dicha orden” en contra de siete agentes de la Policía Estatal y dos policías preventivos del municipio de Iguala.
Añadió que la “autoridad de la FGR y la AIC será quien otorgue más información sobre dicha detención. La Secretaría de Seguridad Pública Estatal refrenda su compromiso de coordinación institucional con autoridades civiles y militares”.
Trascendió que los detenidos son los policías estatales Sandra Gerardo Gallardo, Juan Durán Mosso, Ramiro Alvarado Sanchez, Lorenzo Bello Hernández, Noel Baltazar Gómez, Pablo Jimenez Morales, Alberto Chávez Álvarez, aprehendidos este miércoles en Chilpancingo.
Mientras que el martes detuvieron en Iguala a los policías municipales y hermanos Navis Mayo Zúñiga e Imer Mayo Zúñiga.
De acuerdo con lo publicado por El Sur, el 19 de agosto de 2022 el juez segundo de distrito en Proceso Penales Federales del Estado de México, Enrique Beltrán Santés, instruyó 84 órdenes de aprehensión, entre las que había en contra de policías municipales, así como funcionarios como la del ex procurador general de justicia Iñaky Blanco Cabrera, del ex secretario de Seguridad Pública del estado, Leonardo Octavio Vázquez Pérez –detenido el 27 de octubre pasado en Tepic, Nayarit–.
También se liberó una orden de captura contra la ex presidenta del Tribunal Superior de justicia de Guerrero (TSJG), Lambertina Galeana Marín, por delitos contra la administración de la justicia y desaparición forzada, así como contra Luis Europa Solís Jiménez y Javier Uribe Iturbe, ingeniero en sistemas de cómputo y programador analista del tribunal.
Entre los mandos policiacos que se sabía había orden de detención era contra el ex jefe de la Policía de Cocula, César Nava González, y el ex subdirector de la Policía de Iguala, Francisco Salgado Valladares, el primero por desaparición forzada y delincuencia organizada, y el segundo por delincuencia organizada.
Parte de las investigaciones se hicieron por las declaraciones del testigo protegido Juan, nombre clave de Gilberto López Astudillo, El Gil, operador del grupo de la delincuencia organizada Guerreros Unidos, quien afirmó que enviaba 50 mil dólares mensuales a Blanco Cabrera y a Vázquez Pérez.
Gildardo López también declaró que entregaba 80 mil pesos cada mes a los mandos de la Policía Estatal, y 15 mil pesos a los agentes que patrullaban Iguala.
Sin embargo, el 27 de septiembre pasado, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, confirmó en su conferencia matutina que la Fiscalía General de la República (FGR) canceló 21 órdenes de aprehensión del caso Ayotzinapa porque los presuntos involucrados no estaban en el informe de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia (Covaj).
La cancelación de esas órdenes de aprehensión tuvo como consecuencia, que el entonces titular de la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el caso Ayotzinapa de la FGR, Omar Gómez Trejo, renunciara porque aseguró que un área ajena a su unidad fue la que se desistió sin su autorización de esas 20 órdenes de arresto de implicados en el caso.
Su defensa del espionaje militar prueba que Morena es ajeno al movimiento social: Vidulfo
El abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Vidulfo Rosales Sierra declaró que la defensa a las labores de espionaje del Ejército del senador Félix Salgado Macedonio y del dirigente estatal de Morena, Jacinto González Varona, confirma l distanciamiento entre el partido de Morena con el movimiento social y las víctimas de violaciones a los derechos humanos.
“Hasta ellos (los militantes de Morena) han sufrido persecución, pero ahora se colocan de manera hipócrita del otro lado”, Rosales y refutó que en el actual gobierno el Ejército haya cambiado, pues “es el mismo represor de los años sesentas” del siglo pasado.
Ante el espionaje militar a defensores de derechos humanos y líderes sociales revelado por el grupo de hackers Guacamaya y publicado en estas páginas, el martes Salgado Macedonio dijo que “está prohibido el espionaje en México”, “hay absoluta libertad” y él está en contra del espionaje y a favor de la libertad de expresión.
El lunes el presidente del Comité Ejecutivo Estatal (CEE) de Morena, Jacinto González argumentó que lo que hacen los militares es sólo “un seguimiento” a los movimientos sociales pero no para reprimirlos, y que el “fortalecimiento” del Ejército en este gobierno no es peligroso porque el presidente Andrés Manuel López Obrador no tiene antecedentes de que les vaya ordenar que reprima al pueblo.
