Chilpancingo, Guerrero, a 24 de junio de 2024.- El abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Vidulfo Rosales Sierra denunció que incluso el Poder Judicial se doblega ante las presiones del Ejército, porque todos los militares investigados por la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa enfrentan los procesos en libertad.
Se le consultó sobre la libertad condicional el sargento Santiago Muñoz Pilo el jueves pasado, a 39 días de haber sido detenido en el Campo Militar Número 1 por su presunta implicación en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. El caso destacó como el de menor tiempo en prisión preventiva de los agentes implicados en los crímenes del 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala.
Vía telefónica Rosales Sierra aseguró que hay elementos para tener a los militares acusados en prisión preventiva, pero el Poder Judicial también se doblega, “(y) todos los militares enfrentan sus procesos en libertad”.
Mencionó que todos los militares procesados son parte de la nueva investigación que encabezó el ex fiscal Omar Gómez Trejo, al frente de la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el Caso Ayotzinapa, quien renunció en 2022 por presiones y salió del país por razones de seguridad.
Incluso destacó que con esa nueva investigación se volvió a ejercitar acción penal a unas 40 personas, alrededor de 70 por ciento de quienes obtuvieron la libertad por un amparo que otorgó un juez de Reynosa, Tamaulipas, debido a las graves irregularidades y violaciones a derechos humanos señaladas en la investigación del sexenio de Enrique Peña Nieto.
Antes Rosales Sierra señaló que López Obrador incumplió su promesa de esclarecer los crímenes del 26 y 27 de septiembre, sucumbió a la presión del Ejército, pero responsabiliza a defensores y organismos internacionales de su fracaso.
Ayer adelantó que independientemente de la reunión que tendrá el presidente Andrés Manuel López Obrador con los padres y madres de los estudiantes desaparecidos, van a tratar de dialogar cuando sea prudente con la presidenta electa, Claudia Sheinbaum.
“Entendemos que con el presidente estamos muy confrontados, hay mucha tensión y polarización con los padres que acompañamos, veremos si posteriormente con el gobierno que viene hay trato diferente por el bien de la investigación”, adelantó.
La semana pasada, López Obrador también dijo que la próxima administración continuará la investigación de la desaparición de los normalistas, y mantuvo su posición de proteger al Ejército.
Rosales confirmó que el presidente falló en su compromiso de esclarecer el caso Ayotzinapa, y que es un deber de la siguiente administración continuar la investigación hasta su total esclarecimiento.
Ante la falta de voluntad que mostró, de hacer una investigación exhaustiva hacia el Ejército, expuso que dejará la duda de hasta dónde se habría podido avanzar si se hubiera investigado a los militares.
También dijo que el presidente asegura que la sentencia de Reynosa Tamaulipas fue promovida por las organizaciones que acompañan a los padres de los estudiantes, cuando fue resultado de un amparo que solicitaron los inculpados, y llevó a la liberación de 70 personas detenidas en el caso.
A su vez expuso que los organismos coadyuvantes de la investigación pusieron obstáculos en la detención del ex fiscal general Jesús Murillo Karam, y que hay un entramado internacional que quiere afectar al Ejército, “que nosotros somos antimilitaristas”.
Recordó que el amparo del primer Tribunal Colegiado de Reynosa resuelto a finales del sexenio de Peña Nieto y la entrada del de López Obrador, confirmó que la investigación que realizó la FGR del caso Ayotzinapa había sido desaseada, que 90 por ciento de las pruebas sustentadas se obtuvieron de manera ilícita, como consecuencia ordenó crear la comisión para una investigación pronta imparcial e independiente, y la reparación del daño a los padres de las víctimas.
Aclaró que las organizaciones reconocieron esa sentencia porque era la primera vez que el Poder Judicial estaba diciendo que la investigación de la verdad histórica no tenía sustento.
Lo mismo que habían estado señalando las madres y padres de los 43 desaparecidos y sus representantes desde 2014.
“La verdad histórica pretendía cerrar el caso diciendo, los mataron, los cremaron, no hay nada que investigar”.
Aclaró que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), el Alto Comisionado de la ONU también lo señalaron, “fue sumamente relevante que un tribunal del Poder Judicial de país señalara que tal verdad histórica era una falacia”.
De ese amparo destacó que en ese modelo se inspiró la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa que creó López Obrador al comenzar su gobierno.
Lamentó que en la historia del país, “el Ejército siga siendo una institución opaca, con poderes metaconstitucionales, que no está sujeta a ningún control legal, que no le rinde cuentas a nadie, que no tiene contrapesos, si comete violaciones no hay poder en el país que lo llame a enfrentar los agravios que cometió”.
Ratificó que, cuando la investigación llegaron al punto de impulsar las líneas hacia el Ejército, ya no hubo forma de continuar, “y ahí nos encontramos”.
Texto: Lourdes Chávez / Foto: Jesús Eduardo Guerrero / Archivo
