Antes, daba miedo caminar por las calles y ser abordado por pandilleros, sin embargo, desde que se decretó el estado de excepción, se teme ser detenido por tener tatuajes y no poder defenderse legalmente, relata joven
El Salvador, 27 de marzo de 2023. Oscar Rosales asegura ya no tener miedo de transitar las calles de El Salvador y ser abordado por pandilleros. Está feliz de que estén surgiendo pequeños negocios sin que tengan que pagar “piso”, y que la gente pueda recuperar algunos de los espacios públicos que antes controlaban los grupos criminales.
Sin embargo, a pesar de la aparente seguridad, describe, desde que el Gobierno de Nayib Bukele decretó el régimen de excepción para detener a pandilleros, hace un año, se percibe un ambiente hostil. El temor de Rosales ahora ya no es ser abordado por los de la Mara Salvatrucha o la 18 -dos de las principales bandas que operan en el país-, sino que militares y policías se lo lleven detenido bajo cargos, sin pruebas, de supuestas asociaciones ilícitas.
“(Antes) por mis tatuajes yo tenía miedo de que los pandilleros atentaran contra mí. Ahora, los papeles cambian, porque aunque yo no deba nada, a veces me pongo a pensar que un policía, que un militar me revise, y por mis tatuajes me quieran implicar en algo, aunque yo esté limpio.
“El miedo de bastantes jóvenes ya no son los pandilleros sino que es el que los agarren por el régimen de excepción”, apunta a Reforma Rosales, de 26 años y residente de Lourdes, cantón del departamento La Libertad.
En respuesta a una ola de homicidios presuntamente cometidos por pandillas que en tres días dejó 87 muertos, en su mayoría civiles, el Gobierno de Bukele declaró la guerra contra estas bandas y decretó el 27 de marzo pasado un régimen de excepción que suspendió por 30 días los derechos constitucionales, incluidos los derechos de asociación y reunión, de privación de las comunicaciones y a ser informados sobre el motivo de una detención.
Desde entonces, la medida, que permite detenciones exprés sin investigación, ha sido renovada cada mes por el oficialismo en la Asamblea Legislativa.
Grupos de derechos humanos, incluidos Cristosal y Human Rights Watch, han denunciado, sin embargo, una serie de arbitrariedades y violaciones a los derechos humanos bajo el estado de excepción, incluidas detenciones de personas inocentes, entre las que se cuentan las de cientos de menores de edad, la omisión del derecho a defensa, audiencias masivas, desapariciones forzadas y malos tratos y torturas.
La mayoría de las detenciones se han realizado por denuncias anónimas vía telefónica o por redes sociales. Sin hacer mayores indagaciones, la Policía o los soldados se llevan a las personas por supuestamente estar implicadas con los grupos criminales.
Bajo el poder que les ha otorgado la medida, autoridades han reconocido a los efectivos como los “jueces de la calle” al señalar que tienen “criterio para detener personas”, según explican a Reforma los periodistas salvadoreños Jacqueline Ponce y David Pérez, de la Revista Elementos.
“En las comunidades, en los territorios, el papel que la pandilla desempeñaba y que ha quedado vacío ahora en cierta forma lo están jugando los policías y los soldados, porque ahora si a un policía o a un soldado se le antoja detenerla a usted con o sin causa justificada, simplemente se la llevan, y usted va a parar a un penal sin tener derecho a un debido proceso”, apunta Pérez.
“Es una psicosis bien complicada, a nivel emocional también. Uno ve soldados y no es que se vaya a sentir seguro, de hecho a veces hasta da un poco más de miedo cuando ellos están cerca”, señala Ponce por su parte.
De acuerdo con cifras difundidas por el Gobierno salvadoreño en redes sociales, bajo la medida se han realizado más de 65 mil arrestos de supuestos pandilleros o colaboradores, lo que a su vez ha generado un sobre hacinamiento en los centros carcelarios.
La mayoría de las detenciones, de acuerdo con reportes de Elementos o el portal El Faro, han sido de hombres con tatuajes, que las autoridades han vinculado con las pandillas, pero también de mujeres, ancianos y menores de edad. Además, indica Ponce, se han realizado más en sectores pobres rurales o populares, no así en sectores más acomodados, lo que ha dado lugar a denuncias de que bajo esta medida se está criminalizando a la pobreza.
Por otro lado, el régimen ha propiciado redes de corrupción: las bandas ya no son las que cobran piso, sino que, según denuncias, son las autoridades quienes cobran ciertos montos para permitir visitas familiares.
