La Comisión de Gobernación de la Cámara Baja aprueba un proyecto que reforma diversas disposiciones de la Ley de Delito de Imprenta y multiplica siete veces las penas pecuniarias a medios impresos
Ciudad de México, 15 de febrero de 2023. La Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados aprobó un dictamen que casi triplica las multas por “injuriar” al Presidente de la República.
El proyecto que reforma diversas disposiciones de la Ley de Delito de Imprenta también multiplica siete veces las penas pecuniarias a medios impresos por injuriar a Secretarios de despacho, al Fiscal General de la República, a los Gobernadores, al titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México y a los legisladores.
La propuesta, presentada por la morenista Bennelly Jocabeth Hernández, fue aprobada sin discusión con 19 votos a favor del bloque mayoritario y uno de Movimiento Ciudadano, nueve en contra de la Oposición y cero abstenciones.
El dictamen deja intactas las penas de prisión consideradas actualmente, pero convierte las multas en UMAS y las eleva por considerar que las que hoy se aplican no inhiben la comisión de los delitos.
De acuerdo con el proyecto, los ataques al orden público o a la paz pública se castigarán con pena de prisión de seis meses a un año y una multa de entre cinco y 40 UMA, es decir, de entre 481 y 3 mil 848 pesos, tomando en cuenta que, para el mes de febrero, el valor de dicha Unidad será de 96.22 pesos.
Esta cifra triplica la multa actualmente establecida por la ley, que es de entre 100 y mil pesos.
Para el caso de los Secretarios de despacho, Gobernadores, legisladores y titular del Gobierno capitalino, la pena de prisión seguirá siendo de tres meses a un año, mientras que la multa se eleva de cinco a 40 UMAS.
Esta cifra es siete veces superior a la establecida actualmente, que es de entre 50 y 500 pesos.
En el caso de los Magistrados de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y de circuito, jueces, generales y coroneles, las injurias serán sancionadas con pena de prisión de entre uno y seis meses y con multas que van de 481 a tres mil 848 pesos. Actualmente, las multas para estos casos son de entre 50 y 300 pesos.
“Si la injuria se verificare en una sesión del Congreso o en una audiencia de un tribunal, o se hiciera a los generales o coroneles en una parada militar o estando al frente de sus fuerzas, la pena será de dos meses de arresto y dos años de prisión y multa de cinco a 40 UMAS”, agrega.
Para este caso, la multa actual se establece entre 200 y dos mil pesos.
La propuesta señala que para quien injurie a un mando policial, a uno de sus agentes, a la autoridad o a cualquier otra persona que tenga carácter público, la multa será de entre 481 y 962 pesos. La ley vigente la ubica en entre 25 y 200 pesos.
Finalmente, plantea que las injurias a las “naciones amigas”, a sus mandatarios o a los representantes acreditados en el país, se castigarán con pena de prisión de uno a 11 meses y multa de entre 481 y 3 mil 848 pesos. Hoy en día estas sanciones son de entre 50 y 500 pesos.
Según la exposición de motivos, es necesario modificar la Ley sobre Delitos de Imprenta, porque es anacrónica e insuficiente.
Impulsan para el 31 de marzo la insaculación en la selección de consejeros del INE
En la nueva convocatoria para elegir consejeros del Instituto Nacional Electoral se fijó el 31 de marzo como la fecha probable para que sean electos mediante el método de la insaculación en el pleno de la Cámara de Diputados, ante la negativa de Morena a negociar con la Oposición los perfiles que presente el Comité Técnico de Evaluación.
La convocatoria también amplía las posibilidades para que sea electa una mujer para presidir al INE.
Además, contrario a lo que se esperaba, no hay ninguna disposición que permita a siete de los consejeros que permanecerán en el INE buscar la presidencia del Instituto.
La propuesta de convocatoria fue aprobada en la Junta de Coordinación Política y se espera que se presente al Pleno, también para que sea avalada.
El documento indica que, para cumplir con la paridad de género, se tendrán que presentar dos quintetas con género de hombre, la lista uno y la lista tres.
La lista dos será con género de mujer.
La última quinteta será para elegir al titular del INE y en esta lista número cuatro, dos de las personas aspirantes tendrán que ser de un género, y las otras tres aspirantes del otro género, sin especificar cuál en cada caso.
A partir de la publicación de la convocatoria y hasta el 23 de febrero, se llevaría a cabo la inscripción y registro de las y los aspirantes.
En total, el proceso duraría poco más de un mes y concluiría el 31 de marzo, fecha en la que está programada una eventual sesión del pleno para llevar a cabo el proceso de insaculación, en caso de que previamente no lleguen a un acuerdo en torno a los nombramientos.
Órgano interno inhabilita al director de Obras del INE
El Órgano Interno de Control (OIC) del INE suspendió al director de Obras del organismo electoral, Alejandro González, por irregularidades en la licitación de la construcción de la Junta Local en Nuevo León.
“Por manifiestas irregularidades en una licitación pública, al permitir perfeccionar la propuesta técnica a la empresa adjudicada, en perjuicio de otros concursantes, el OIC cautelarmente suspendió de sus funciones al titular de la Dirección de Obras del INE”, informó.
El Senado iniciará el próximo martes el desahogo del Plan B
El Senado iniciará el próximo martes próximo el desahogo del complemento del Plan B en materia electoral y que quedó pendiente desde el 15 de diciembre del año pasado.
Las Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos Segunda convocaron a sus integrantes a las cinco de la tarde del 22 de febrero.
Da juez trámite al primer amparo contra el Plan B
Un juez federal admitió ayer a trámite el primer amparo que impugna aspectos del Plan B en materia electoral, impulsado por el presidente López Obrador.
German Cruz Silva, juez Segundo de Distrito en Materia Administrativa, admitió una demanda que cuestiona la reforma a la Ley General de Comunicación Social (LGCS), publicada el pasado 27 de diciembre, por la cual estados y municipios sólo pueden dedicar 0.1 por ciento de su presupuesto anual al rubro de comunicación.
Si bien el juez admitió el amparo, se negó a conceder una suspensión provisional para frenar la aplicación de esta norma mientras se tramita el juicio. La AMMAC puede impugnar este fallo mediante queja ante un tribunal colegiado de circuito.
Texto: Staff / Agencia Reforma
