Ciudad de México, 21 de septiembre de 2022. Un juez federal dictó auto de formal prisión al general Brigadier José Rodríguez Pérez, ex jefe del 27 Batallón de Infantería en Iguala, y dos de sus subordinados por su supuesta implicación con el grupo delictivo Guerreros Unidos y la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
Enrique Beltrán Santés, Juez Segundo de Distrito en Procesos Penales Federales de Toluca, inició el juicio al general únicamente por el delito de delincuencia organizada, dado que sólo se le acusó de su supuesta implicación con la citada organización criminal y no con la desaparición de los estudiantes, confirmó el abogado defensor Alejandro Robledo.
El impartidor de justicia también procesó al sargento Eduardo Mota Esquivel por delincuencia organizada y desaparición forzada, mientras que al capitán José Martínez Crespo sólo por desaparición forzada, confirmó el abogado defensor Alejandro Robledo Carretero.
A diferencia del general, ambos militares sí fueron imputados de su implicación en los hechos de la noche del 26 de septiembre de 2014 en Iguala, cuando los normalistas fueron detenidos por policías municipales y entregados a Guerreros Unidos, cuyos integrantes los desaparecieron.
El capitán Martínez Crespo ya estaba preso desde el 13 de noviembre de 2020 y desde entonces está sujeto a un proceso por el delito de delincuencia organizada, razón por la que ahora suma dos juicios por dos delitos distintos.
El general y el sargento, junto con el subteniente Fabián Alejandro Pirita Ochoa, se entregaron a las autoridades el miércoles y jueves de la semana pasada y fueron internados en el Campo Militar Número 1.
Debido a que el subteniente Pirita Ochoa se entregó a las autoridades un día después que el general y el sargento, el Juez Beltrán Santés aún no le define su situación jurídica y se espera que eso suceda a más tardar este jueves.
La defensa de los militares, encabezada por Alejandro Robledo Carretero y César González Hernández, tiene ahora un plazo de tres días para apelar el fallo del juez.
Aunque el pasado 19 de agosto la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa (CVAJCA) señaló al General de ordenar la ejecución de seis de los normalistas, ninguno de los militares ahora presos fue acusado por el delito de homicidio.
Esta acusación contra el general proviene del testigo protegido “Juan”, el mismo que ha declarado que sobornó a militares, funcionarios y policías federales, estatales y municipales para que protegieran a Guerreros Unidos.
Dicho testigo colaborador es Gilberto López Astudillo “El Gil”, jefe de plaza de Guerreros Unidos en Iguala, a quien también se atribuye haber participado en la desaparición de los normalistas.
La defensa de los militares ha puesto en duda los señalamientos de “Juan”, pues estima que son vagos y contradictorios.
“De él proviene (la acusación), pero con muchas imprecisiones, con muchas contradicciones, con una imputación muy vaga, en fin, con una serie de elementos jurídicos que la hacen más que dudosa”, dijo el abogado Alejandro Robledo la semana pasada.
Texto: Abel Barajas / Agencia Reforma / Foto: Archivo
