DE NORTE A SUR
Silber Meza
Ya son dos pinchis años desde que secuestraron a Ismael Zambada García, alias El Mayo. Se cumplen hoy, 25 de julio, y desde entonces todo cambió en Sinaloa. También cambiaron muchas cosas en México, entre ellas, desde mi perspectiva, el mayor conflicto diplomático entre México y Estados Unidos en el periodo que comprende el final del gobierno de Andrés Manuel López Obrador y el inicio de la administración de Claudia Sheinbaum Pardo. AMLO con Joe Biden; Claudia con Donald Trump.
Pero la verdadera desgracia no sucede en Palacio Nacional: ahí lo que ha pasado es que Estados Unidos los ha ignorado en algunas ocasiones y presionado en otras; la verdadera desgracia sucede en las calles de Sinaloa.
Ya son dos pinchis años desde que secuestraron a El Mayo. Ese hecho fue el preludio de la sinfonía del desastre: a partir del 9 de septiembre siguiente, en 2024, se desató la violencia y empezamos a contar por miles las desapariciones y las muertes. Además, un número indefinido –porque en buena medida el gobierno no los ha querido ver– de sinaloenses abandonaron sus casas por las balas que llueven en las ciudades y las sierras, en medio de una economía que no puede salir adelante. Ya son dos pinchis años desde que empezó la cuenta regresiva para que la gente se sienta afortunada por no perder su empleo, por no cerrar su negocio, por no tener que pedir un nuevo crédito; porque no le hayan matado o desaparecido a un hijo, si es que no le han matado o desaparecido a un hijo. Esa vida no se la merece nadie y, por supuesto, los sinaloenses tampoco.
Ya son dos pinchis años desde que se evidenció, una vez más, la podredumbre de la narcopolítica sinaloense, que no es muy distinta –tan sólo parte– de la narcopolítica mexicana.
Y hay que recordar ese día para no olvidarlo, porque parece que a los mexicanos es lo único que nos queda ante un modelo político de alta impunidad.
Hay que recordar que ya son dos pinchis años desde que, según la versión sin desmentir, El Mayo llegó a la finca Huertos del Pedregal, apenas en los límites del casco urbano de Culiacán, para reunirse con dos de Los Chapitos: Joaquín Guzmán López e Iván Archivaldo Guzmán Salazar, junto con el entonces gobernador en funciones, Rubén Rocha Moya, y el exlíder del Partido Sinaloense, Héctor Melesio Cuén Ojeda, también cacique de la Universidad Autónoma de Sinaloa y diputado federal electo por el PRI.
La reunión, según dijo El Mayo, era para distender el conflicto entre Rocha y Cuén, ambos de Badiraguato, ambos exrectores de la UAS, ambos políticos destacados. El choque había llegado al punto de lo irreconciliable, de las denuncias penales en contra de los grupos políticos cercanos a los dos personajes y, lo más duro de todo, al punto de las agresiones verbales, campañas negras, espionaje y denuncias en contra de los hijos de Rocha y de Cuén. En realidad llegaron al punto de no retorno.
Y como a El Mayo siempre le gustó jugar a la figura del padrino, aceptó reunirse con ellos para que se calmaran las cosas. Pero lo que sucedió allí fue todo lo contrario. Joaquín Guzmán López lo secuestró, lo subió a un avión particular para entregarlo a la DEA y desataron así una guerra absurda con víctimas que hoy se cuentan por miles.
Ya son dos pinchis años desde que, debido a ese día, la Fiscalía General de Justicia de Sinaloa –en los hechos controlada por el senador Enrique Inzunza–, ejecutó un montaje para mentirnos y hacernos creer que a Cuén no lo habían matado en el lugar donde secuestraron a El Mayo, sino que murió después de un disparo que recibió mientras cargaba combustible en una gasolinera del norte de la ciudad, justo cuando intentaban robarle el vehículo… Ajá. Ya son dos pinchis años desde que sucedió esa burla social que no ha tenido ningún tipo de consecuencias legales en contra de ningún funcionario que estableció el montaje. Y como usted debe saber, decirle montaje no es un término propio, es el que utilizó la Fiscalía General de la República cuando atrajo la investigación y revisó el caso.
Ya son dos pinchis años desde que cambió todo para los sinaloenses comunes y corrientes, pero nada cambió para las élites políticas corruptas que se han vinculado con el crimen organizado.
A lo más, el cambio que ha habido y que vino de fuera, fue la acusación de Estados Unidos en contra de Rocha Moya y de nueve funcionarios y exfuncionarios, pero con ese tema tampoco han sucedido grandes cosas: Rocha Moya sigue libre y con una gran influencia en el Ejecutivo estatal y en el Congreso del Estado, Inzunza no pide licencia como senador de la República y sigue cobrando el sueldo, además de mantener el control del Poder Judicial y de la Fiscalía de Sinaloa.
Ya son dos pinchis años desde que nos volvimos a dar cuenta de que Sinaloa es un narcoestado y que para el gobierno mexicano eso no representa un verdadero problema.
