Destaca que los policías detenidos por su Procuraduría “no están señalados en los informes del GIEI y el Alto Comisionado como víctimas de tortura, ni en la recomendación de la CNDH, con lo que se confirma que en mi gobierno se actuó de manera profesional”.
Chilpancingo, Guerrero, 17 de septiembre de 2019. A propósito de la nueva liberación el sábado, de 24 ex policías municipales vinculados a los crímenes del 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala, el ex gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero destacó que siguen en prisión 33 policías municipales consignados por su entonces procurador, Iñaki Blanco cabrera.
Mediante su cuenta de Twitter, Aguirre Rivero lamentó “la liberación de 24 inculpados por la desaparición de los estudiantes normalistas en Iguala por parte del juez que lleva la causa, lo cual pone nuevamente en duda a la administración de justicia en el país y en riesgo el castigo a los responsables de estos hechos”.
En cuatro mensajes escrito la noche del domingo, el ex gobernador, quien pidió licencia al cargo por los hechos de Iguala, destacó que de “los detenidos por el entonces fiscal Iñaki Blanco, ninguno ha sido puesto en libertad, toda vez que los 24 indiciados y liberados este sábado, fueron detenidos e interrogados por autoridades federales”.
Subrayó que los indiciados “que detuvo la Procuraduría de Guerrero no están señalados en los informes del GIEI y el Alto Comisionado como víctimas de tortura, ni en la recomendación de la CNDH, con lo que se confirma que en mi gobierno se actuó de manera profesional y contundente en esas horas aciagas, hasta que fuimos relevados por el gobierno federal”.
Anunció que en el transcurso de la semana, se reunirá con la Comisión Presidencial para el Caso Ayotzinapa que integran funcionarios de la Secretaría de Gobernación y padres de los normalistas desaparecidos,“seguiremos aportando la información que permita esclarecer estos hechos, así como la actuación que tuvimos como autoridades estatales”.
Sus diligencias permitieron identificar a Los Bélicos: Iñaki
Sobre las 77 liberaciones del caso Iguala, Iñaki Blanco declaró que “salvo error de apreciación de mi parte”, ninguno fue detenido durante el tiempo que estuvo a cargo del caso, las primeras semanas.
Indicó que aprehendió a 22 de policías de Iguala, luego amplió la acción penal a otros 11, en un total, 33 detenidos. “Ninguna de las personas que detuvimos nosotros han sido señaladas como afectadas o víctimas de tortura por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), la Comisión Nacional de Derechos Humanos o el Alto comisionado de la ONU)”.
Aseguró que derivado de su investigación, la entonces PGR ahora FGR, pudo establecer la identidad el grupo de reacción de la corporación policiaca, Los Bélicos. Aclaró que hay algunos integrantes del grupo sí están siendo liberados en este momento.
También dijo que consignó el caso del director de Seguridad Pública de Iguala, Felipe Flores, por homicidio calificado y su relación con el secuestro de varios personas , entre ellas el líder social, Arturo Hernández Cardona.
Señaló que la investigación inicial de la procuraduría estatal, sentó las bases del expediente, “existe total correspondencia con lo que investigamos y lo que posteriormente dio a conocer PGR y esto guarda exacta correspondencia con las intervenciones de la DEA. Los hechos ahí están, cualquiera los puede consultar”.
Por otro lado, descalificó la resolución que dictó el Primer Tribunal Colegiado de Reynosa, Tamaulipas, el año pasado, que sentó las bases para las liberaciones actuales, y ordenó la creación de una comisión de investigación en la entonces PGR (ahora FGR) para corregir las irregularidades, y deficiencias de la primera investigación, que aún no se concreta.
“Tenemos que tener presente que se trató de una sentencia que yo en su momento califiqué como aberrante, porque descalificó a la institución del MP no sólo en lo que hace al caso Iguala”.
Opinó que la tortura, las detenciones ilegales, entre otras irregularidades del caso, tampoco fueron debidamente probados “porque no hay una resolución judicial que así lo justifique, que así lo pruebe, que así lo acredite”.
Sin embargo, ante las exoneraciones de los inculpados, añadió que “hay un análisis poco objetivo, que soslaya los derechos de las víctimas ante todo, el derecho al acceso a la justicia a conocer la verdad. Reitero que hay actitud negligente”, porque ahora se sabe que hay testimonios que no fueron obtenidos por tortura, y no están afectados de nulidad, y a esto se suman las transcripciones de las intervenciones telefónicas obtenidas por la DEA, que sirven para acreditar la existencia Guerreros Unidos.
Destacó que entre las pruebas, están las que aportó la Procuraduría de Guerrero a su cargo con anterioridad a los hechos de Iguala, que aluden a la estructura de esa agrupación y a su modus operandi.
Texto: Lourdes Chávez / Foto: Jessica Torres Barrera
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