Ciudad de México, 6 de agosto de 2026. El ex gobernador de Guerrero (2011-2014) Ángel Aguirre Rivero fue detenido bajo la acusación de ocultar evidencias relacionadas con la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, informó este jueves la Fiscalía General de la República (FGR).
La FGR reportó la detención del guerrerense como parte de las nuevas investigaciones en el caso de la desaparición de los 43 normalistas, entre el 26 y el 27 de septiembre de 2014.
En un comunicado, la fiscalía dijo que “como parte del nuevo modelo de investigación, la FGR desarrolló el reanálisis de las actuaciones existentes en el caso de la desaparición de 43 normalistas de la escuela normal rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, Guerrero”.
Esas actuaciones “implicaron nuevos actos de investigación que permitieron acreditar la posible participación de Ángel “N”, ex gobernador de ese estado, en el ocultamiento de evidencias para conocer el paradero de los estudiantes”, agregó.
En consecuencia, “fue solicitada, obtenida y cumplimentada una orden de aprehensión en su contra. En breve, tendremos mayor información”, concluyó el informe de la FGR.
Renuncia y declaraciones
El 23 de octubre de 2014, casi un mes después de la desaparición de los normalistas, Aguirre Rivero anunció que solicitaría licencia al cargo a petición del Senado de la República, que había discutido la posibilidad de declarar desaparecidos los poderes en la entidad.
En 2019 el ex gobernador y el ex procurador del estado, Iñaki Blanco Cabrera, fueron llamados a declarar sobre el caso.
Tras el arresto en 2022 del ex titular de la entonces Procuraduría General de la República, Jesús Murillo Karam, por su probable participación en el caso de los 43, Aguirre Rivero precisó que nunca se reunió con el ex funcionario para construir la versión conocida como “verdad histórica”.
Aguirre dijo entonces en un mensaje público que él y sus colaboradores estaban siempre dispustos a declarar.
En el mismo año, la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa concluyó que la desaparición de los normalistas fue “un crimen de Estado”, en el que participaron autoridades de todos los niveles, además de grupos criminales.
Aguirre y Blanco han sostenido que el día de los ataques lograron ubicar y recuperar a 64 normalistas; que actuaron de inmediato para proteger a los estudiantes y así pusieron a disposición de las autoridades a 33 presuntos responsables, entre ellos a policías municipales.
Por su parte, padres de los 43 normalistas y sus abogados han señalado al ex gobernador como parte de los responsables.
Aún activo
Aguirre intentó buscar una diputación federal en los comicios de 2018, pero padres de los 43 lo siguieron en sus actos para lanzarle acusaciones en público. El ex gobernador desistió entonces de su participación electoral.
Ahora sigue activo en la política guerrerense y dirige la organización Izquierda Progresista Guerrerense (IPG) que participa en el proceso interno de Morena para elegir a quien eventualmente se convertirá en candidata o candidato a la gubernatura en las elecciones de 2027.
El jueves de la semana pasada el ex gobernador se reunió con dirigentes del gremio para hablar de la celebración del Día del Transportista.
En esa ocasión, afirmó que IPG es una organización plural y que sus miembros tienen simpatía con diferentes aspirantes, sin que se hayan decidido por algún candidato.
También reconoció la influencia del crimen organizado en los municipios del estado y se manifestó a favor de replicar en Guerrero la Operación Enjambre, que autoridades federales realizaron contra la injerencia criminal en ayuntamientos del Estado de México y Morelos.
