El dictamen fue avalado con 292 votos a favor, 153 en contra de la oposición y 11 abstenciones de legisladores del PVEM
Ciudad de México, 15 de abril de 2021. La Cámara de Diputados aprobó ayer la reforma a la Ley de Hidrocarburos, con la que se cambia el régimen de expedición de permisos sobre combustibles y se abre la posibilidad de expropiar instalaciones de la iniciativa privada, como gasolinerías, si se detectan irregularidades en su operación.
El dictamen fue aprobado con 292 votos a favor, 153 en contra de la oposición y 11 abstenciones de legisladores del PVEM, sin atender las advertencias de una posible alza en el precio de la gasolina, la violación a la Constitución y una lluvia de amparos por la revocación de permisos.
La reforma otorga nuevas facultades a la Secretaría de Energía (SE) y a la Comisión Reguladora de Energía (CRE) para expedir, suspender y revocar permisos para actividades de transporte, almacenamiento, distribución o expendio al público de hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos.
El otorgamiento de los permisos estará sujeto a que el interesado demuestre que cuenta con: un diseño de instalaciones o equipos acordes con la normativa aplicable y las mejores prácticas; las condiciones apropiadas y la capacidad de almacenamiento que determine la Secretaría.
Con ajustes al artículo 59 bis, se otorgan a la SE y a la CRE la atribución de suspender permisos cuando se prevea “un peligro inminente para la seguridad nacional, la seguridad energética o para la economía nacional”.
“La autoridad que haya emitido el permiso se hará cargo de la administración y operación del permisionario, para la continuidad en la operación de las actividades que ampare el permiso, a fin de garantizar los intereses de los usuarios finales y consumidores, quedando a salvo los derechos de los terceros”, establece la reforma que abre la posibilidad de la expropiación.
El priista Enrique Ochoa, ex director de la Comisión Federal de Electricidad, recordó que los expertos que dejaron hablar en la Comisión de Energía les dijeron que la reforma es inconstitucional y no cumple compromisos internacionales en la materia.
El panista Justino Arriaga advirtió sobre una lluvia de amparos. Acusó que la reforma a la Ley de Hidrocarburos es un intento burdo para derrumbar la reforma energética de Enrique Peña, sin cambiar la Constitución.
El diputado de Morena Pablo Gómez negó que haya intención de expropiar instalaciones de privados.
“Todo lo alquilan, no tienen tanques para almacenar, son las ficciones que hicieron con la reforma energética, así como las de la energía eléctrica”, aseveró.
Aseguró que hay un vínculo entre la vieja clase política corrupta y los permisionarios también corruptos, y que son los que tienen miedo de la nueva norma.
Texto: Claudia Salazar /Agencia Reforma
