Acapulco y Chilpancingo, Guerrero, a 21 de agosto de 2024.- La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) intentó criminalizar la guerrilla de Lucio Cabañas con el Plan Tecpan, que la relacionaba con los grupos dedicados al tráfico de enervantes en la región.
Bajo la premisa del combate al narcotráfico, el Ejército justificó su presencia permanente y realizó “acciones de vigilancia, hostigamiento y violencia que provocaron la perpetración de violaciones graves en contra de la población”, dice el Mecanismo de Esclarecimiento Histórico (MEH) de la Comisión de la Verdad, en el Volumen 2 de su informe final.
En 1976 se implementó en el estado la Operación Relámpago 1, instrumentada por el coordinador de la campaña permanente en contra del narcotráfico de aquel entonces y actual titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Alejandro Gertz Manero.
El MEH afirma que en la década de 1970, “la intensificación del combate al narcotráfico en el estado de Guerrero tuvo como consecuencia un aumento de las incursiones militares en la región, con el objetivo de destruir sembradíos de amapola y desarmar las poblaciones”.
“Al llegar a las comunidades, elementos del Ejército violentaron derechos humanos de hombres, mujeres, niñas, niños y adolescentes, a través de detenciones arbitrarias y actos de violencia sexual, entre otras”, señala la Parte 2 Violaciones graves a derechos humanos en contra de poblaciones que se opusieron a políticas públicas de desarrollo y afectadas por el control de la ilegalidad y el disciplinamiento social, del Volumen 2.
El informe de 568 páginas cita un testimonio anónimo de una mujer partera na’ savi de la sierra, de la zona mixteca alta, quien fue golpeada por soldados y da cuenta de que “en la década de 1980, el Ejército se trasladaba a la sierra de Guerrero en helicóptero y utilizaban los llanos para poner las casas de campaña. Los soldados se subían a los cerros a vigilar a la comunidad y buscar plantíos de amapola”.
Los herbicidas utilizados para acabar con los plantíos de amapolas, “dejaban la tierra estéril y acababan con el sustento de la comunidad, en términos de alimentación, pero también acabando con el único ingreso que tenían por la venta de la amapola”.
El MEH contextualiza el testimonio recabado en el Plan Tecpan de 1975 que fue llevado a cabo en la 27 Zona Militar en Atoyac, al oeste del río Tecpan. Según un informe del teniente coronel Fernández Solís, jefe de la cuarta sección de la Sedena, se localizaron plantíos de enervantes y algunos cultivos se extendían a más de 300 hectáreas y contaban con sistemas de riego por bombeo.
“La superficie de sembradíos de estupefacientes destruida en este estado es casi el triple de la que en el mismo periodo se ha detectado y destruido en el resto de la República”, afirma el informe de la Sedena.
“La razón es obvia, en este estado se llevaban a cabo actividades en contra de bandoleros que operaban al este de la región mariguanera. Estos envenenadores sociales durante más de una década operaron impunemente habiendo hecho una verdadera industria del narcotráfico”.
“Su producto era sacado del área por mar, tierra y aire y el pago de las drogas se realizaba con dinero y armas, las que eran revendidas a los gavilleros, quienes pagaban también con la distracción de tropas”.
Para el MEH, es evidente que el informe de la Sedena tiene “un sesgo tendiente a la criminalización del movimiento armado liderado por Lucio Cabañas, al intentar relacionarles con los grupos dedicados al tráfico de enervantes en la región. El informe no aporta pruebas, hechos o una investigación seria que valide lo expuesto”.
Al contrario, dice el mecanismo, “bajo la premisa del combate al narcotráfico, el Ejército justificó su presencia permanente en las localidades y rancherías, así como, la realización de acciones de vigilancia, hostigamiento y violencia que provocó la perpetración de violaciones graves en contra de la población”.
Agrega que los resultados del Plan Tecpan “fueron anunciados de manera vaga por la Sedena, lo que sugiere que el gobierno mexicano creó la idea de una narcoguerrilla como medio para deslegitimar las acciones de los grupos revolucionarios, en este caso, del Partido de los Pobres”.