Un reciente reporte de Infobae señala que custodios y administrativos han establecido un sistema de cuotas de mil 500 dólares por permitir visitas de dos horas a los reos. Tienen otras tarifas para permitir beneficios adicionales, incluyendo el cambiarlos a celdas menos hacinadas, un lujo que no pueden darse todas las familias.
Otros testimonios aseguran que policías y soldados reciben gratificaciones por cada detención de presuntos pandilleros que realizan, una operación que, de confirmarse, recuerda a los “Falsos positivos en Colombia”, cuando bajo el uribismo, militares mataron a miles de civiles que fueron presentados como guerrilleros, y a cambio recibieron gratificaciones.
Una madrugada lluviosa del 23 de mayo pasado, la familia Sandoval se dirigía, como cada mañana, a trabajar en el campo en el Municipio de Tacuba, Departamento de Ahuachapán, una zona rural al occidente del país. Sin embargo, en el camino, padre, hijos y nietos fueron abordados por militares, que los acusaron, sin pruebas, de asociaciones ilícitas.
Seis miembros de dicha familia -incluida una mujer, defensora de los derechos de la niñez y un adulto de la tercera edad– fueron llevados a prisión ese día, según relata a Reforma Alejandra, una persona allegada a la familia quien prefirió ocultar su verdadera identidad por motivos de seguridad. Dos miembros más fueron detenidos días después.
“Los policías y los soldados del cantón bien sabían que todos eran inocentes, y solamente lo hicieron por hacer un grupo grande (de detenidos), porque el señor Presidente y los encargados de las delegaciones de los puestos policiales les exigían agarrar bastantes, y por cada uno que agarraran les daban 35 dólares (…) Si entregaban seis, les daban tres días de licencia y 35 dólares por cada cabeza”, afirma la mujer.
Han pasado 11 meses y Alejandra no ha vuelto a ver a ninguno de los seis integrantes de la familia Sandoval. Como miles de personas en el país con allegados que han sido encarcelados, se desconoce su estado físico y de salud, incluso si aún viven. Señala que quien le preocupa más es el adulto mayor.
Una persona cercana que recientemente salió de prisión, le dijo que llegó a ver al señor cuando ingresó al penal y que estuvo 10 días tirado en el suelo en la celda hacinada. Le contó cómo su hijo mayor y sus nietos se quitaron el bóxer en turnos de dos horas para darle aire. Después de dos meses, los separaron, y al señor lo mandaron a una zona donde estaban las personas de la tercera edad.
“Lo último que supimos por las redes sociales fue una foto diciendo que estaba muerto. Lo fueron a buscar a Medicina Legal a la Fiscalía, a las delegaciones, y todos dijeron que no, que era una falsa alarma (…) Lo único que dicen es que ahí está, (pero) no sé sabe si está sólo en el sistema o de verdad está vivo”, sostiene la mujer.
Según cifras de organizaciones, se estima que 122 personas han muerto bajo custodia desde que se estableció el régimen de excepción. Otras cifras estiman un aproximado de 400 fallecidos solo por enfermedades que no fueron atendidas en centros penitenciarios.
“Luego hay otra que creemos es una cifra negra muy grande de personas enterradas en fosas comunes sin que sus familias sepan”, apunta Pérez.
El Gobierno, sin embargo, presume que gracias a la medida el crimen ha disminuido en El Salvador.
Cifras difundidas igualmente en redes sociales dan cuenta de solo 495 homicidios en 2022, a diferencia de los 6 mil 656 registrados en 2015, cuando El Salvador era uno de los países más violentos del mundo. Pérez afirma, no obstante, que al solicitar información detallada sobre esas cifras, no reciben respuesta.
Los niveles de aprobación de Bukele, quien en 2019 asumió como el Presidente más joven de la región con 38 años de edad, son de más del 90 por ciento, según varias encuestas. Esa imagen no es gratuita, afirma Pérez. El Mandatario ha sabido aprovechar sus habilidades de publicista para saber exactamente qué mensaje mandar a la población, una población cansada de la violencia de pandillas.
Ante las diversas denuncias de violaciones a los derechos humanos y arbitrariedades en todo el proceso, Bukele acusa a sus críticos y a las organizaciones defensoras de los derechos humanos de estar del lado de los pandilleros, un mensaje que le sirve bien de cara a los comicios presidenciales del próximo año.
“El Gobierno ha sabido aprovechar toda esta imagen de violencia, de todo lo que se le provocó a la población, todo el daño que se le hizo la población para agarrarlo como bandera electoral”, enfatiza Ponce.
Texto: Agencia Reforma / Foto: Especial
