Seis meses después de que se revelara el hackeo a la Sedena, el gobierno de AMLO planteó que cualquier persona ajena a las Fuerzas Armadas pudo haber alterado los formatos de informes militares debido a que quedaron “expuestos”. Estos papeles “no están signados, firmados, ni avalados por alguna autoridad competente”, por lo que carecen de validez legal, señala en un comunicado. Todo el esfuerzo de inteligencia se dirige a combatir la delincuencia organizada, reitera
Ciudad de México, 24 de marzo de 2023. Seis meses después de que se revelara el hackeo a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), el Gobierno federal aseguró que los documentos filtrados –y publicados– carecen de legalidad y pudieron ser alterados.
Como los formatos de informes militares quedaron “expuestos”, argumentó el gobierno en un posicionamiento, cualquier persona pudo alterar los documentos o fabricarlos con la finalidad de afectar la imagen de la dependencia.
En el posicionamiento titulado “Acciones de inteligencia, orientadas a atender amenazas y riesgos a la seguridad nacional”, indicó que “algunos” documentos hackeados a la Sedena -relacionados con presunto espionaje- no se consideran oficiales.
Argumentó que hay documentos hackeados que no están firmados ni avalados por alguna autoridad y que, por esa razón, informes militares quedaron expuestos y “cualquier persona” ajena a la dependencia pudo alterar informes para afectar a la institución castrense.
“Es importante mencionar que no se consideran oficiales algunos documentos que diversos medios de comunicación han dado a conocer, relacionándolos con el ciberataque sufrido a los servidores de la Sedena, específicamente al correo institucional, mismo que contiene información de carácter público y no es de clasificación confidencial”, señala.
“Dichos documentos no están signados, firmados, ni avalados por alguna autoridad competente. Lo anterior hace evidente que, con motivo de dicho ciberataque, ciertos formatos de informes militares quedaron expuestos a la luz pública, por lo que cualquier persona ajena al instituto armado podría elaborar documentos que involucren a las Fuerzas Armadas con objeto de afectar su imagen institucional”.
Dichas publicaciones, agregó el gobierno luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador instruyó fijar un posicionamiento, “carecen de validez legal”.
Como ha insistido el presidente López Obrador, el Gobierno de la 4T aseguró que no hace espionaje y que las instituciones correspondientes intervienen comunicaciones privadas previa autorización de un juez.
Aseguró que las instancias de seguridad nacional, entre ellas la Sedena, trabajan en la recolección, procesamiento, diseminación y explotación de la información para generar inteligencia, pero dichos procedimientos, sostuvo, “de ninguna manera” están dirigidos a conocer el entorno privado de actores políticos, sociales o mediáticos.
“Únicamente se realizan con el fin de coadyuvar a la procuración de justicia; sin embargo, han existido casos en que, de la información recabada por este tipo de actividades, algunas personas se han visto relacionadas con organizaciones delictivas”, añadió.
“Todo el esfuerzo de inteligencia se dirige a combatir la delincuencia organizada y narcotráfico; solo han sido detenidas personas que están relacionadas con estos delitos. Las instancias de seguridad nacional están impedidas legalmente para realizar este tipo de actividades sin la orden de un juez”.
“No se ha detenido a ningún actor político, social o persona perteneciente a una organización de derechos humanos”, señala
Luego de que se ventiló que la Sedena habría espiado al activista de derechos humanos de Tamaulipas, Raymundo Ramos, recalcó que ningún actor político o activista que no esté relacionado por criminales, ha sido detenido por las fuerzas federales.
“Todo el esfuerzo de inteligencia del Estado mexicano se dirige a combatir a la delincuencia organizada y narcotráfico, por lo que no se ha detenido a ningún actor político, social, persona perteneciente a una organización de derechos humanos, activista u otra persona que no esté relacionada con las organizaciones de la delincuencia organizada”, destaca el comunicado.
“Con el desarrollo de productos de inteligencia ha sido posible llevar a cabo la detención de otros blancos generadores de violencia, así como el aseguramiento de enervantes y armamento”.
El posicionamiento oficial no aclara si la Sedena adquirió, o ha usado, el programa espía Pegasus, y tampoco confirma o rechaza la existencia del Centro Militar de Inteligencia, que habría hecho espionaje, según documentos hackeados.
El interlocutor del activista Raymundo Ramos era un narcotraficante, afirma AMLO
En el caso particular de Raymundo Ramos, el presidente Andrés Manuel López Obrador justificó la grabación de una conversación telefónica, con el argumento de que el interlocutor del activista era un narcotraficante.
“Ese ciudadano, de derechos humanos de Nuevo Laredo, estaba hablando a un teléfono de un presunto narcotraficante y por eso, como ese presunto narcotraficante estaba siendo investigado, se obtuvo esa grabación. Esa es la información que a mí me han entregado”, indicó en la conferencia matutina.
Agencias internacionales vinculadas a Claudio X. González estarían detrás de Guacamaya, dice el presidente
López Obrador consideró que “agencias internacionales” vinculadas a conservadores estarían detrás del hackeo a los archivos de la Sedena.
En la conferencia mañanera, al ser cuestionado sobre el uso del programa Pegasus, el Mandatario cuestionó quién es Guacamaya Leaks y reprochó que se haya difundido información confidencial sobre su persona.
“¿Quién hackeó? Fue Guacamaya ¿No? Esa información que hackearon, donde aparece que yo tengo varios males, que estoy malo del corazón y que hipertenso y que tomo un coctel de pastillas y todo eso ¿Quién es Guacamaya? ¿Quién hace ese espionaje?”.
“¿Por qué no hacen una investigación ustedes sobre eso? Porque yo sospecho que son agencias internacionales vinculadas con el grupo conservador que encabeza Claudio X. González. Intuimos, pero qué nos vamos a meter, imagínense cuánto trabajo tenemos”.
López Obrador insistió en que su Gobierno no hace espionaje, sino labores de inteligencia, y puso como ejemplo que así se permitió alertar al Secretario de Seguridad Pública de la CDMX, Omar García Harfuch, antes de que sufriera un atentado del Cártel Jalisco Nueva Generación.
El Jefe del Ejecutivo insistió en que este trabajo de investigación lo hace el Centro Nacional de Inteligencia -que depende de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana- con autorización judicial.
El Ejecutivo negó de nuevo que el Gobierno federal opere el software de espionaje Pegasus, aunque reconoció que en México hay “sistemas equivalentes”.
Texto: Agencia Reforma
