El proyecto indica que una red social es una forma de comunicación escrita válida para enviar mensajes a las autoridades, aunque sujeto a ciertas condiciones
Ciudad de México, 24 de enero de 2023. La Suprema Corte de Justicia discutirá este miércoles un proyecto que, por primera vez, aclara que los ciudadanos pueden usar la red social Twitter para ejercer su derecho humano de petición a las autoridades.
El ministro Jorge Pardo propuso a la Primera Sala de la Corte amparar a un residente de Guadalajara, para que el Ayuntamiento le responda tres peticiones que envió vía Twitter, en uso del derecho previsto en el artículo Octavo de la Constitución.
El proyecto -que fue revisado inicialmente por la Sala hace dos semanas-, indica que una red social es una forma de comunicación escrita válida para enviar mensajes a las autoridades, aunque sujeto a ciertas condiciones.
“Si una autoridad habilita una vía electrónica -una red social inclusive-, a partir de la cual es posible recibir y responder solicitudes de información, denuncias o cualquier tipo de planteamientos, nada, en principio, debería impedirle atender aquellas peticiones que fueren de su conocimiento por dicha vía”, explica el proyecto.
Según Pardo, las autoridades no están obligadas a tener una cuenta en Twitter u otra red social, pero una vez que empiezan a utilizarlas, les deben dar el mismo peso que a otras formas de interacción por escrito con los ciudadanos.
En el caso del Ayuntamiento de Guadalajara, se enfatiza que con frecuencia responde a peticiones ciudadanas que llegan por Twitter, ya sea mediante dicha red social, o en privado a los solicitantes.
“Lo que no es posible aceptar es que, si una autoridad habilita una vía para interactuar con la ciudadanía y que permite la captación de peticiones, éstas no se respondan o sólo se respondan de forma discriminada unas peticiones y no otras”, señala el proyecto.
“En todo caso, si después de una tendencia de respuesta a peticiones a partir de una herramienta tecnológica, la autoridad ya no se desea o puede usar una plataforma para dichos fines, tal actuar regresivo, tendría que ser debidamente justificado desde una perspectiva Constitucional”, agrega.
El amparo, que solo requiere el voto de tres de los cinco ministros de la Sala, sería otorgado a Joaquín Rivera Espinosa, que en febrero de 2021 envió al ayuntamiento tres mensajes por Twitter.
El primero fue para pedir información sobre el presupuesto para reparar un paso a desnivel; el segundo, para imponer sanciones a personas que apartan lugares de estacionamiento en la calle Pedro Moreno, y el tercero, para pavimentar con concreto hidráulico una parte de la Avenida Cruz del Sur.
El derecho de petición solo obliga al Ayuntamiento a responder, de manera clara y respetuosa, sin que necesariamente tenga que aceptar lo que está solicitando el ciudadano.
De ser otorgado, el amparo no obligaría directamente a otras autoridades del País a habilitar cuentas en redes sociales, ni a contestar peticiones vía Twitter, sino que el precedente de la Corte solo sería obligatorio para jueces que conozcan de amparos similares al de Rivera Espinosa.
Texto: Víctor Fuentes / Agencia Reforma / Foto: Archivo
