13 julio,2020 4:41 am

Dos días de enfrentamientos entre la CRAC-PF y Paz y Justicia; intervienen policía, Ejército y GN

Según comunitarios de los Pueblos Fundadores, los civiles armados pretendían tomar Tula, municipio de Chilapa, y ellos los repelieron. Efectivos de las tres corporaciones detienen a algunos y les quitan armas, pero cuando iban de regreso más de 800 adeptos de ese grupo bloquean el paso y retienen durante ocho horas a los mandos y los obligan a liberar a los detenidos y a devolverles las armas, informó la misma fuente. Acude el secretario de Seguridad a negociar para rescatarlos

Chilpancingo, Guerrero, 13 de julio de 2020. Civiles armados del grupo Por la Paz y la Justicia y policías comunitarios de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC-PF) sostuvieron nuevos enfrentamientos desde el sábado y continuaron la mañana de ayer en la comunidad de Tula, municipio de Chilapa; los primeros pretendían tomar el pueblo y dispararon desde el panteón hacia las casas, y los segundos repelieron el ataque desde la comunidad.

Elementos de la Guardia Nacional, Ejército y Policía Estatal intervinieron la mañana de ayer. Sin embargo, según versiones de la CRAC-PF fueron sometidos por simpatizantes del grupo Por la Paz y la Justicia en el crucero del Jagüey en donde los obligaron a liberar a algunos detenidos y a devolverles el armamento que les habían recogido en el panteón de Tula donde por la mañana habían realizado una operación conjunta.

A su vez, pobladores de las 16 localidades que pertenecen a la CRAC-PF se concentraron en Xichotlán para presionar a los gobiernos federal y estatal a que replegaran a la gente de Por la Paz y la Justicia a quienes vinculan con el grupo delictivo Los Ardillos, y para evitar que sus rivales entraran a Tula.

Mediante un boletín, el gobierno del estado informó que una unidad aeromóvil sobrevoló el área, mientras que efectivos de los tres niveles de gobierno permanecieron dando vigilancia en el punto conocido como El Panteón. Aseguró que los reconocimientos aéreos “se han realizado en las comunidades de Colotepec y Tula”.

Por su parte el Consejo Indígena y Popular de Guerrero – Emiliano Zapata (CIPOG-EZ) denunció que los ataques amados a las comunidades que pertenecen a esta agrupación siguen ocurriendo a un año y dos meses del asesinato de los concejales, delegados y promotores del CIPOG-EZ y Congreso Nacional Indígena (CNI).

El coordinador de la CRAC-PC David Sánchez Luna, informó por teléfono que los civiles armados comenzaron los ataques a las casas de Tula desde las 5 y media de la tarde del sábado y que esa misma tarde entre 60 y 70 quisieron entrar a la comunidad pero que fueron repelidos por los policías comunitarios.

Contó que desde el sábado solicitaron el apoyo de los gobiernos federal y estatal pero que no tuvieron respuesta.

Incluso dijo que policías estatales que se mantenían en una patrulla en el crucero de Tula y la carretera Chilapa-Hueycantenango huyeron al escuchar los primeros disparos.

El sábado los disparos cesaron entre las 7 y media y 8 de la noche pero se reanudaron a las 7 y media de la mañana de ayer domingo.

Sánchez Luna informó que a las 10 de la mañana llegó la Guardia Nacional, el Ejército y la Policía Estatal y se desplegaron en el panteón de Tula desde donde estaban disparando hacia las casas los integrantes del grupo Por la Paz y la Justicia.

Informó que vieron cuando realizaron algunas detenciones y el desarme de los agresores, pero que la mayoría se replegó hacia la comunidad de Colotepec y que regresaron al mismo sitio a las 11 de la mañana cuando ya se habían retirado los de la Guardia Nacional, militares y policías estatales.

Agregó que a través de radios escucharon que el grupo rival amenazaba con entrar a Tula, mientras que pobladores que los apoyan se concentraron en el Crucero del Jagüey donde comenzaron a bloquear la carretera para impedir el paso de las fuerzas federales y estatales que bajaban con los detenidos y el armamento.

A su vez, la gente de las 16 comunidades que pertenecen al territorio de la CRAC-PF comenzó a concentrarse a partir de la una de la tarde en Xicotlán, para impedir que el grupo Por la Paz y la Justicia entrara a Tula que es una localidad del territorio comunitario.

