Ciudad de México, 14 de junio del 2024.- La Fiscalía General de la República (FGR) capturó en el municipio de Zitlala, a Fidencio Hernández Cortés, policía de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado por sus supuestos vínculos con Guerreros Unidos, banda delictiva que desapareció a los 43 normalistas de Ayotzinapa.
En marzo del 2023, la Secretaría de Seguridad Pública estatal informó que la FGR detuvo a siete policías estatales y dos municipales de Iguala –aunque no dijo el lugar y la hora– por su presunta responsabilidad en la desaparición de los estudiantes.
La madrugada de este jueves 13, agentes de la Policía Federal Ministerial de la FGR detuvo a Hernández Cortés, en Zitlala con base en una orden de aprehensión librada por el Juzgado Segundo de Distrito en Procesos Penales Federales de Toluca por el delito de delincuencia organizada.
El policía fue internado en el penal federal del Altiplano, en Almoloya de Juárez, Estado de México, y este viernes estaba a la espera de comparecer en una audiencia de declaración preparatoria, ante la juez federal Raquel Duarte Cedillo.
En dicha diligencia, el acusado tendrá el derecho a solicitar que le definan su situación jurídica en 72 o un máximo de 144 horas.
Hernández es uno de los 83 imputados a quienes se ordenó aprehender el 19 de agosto de 2022, en un expediente por el que también se imputó penalmente a militares, ex alcaldes, ex funcionarios y municipales, así como miembros de Guerreros Unidos, por el caso Ayotzinapa.
José Luis Abarca, ex edil de Iguala, y su esposa María de los Ángeles Pineda Villa, están procesados por esta causa penal.
En esa lista, 11 de las capturas fueron giradas contra miembros de la Secretaría de Seguridad Pública de Guerrero, incluido su entonces titular Leonardo Octavio Vázquez Pérez.
La imputación contra agentes estatales como Hernández Cortés derivan de testimonios rendidos desde 2020 por integrantes de Guerreros Unidos que se convirtieron en testigos protegidos de la FGR.
Uno de ellos es Gerardo López Astudillo, El Gil, quien declaró bajo el nombre clave “Juan” y dijo que el grupo delictivo pagaba una narconómina a miembros de corporaciones de los distintos niveles de gobierno y en la que estaban incluidos agentes estatales.
Según su dicho, a los mandos de la Policía Estatal les daban 80 mil pesos cada mes; a los subordinados de José Adame, coordinador de esa corporación, y que patrullaban Iguala, 15 mil, y a los demás agentes 10 mil pesos.
Texto e imagen: Agencia Reforma
