Guillermo Álvarez Nicanor
El 23 de diciembre de 1994 la Asamblea General de las Naciones Unidas determinó que, el 9 de agosto, se conmemore el Día Internacional de los Pueblos Indígenas.
En el mundo se estima que somos más de 476 millones de personas indígenas. Representamos sólo el 6.2% de la población mundial, el 15% de las poblaciones en la miseria; con aproximadamente 7 mil lenguas que se hablan en el mundo, alrededor de 4 mil son lenguas indígenas; dos de éstas desaparecen por mes.
En México, según el Censo de Población y Vivienda 2020 del Inegi, cerca de 7.3 millones de personas hablamos alguna lengua indígena, aproximadamente el 6% de la población total del país; con una gran diversidad lingüística. El país cuenta con 11 familias lingüísticas, que se ramifican en 68 agrupaciones lingüísticas y 364 variantes de lenguas indígenas.
En esta entidad guerrerense de acuerdo al Inegi 2020, 515 mil 487 personas de 3 años y más hablamos una lengua indígena, lo que equivale al 14.6% de la población total del estado.
Cada 9 de agosto, el mundo celebra el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, una fecha que nos invita a reflexionar sobre la riqueza cultural y la historia de nuestros pueblos. Este año 2025, la conmemoración adquiere un significado particular, con un indígena electo como magistrado presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, enmarcado por la creciente visibilidad de nuestras luchas, junto con las de los pueblos afrodescendientes, por la justicia, la equidad y la plena participación en la vida pública.
La presencia de indígenas en espacios de poder, como el Congreso de la Unión, los Congresos locales, cargos en los diferentes niveles de gobierno es un hito. Los representantes populares deberían ser la voz de las demandas de nuestras comunidades. Además de enriquecer el debate político con nuestros conocimientos ancestrales y cosmovisión, su labor debería ser fundamental para la creación de leyes que protejan el territorio, la cultura y las lenguas de los pueblos que representan. Sin embargo, el camino no está exento de desafíos; a menudo, algunos, se pierden en la burocracia y la partidocracia electoral.
El movimiento de mujeres indígenas ha emergido como una fuerza transformadora. Sus líderes no sólo luchan por la preservación de nuestras culturas y territorios, sino que también denuncian las desigualdades de género que persisten en nuestras propias comunidades y en la sociedad en general.
En esta conmemoración, es crucial reconocer la profunda conexión entre las luchas de los pueblos indígenas y afrodescendientes. Ambos grupos hemos sido históricamente marginados y despojados de nuestros derechos. La solidaridad entre nuestras comunidades es un pilar fundamental para enfrentar el racismo y la discriminación sistémica, y para construir un futuro más justo e inclusivo para todos. La lucha por la tierra, la identidad y la igualdad de oportunidades son aún batallas compartidas que refuerzan nuestra capacidad para resistir y transformar.
El Día Internacional de los Pueblos Indígenas no es sólo un día para recordar el pasado, sino una fecha para mirar hacia el futuro. Es un llamado a la acción para que la sociedad en su conjunto se comprometa a defender los derechos de los pueblos indígenas y afrodescendientes. Esto implica reconocer y valorar nuestros saberes, respetar nuestros territorios y garantizar nuestra participación plena en todos los ámbitos de la vida. La diversidad es nuestra mayor riqueza, y en su defensa radica la construcción de una sociedad más equitativa y humana.
La celebración del 9 de agosto nos recuerda que la lucha de los pueblos indígenas y afrodescendientes es una causa que nos compete a todos. Honremos nuestra historia, escuchemos nuestras voces y trabajemos juntos para que nuestros derechos sean una realidad palpable, no sólo en las leyes, sino en el corazón de nuestras comunidades. El futuro que construimos debe ser uno en el que la justicia y la dignidad sean el legado que dejemos a las próximas generaciones.
En México, la discriminación y el racismo hacia los pueblos indígenas son realidades persistentes que no se resuelven sólo con la emisión de leyes. Si bien la Constitución y diversas legislaciones reconocen nuestros derechos, la aplicación de estas normas en la práctica es a menudo deficiente. El problema radica en una profunda brecha entre la legislación y la realidad social, una brecha que se evidencia de manera particular en estados con una gran población indígena, como Guerrero.
El estado de Guerrero, conocido por su riqueza cultural y biodiversidad, es también un territorio donde los pueblos indígenas hemos enfrentado un histórico abandono institucional. A pesar de los marcos legales que garantizan el acceso a la salud, la educación y la justicia, muchos pueblos en la región carecen de servicios básicos. Escuelas sin infraestructura adecuada, centros de salud lejanos sin medicamentos y con personal que no habla nuestras lenguas maternas son ejemplos claros de cómo nuestro derecho a la igualdad se desvanece ante la falta de voluntad política y recursos.
El racismo, que subyace en este abandono, no es sólo un acto de agresión verbal, sino una discriminación sistémica que se manifiesta en la exclusión económica y social. Los indígenas de Guerrero somos estigmatizados, relegados a trabajos precarios y nuestras voces ignoradas en la toma de decisiones. Este racismo institucionalizado perpetúa un ciclo de pobreza y marginación que ninguna ley, por sí sola, puede romper. Para cambiar esta realidad, es necesario un compromiso genuino de la sociedad y del gobierno.
El verdadero cambio requiere una transformación cultural y social. Necesitamos dejar de ser vistos como sujetos de ayuda o folclore, y comenzar a ser reconocidos como ciudadanos plenos, con derechos y saberes que enriquecen a toda la nación. Sólo así podremos superar la discriminación, el racismo y el abandono, y construir un futuro más justo para todos.