La CRAC-PF exigía, asimismo, a los gobiernos federal y estatal que la Guardia Nacional, Ejército y Policía Estatal replegara a la gente de Por la Paz y la Justicia que se encontraba aún en el panteón de Tula, así como en la comunidad de Colotepec y en el crucero del Jagüey y amenazaban con entrar al territorio comunitario.

Sin embargo, entre 800 y mil pobladores que respaldan al grupo Por la Paz y la Justicia que bloqueaban en el crucero del Jagüey retuvieron desde las 11 del día al coordinador regional de la Policía estatal, capitán Constantino Velázquez y a mandos de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Guardia Nacional que regresaban de la zona.

En el lugar les arrebataron a los detenidos y los obligaron a devolver las armas decomisadas. Los mandos de la operación continuaron retenidos hasta por la tarde porque según los líderes hacía falta parte del armamento que les habían quitado.

La retención de los mandos obligó que se trasladara a la zona a las 5 y media de la tarde el secretario de Seguridad Pública estatal David Portillo Menchaca para negociar la liberación, misma que ocurrió aproximadamente a las 7 de la noche.

En un boletín de prensa emitido al medio día, el gobierno del estado informó que derivado de los reportes de enfrentamientos realizados por dos grupos de pobladores en la comunidad de Tula, la unidad aeromóvil de la Secretaría de Seguridad Pública “se mantiene sobrevolando el área, mientras que efectivos de los tres niveles de gobierno permanecen dando vigilancia”.

Informó que elementos de la Policía Estatal, Sedena y Guardia Nacional “mantienen la seguridad en el punto conocido como El Panteón” y agregó que “los reconocimientos aéreos se han realizado en las comunidades de Colotepec y Tula”.

Sostuvo: “Las autoridades de los tres niveles de gobierno permanecerán en la zona resguardando a los habitantes”.

El comunicado del CIPOG

En un comunicado el CIPOG-EZ reprochó que siga la violencia en contra de promotores y comunidades de esta organización a un año y dos meses del asesinato de los concejales, delegados y promotores, entre ellos José Lucio Bartolo Faustino, Modesto Verales Sebastián, Bartolo Hilario Morales, Isaías Xanteco Ahuejote, David Domingo Alonso, Marcelino Pedro Rojas, Juana Hernández Ambrosio y Alberta Matías Tendón.

Responsabilizó de esta violencia el grupo “narco-paramilitar Los Ardillos”.

Denunció que los nuevos ataques que comenzaron el sábado ocurrieron a escasos 2 kilómetros de la base permanente de la Guardia Nacional, “quienes escucharon las más de tres horas de balacera, sin hacer absolutamente nada”.

Dijo que afortunadamente no se perdió ninguna vida, “gracias a que nuestros compañeros promotores y la comunidad, como muchas otras de la región, se mantienen en resistencia y repelieron el ataque lo que permitió a la población huir y los narco-paramilitares ya no se internaron a la comunidad”.

Criticó que el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador se comprometió a llevar la paz en la zona, pero que se ha confirmado que de nada sirve la presencia de la Guardia Nacional

Exigió que “inmediatamente se garantice el derecho a la vida de nuestros pueblos, promotores e integrantes del CIPOG-EZ, exigimos el inmediato desmantelamiento del cuartel del grupo narco-paramilitar Los Ardillos, que opera frente a la comunidad de Tula desde hace ya un año”.

Asimismo, que a sus integrantes se les apliquen penas conforme al delito de delincuencia organizada. “Exigimos a los gobiernos federal, estatal y municipal dejar de ser cómplices por acción u omisión de esta barbarie en contra de nuestros pueblos”.

Pide el obispo al gobierno pacificar la zona

El obispo de la diócesis Chilpancingo-Chilapa Salvador Rangel Mendoza dijo que no tenía información sobre la tensión en la zona rural de Chilapa por el conflicto armado entre la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias de los Pueblos Fundadores y el grupo civil Paz y Justicia, pero pidió a los gobiernos del estado y al federal pacificar la zona.

Texto: Zacarías Cervantes y Luis Daniel Nava / Foto: El Sur