Gaspard Estrada
La crisis de inseguridad que atraviesa Ecuador se ha mantenido como uno de los fenómenos políticos más determinantes del país en la última década. Lo que comenzó como un deterioro progresivo del orden público se ha transformado en una crisis estructural del Estado, marcada por el avance del crimen organizado, la pérdida de control territorial y una creciente sensación de vulnerabilidad social. La llegada al poder del presidente Daniel Noboa en 2023 no inauguró esta crisis, pero sí redefinió la respuesta institucional frente a ella.
El origen del problema es multifactorial. Ecuador pasó en pocos años de ser un país relativamente estable en materia de seguridad a convertirse en un punto estratégico del narcotráfico regional. Su ubicación geográfica, entre Colombia y Perú –los mayores productores de cocaína del mundo–, y su infraestructura portuaria lo convirtieron en un corredor clave para el tráfico hacia Estados Unidos y Europa. A esto se suma la debilidad institucional acumulada, la corrupción en fuerzas de seguridad y el deterioro del sistema penitenciario, convertido en un epicentro de violencia y control criminal.
En este contexto, el gobierno de Noboa optó por un giro hacia la lucha contra el crimen organizado de alta intensidad. La declaración de “conflicto armado interno” y la movilización de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública marcaron un cambio significativo en la doctrina estatal. La estrategia buscaba recuperar el control territorial y enviar una señal de autoridad frente a organizaciones criminales cada vez más audaces. En el corto plazo, esta política generó un impacto visible: mayor presencia estatal en zonas críticas y una percepción inicial de control.
Sin embargo, los resultados estructurales son más ambiguos. Si bien algunas operaciones han debilitado a grupos específicos, la lógica del crimen organizado –basada en redes flexibles y economías ilegales diversificadas– dificulta una solución exclusivamente militar. La violencia no ha desaparecido, sino que se ha reconfigurado geográficamente, desplazándose hacia nuevas áreas o adaptándose a la presión estatal.
El principal desafío del enfoque de Noboa es su sostenibilidad política e institucional. La militarización de la seguridad puede generar resultados inmediatos, pero también plantea riesgos a mediano plazo: desgaste de las fuerzas armadas, tensiones con el sistema judicial y posibles vulneraciones de derechos humanos. En un contexto democrático, la expansión del poder coercitivo del Estado requiere mecanismos de control que aún no están plenamente consolidados.
Desde el punto de vista político, la inseguridad ha redefinido completamente la agenda nacional. El debate público se ha desplazado desde temas económicos y sociales hacia la urgencia del orden y la seguridad, favoreciendo discursos de mano dura y reduciendo el espacio para propuestas más complejas o estructurales. Noboa ha capitalizado esta dinámica, construyendo su legitimidad en torno a la idea de eficacia inmediata, pero también quedó atrapado en una lógica donde los resultados deben ser constantes y visibles.
La crisis también tiene implicaciones regionales. Ecuador se ha convertido en un eslabón crítico en las redes criminales que operan en América Latina, lo que lo conecta directamente con dinámicas de violencia en Colombia, Perú y otros países. La respuesta del gobierno ha reforzado la cooperación internacional, especialmente con Estados Unidos, en materia de inteligencia y lucha contra el narcotráfico, pero también ha evidenciado la necesidad de estrategias regionales coordinadas que vayan más allá de la acción nacional.
En el plano económico, la inseguridad afecta directamente la inversión, el comercio y la vida cotidiana. Sectores productivos enfrentan mayores costos operativos y riesgos, mientras la población experimenta una reducción en su calidad de vida. La seguridad deja de ser un tema sectorial para convertirse en un factor estructural de desarrollo.
En definitiva, la crisis de inseguridad en Ecuador no es solo un problema de orden público, sino una manifestación de debilidades profundas del Estado y de su inserción en economías ilícitas globales. El gobierno de Daniel Noboa ha respondido con determinación y un enfoque claro, pero enfrenta el desafío de complementar la acción coercitiva con reformas institucionales, políticas sociales y estrategias económicas que aborden las causas del fenómeno.
El futuro de Ecuador dependerá de su capacidad para transformar una respuesta de emergencia en una política de Estado sostenible, capaz de recuperar el control sin comprometer el equilibrio democrático. Porque en un contexto donde la seguridad define la política, el riesgo no es solo perder territorio, sino también perder legitimidad.
* Miembro de la Unidad del Sur Global de la London School of Economics
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