El castigo sería de hasta cinco años y “se le impondrá la misma pena privativa de libertad y multa a toda persona que auxilie e incite o sea testigo en la comisión del delito”, agrega la propuesta de la diputada Eufrosina Cruz, indígena zapoteca originaria de Oaxaca
Ciudad de México, 7 de abril de 2022. A fin de detener el matrimonio infantil, el PRI en la Cámara de Diputados propuso reformas al Código Penal Federal para tipificar esta conducta y sancionarla con prisión de dos a cinco años.
La propuesta plantea incluir un nuevo capítulo llamado “Del Matrimonio Forzado de Menores”, donde, además de la cárcel se considere multa de 200 a 500 Unidades de Medida y Actualización (UMA).
“Se le impondrá la misma pena privativa de libertad y multa a toda persona que auxilie e incite o sea testigo en la comisión del delito”, se agrega a la propuesta firmada por la diputada Eufrosina Cruz, de un nuevo artículo 209 Quáter.
La reforma sanciona a los padres de familia que obliguen a las menores al casamiento y que incluso las vendan para obtener beneficios materiales a cambio.
En su texto, la legisladora explica que la iniciativa busca visibilizar y hacer frente a la problemática que representa el matrimonio forzado de los menores, niñas y adolescentes, debido a que en diversas ocasiones aquellos que ejerzan sobre ellos la patria potestad, tutela y guarda y custodia, trasgreden de manera negativa sus derechos humanos.
En el artículo 209 Quinquies se propone precisar que comete el delito de matrimonio forzado de menores toda persona que, mediante el uso de la fuerza física, engaño, privación de libertad u otra conducta ilícita o amenazas de actuar de ese modo, obligue a una menor a contraer matrimonio.
También se señala como responsable a toda persona que abuse de una situación de necesidad o vulnerabilidad de la víctima, y la entrega de pagos o beneficios para lograr el consentimiento de la menor.
La diputada Cruz, indígena zapoteca originaria de Oaxaca menciona que la ONU Mujeres determinó que los matrimonios infantiles y las uniones tempranas y forzadas representan una violación de los derechos humanos.
Texto: Claudia Salazar y Martha Martínez / Agencia Reforma
