Chilpancingo, Guerrero, a 1 de noviembre de 2024.- El Grupo Parlamentario del PRI llamó a los tres niveles de gobierno a garantizar la seguridad en Guerrero ante los hechos de violencia en la Costa Grande y la renuncia de autoridades locales en Costa Chica.
En conferencia de prensa, el coordinador del Grupo Parlamentario, Alejandro Bravo Abarca, declaró: “Son verdaderamente lamentables los hechos que se han venido dando ya durante tanto días en esa parte de la Costa Grande, pero también en otras partes del estado. El llamado que nosotros hacemos de manera puntual a todas las autoridades responsables de garantizar la seguridad de los guerrerenses es que hagan bien su trabajo y que puedan sus acciones traducirse en una verdadera tranquilidad para que podamos vivir tranquilos”.
Aseguró que tras los enfrentamientos en Tecpan de Galeana, Atoyac de Álvarez y bloqueos en Coyuca de Benítez, se vive una percepción de inseguridad y que la población de los tres municipios está perturbada.
“Yo que soy de la Costa Grande me consta que hay una gran percepción de inseguridad en los tres municipios que se han visto afectados, en verdad que se encuentran perturbados”.
Cuestionado específicamente sobre las licencias que solicitaron al Congreso el alcalde de Cuajinicuilapa, Hidelberto Salinas Mariche, y la síndica Estephani Olivia Zárate, después de varios hechos violentos, el líder priista lamentó el caso y reiteró el llamado a las autoridades a realizar acciones que garanticen a la población vivir en paz.
Agregó que las acciones de seguridad de los tres órdenes de gobierno deben dar resultados para que haya tranquilidad para toda la población.
En la conferencia también reiteraron su exigencia al gobierno del estado para que pague las prerrogativas atrasadas de septiembre y octubre al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) para que este pueda entregárselas a los partidos.
El representante del PRI ante el IEPC, Manuel Saavedra Chávez explicó al PRI les adeudan un monto de alrededor de un millón 800 pesos mensuales, y en términos generales, con los demás partidos hay un adeudo de 15 millones.
También los diputados priistas fijaron una postura en contra de la reforma de supremacía constitucional, por la que dijeron es un táctica de Morena para “proteger y blindar” la reforma al Poder Judicial.
Texto: José Miguel Sánchez / Foto: Jesús Eduardo Guerrero
