Ocho organizaciones envían un informe a la relatora de la ONU en la materia a la que piden una declaración pública sobre la violencia contra las mujeres y la militarización de la seguridad
Chilpancingo, Guerrero, 1 de julio de 2020. Desde que comenzó el distanciamiento social por la pandemia, el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, documentó 30 hechos de violencia física, abuso sexual, feminicidios y desapariciones, de los cuales 13 están relacionados con violencia intrafamiliar.
Denunció que por feminicidios, secuestro o desaparición, sólo en diez casos se pudo interponer una denuncia penal, porque en la Montaña solo hay una agencia especializada en casos de violencia contra la mujer que tiene una sola persona en guardia rotativa, y así, casi no puede dar seguimiento. De los casos de violencia familiar, en ninguno se tuvo acceso a medidas de protección para las víctimas.
En un informe elaborado por ocho organismos de derechos humanos para la relatora especial de las Naciones Unidas sobre violencia contra la mujer, Dubravka Šimonovic, se advierte que a pesar de que esa violencia escala con el tiempo, ninguna autoridad municipal o estatal se ha manifestado al respecto.
El informe es una respuesta a la convocatoria de la relatora para recibir información sobre el incremento de la violencia de género en el mundo en el contexto de la pandemia del Covid-19.
Las asociaciones civiles solicitaron a la representante de la ONU un pronunciamiento público sobre la crisis de violencia contra las mujeres en México, acentuada por la pandemia, y especialmente por el impacto que ha tenido la militarización de la seguridad pública sobre la vida de las mujeres.
Asimismo, piden que incluya un un apartado sobre los desafíos específicos que enfrentan las mujeres en contextos de militarización, dentro del informe de violencia doméstica y Covid-19, en la relatoría que prevé presentar en la próxima Asamblea General de las Naciones Unidas.
A mayor militarización, más agresión letal contra mujeres
En el informe se subraya que con las fuerzas armadas en tareas de seguridad, las mujeres padecen más homicidios en el espacio público que en el privado, y al mismo tiempo, la violencia letal en vivienda también aumentó, pero ahora involucra más armas de fuego.
Con el análisis de Data Cívica, se detalla que desde 2006 en que inició la llamada guerra contra las drogas, la violencia para hombres y mujeres creció de manera sostenida.
A partir de los los registros de mortalidad del Inegi, indica que la profundización de la militarización del país en 2009 cambió de manera acelerada los patrones también estructurales de la violencia patriarcal. Este año coincide con un cambio notable en las agresiones letales contra las mujeres: “Antes, la mayoría de las mujeres eran asesinadas en casa. A partir de entonces, la mayoría fueron privadas de sus vidas en la vía pública, afectando sobre todo a las jóvenes”.
Como evidencia, señala la variación en la relación que existe entre la tasa municipal de homicidios de mujeres y la tasa de homicidios con arma de fuego. Entre 2000 y 2007, era de 39 por ciento; y de 2008 a 2017, la correlación aumenta hasta 65 por ciento.
Sobre la violencia en los hogares, indicaron que las mujeres con menos ingresos son más propensas a sufrirla en sus matrimonios.
Centros de apoyo, sin presupuesto
También señala que las autoridades estatales se han visto rebasadas ante las medidas de confinamiento de la emergencia sanitaria, que profundizaron el rezago que ya existía.
Aunque el Congreso local aprobó un exhorto unánime a la Fiscalía General del Estado (FGE) para agilizar los procesos de investigación de casos de violencia contra las mujeres, especialmente en la contingencia sanitaria, no se ha atendido ni se han impulsado acciones para corregir el problema.
Mientras, los casos de violencia de género en los ámbitos estatal y federal aumentaron en los primeros cinco meses del año, con mil 195 casos de violencia familiar y 126 de violencia de género, en cualquier otra modalidad.
Además, señaló que los espacios que daban atención a las víctimas de violencia no tienen presupuesto. Un ejemplo es la Ciudad de las Mujeres, en Tlapa, creada por la extinta Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) en 2015, que está sin recursos propios, “por lo que generalmente no opera”.
Añadió que este año se terminó la construcción de una nueva Casa de la Mujer Indígena y Afromexicana (Cami), en Ayutla, pero con el decreto presidencial de austeridad, ya no tiene recursos para operar. En la misma circunstancia está el Centro Comunitario y Albergue para Mujeres y Niñas Indígenas, una medida de reparación impulsada para el caso de Inés Fernández Ortega, en el marco del Sistema Interamericano de Derechos Hu-manos, que tampoco ha podido operar.
Las asociaciones civiles criticaron que el Estado mexicano sigue reduciendo el presupuesto a programas para atender y combatir la violencia patriarcal, mientras profundiza la militarización de la seguridad pública.
Con una tercera petición, urgieron que se dirija una misiva al Estado, exhortándolo a que adopte las medidas necesarias para revertir el impacto de la militarización sobre la vida de las mujeres, particularmente, en relación con el control efectivo de armas y que se retire a las fuerzas armadas de la seguridad pública.
Asimismo, que garantice el incremento progresivo de los presupuestos para la igualdad y se focalicen en programas dirigidos a la reducción de la desigualdad entre hombres y mujeres, la no discriminación, prevención y atención de la violencia basada en género.
También que las Camis se incluyan en la lista de programas prioritarios, y se adopten medidas para que los estados cuenten con fiscalías especializadas en la atención a mujeres supervivientes de violencia familiar y sexual, incluyendo medicina forense y clínica; atención psicológica y social, así como medidas de protección e investigación; y que trabajen 24 horas al día los 365 días del año.
También que se atiendan las alertas de género y de agravio comparado declaradas en el país. Guerrero tiene las dos.
Piden que se condene la estigmatización y hostigamiento de defensoras de derechos humanos y periodistas, y se garantice un fideicomiso para su protección.
Firman Tlachinollan, el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, Data Cívica, Gobernanza MX, Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Hu-manos, Red Nacional de Defensoras de México, Red Solidaria de Derechos Humanos y Unidad de Atención Sicológica, Sexológica y Educativa para el Crecimiento Personal AC.
Texto: Lourdes Chávez