El abogado Rosales Sierra, uno de los defensores a quien se vigila, dijo que es claro que el partido Morena “tiene pacto con un Ejército criminal, con un Ejército que tiene las manos manchadas de sangre, cuya política no es transparente, no tiene mecanismos de rendición de cuentas, que transita en la opacidad y en el autoritarismo, y que tiene una visión contrainsurgente históricamente”.
El también asesor de los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos, a los que también vigila el Ejercito, de acuerdo a las filtraciones del grupo Guacamaya, destacó que el Ejército en Guerrero tiene “una historia de represión, y la ilustran los casos de Inés Fernández Ortega, Valentina Rosendo Cantú, el de los campesinos ecologistas de la sierra de Petatlán, Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera, así como el de Rosendo Radilla de los que ya existe una sentencia de la Corte Interame-ricana de Derechos Humanos”.
Agregó que si Salgado Mace-donio no conoce estos casos graves de violaciones a los derechos humanos, basta con que se ponga a leer las sentencias de la Corte.
“Yo no sé si el senador Félix Salgado se hace de la vista gorda o solamente esgrime discursos fatuos, triviales, superficiales, sin ver la realidad del estado y lo que está ocurriendo en Guerrero”, reprochó.
Mencionó que hay otro caso más reciente de violación a los derechos humanos por el Ejército, y es el de Bonfilio Rubio Villegas del que acaba de pronunciarse la CoIDH y que próximamente lo darán a conocer.
Se trata del indígena que viajaba de Tlapa a la Ciudad de México pero antes de llegar a Huamuxtitlán en una revisión al autobús en el que se trasladaba, fue ultimado por soldados en 2008.
“Estos casos nos muestran la militarización, y cómo el Ejército enfoca como a un enemigo a las organizaciones sociales que luchan por justicia, por reivindicaciones sociales, por educación, y a quienes les está dando seguimiento, persecución, espionaje y coloca a los defensores de derechos humanos, a los campesinos, a los estudiantes críticos, como el enemigo a vigilar, a perseguir, a monitorear y como a los que hay que mantener a raya”.
Dijo que si el partido en el poder que se dice de izquierda no analiza esta situación, indica su distanciamiento con lo que vive el movimiento social, con lo que padecen las víctimas de violaciones a los derechos humanos, “y ese partido que cada vez se vuelve más burocrático, que solamente persigue el poder, preocupado por sus componendas de tipo electorera se convierte en lo mismo que era el PRD y el PRI”.
Rosales Sierra reconoció que si bien hay un cambio y libertades con el actual gobierno, no está pasando lo mismo en el Ejército, “es el mismo represor de los años sesentas al año 2000, es el mismo Ejército que tenemos. No hay un cambio”.
El abogado dijo que la sociedad debiera alzar la voz y que el mismo partido en el poder debiera estar haciendo un llamamiento, y la reflexión de lo que está pasando.
“Por lo menos los actores más sensatos deben alzar la voz y pedir que en el Ejercito también haya los cambios paulatinos que se están viendo en la sociedad civil, que no sean obtusos, que no haya miopía política para ocultar una cosa que no existe, entrémosle al debate, al análisis exhaustivo y responsable”, pidió.
De lo contrario, advirtió que un día cuando haya una represión de grandes dimensiones por el Ejército, “esta clase política que se hace miope y lo defiende, va a cargar con esa responsabilidad porque está dejando al Ejército que haga lo que quiera, se le están dando facultades y ocultando que no ha cometido violaciones a los derechos humanos, y eso es una grave irresponsabilidad”.
Con respecto a lo que declaró el dirigente de Morena Jacinto González, el abogado dijo que es para “postrarse ante el presidente Andrés Manuel López Obrador quien tiene un pacto con el Ejército, y entonces no lo va a contradecir cuestionando al Ejército o señalar sus graves violaciones a los derechos humanos que ha cometido”.
Añadió que al Ejército se le sigue venerando y presentándolo como inmaculado.
“Morena está haciendo lo mismo que hizo el PRI en el pasado, que para ellos era una institución inmaculada, pura y blanca, pero es una institución que en la medida que se le coloque en actividades de seguridad pública va a cometer violaciones a los derechos humanos y excesos”, advirtió.
Texto: Lenin Ocampo Torres, Emiliano Tizapa Lucena y Zacarías Cervantes / Foto: Jesús Eduardo Guerrero