El Plan Tecpan es uno de los tres planes a nivel nacional específicos para la lucha en contra de los enervantes que desarrolló la Sedena en colaboración con la Procuraduría General de la República (PGR), el otro es el Plan Canador de 1966, el cual excluyó a la 27 Zona Militar en Atoyac, la 5 Zona Militar de Chihuahua, Chihuahua y la 9 Zona Militar de Culiacán, Sinaloa.
El MEH anota que la versión oficial para excluir a estas tres zonas militares es porque tuvieron planes específicos debido a la incidencia en el cultivo y tráfico de enervantes.
“Sin embargo, otra razón para realizar planes específicos en estas tres entidades fue la presencia de organizaciones político-militares y la incorporación de estrategias de contrainsurgencia para combatirlas”.
El Plan Canador fue el nombre que le puso el gobierno mexicano a la Operación Cooperación, que fue presentada como una estrategia bilateral entre este país y Estados Unidos, que delineó y supervisó la operación. En 1975 fue anunciada una segunda fase de la cooperación bilateral con la campaña Trizo (Tri-zone), cuya tercera zona incluía Guerrero, Oaxaca y Morelos.
El tercer plan nacional fue el DN-PR-1 de 1975 se implementó precisamente en la 5 y la 9 Zona Militar, en las zonas serranas de Chihuahua y Sinaloa.
Además del Plan Tecpan, el Estado mexicano implementó en Guerrero en 1976 la Operación Relámpago 1 en contra de la producción de goma de opio ordenada por el procurador Pedro Ojeda Paullada, e instrumentada por el coordinador de la campaña permanente en contra del narcotráfico, Alejandro Gertz Manero, actual titular de la FGR. Se implementó el uso intensivo de herbicidas vía aérea.
En Guerrero también se implementaron la Operación Pantera de 1983 a 1988, la Operación Costera de 1983 a 1987 y la Operación Pacífico de 1984 a 1988.
El MEH considera que sus hallazgos de violaciones de derechos humanos en el marco de las operaciones antinarcóticos son la “punta del iceberg”, pero asevera que “la guerra que el Estado mexicano decretó contra el tráfico de estupefacientes, en realidad se trató de una guerra de baja intensidad que enfrentó a los cuerpos y poderes federales contra las autoridades locales, en la disputa por el control de las zonas de producción y las rutas de tráfico de drogas”.
“La violencia de Estado tenía como trasfondo no necesariamente una razón política, sino económica. El combate al tráfico de drogas emprendido por los gobiernos de Luis Echeverría Álvarez, José López Portillo y Miguel de la Madrid, fue una batalla del capital, en la que el Estado priista trató de controlar y administrar la producción y el tráfico de drogas hacia los Estados Unidos, estableciendo para ello una relación clientelar con los productores más poderosos”.
El MEH registra como parte de las violaciones de derechos humanos en operaciones antinarcóticos, la detención de cinco personas en la protesta de perredistas en Zihuatanejo el 27 de febrero de 1990, en el marco de la lucha postelectoral, pero que fueron acusadas de posesión de sustancias psicotrópicas y armas.
Sus nombres son Adolfo Jiménez, Nicolás Pérez Cortés, Ignacio Carbajal, Ángel Guillermo Martínez González y Daniel López Cortés.
Violaciones a los derechos humanos de militares y policías
Como parte de violaciones graves a derechos humanos a integrantes de las Fuerzas Armadas y policiales, el MEH documentó la muerte del teniente Irineo Gutiérrez Santana, quien oficialmente falleció por un accidente en el tramo Iguala-Mezcala, en la carretera federal México-Acapulco el 19 de febrero de 1975, pero su cuerpo tenía huellas de tortura.
En 1968, fue desaparecido un mes por negarse a entregar a los integrantes de un círculo de estudio clandestino de Chilpancingo y luego estuvo preso en el Campo Militar Uno un año y medio.
El policía municipal de Zirándaro, Emilio Romero Benítez fue desaparecido al salir de su vivienda de Atoyac el 3 de octubre de 1974, se le acusó de pertenecer a la guerrilla de Lucio Cabañas, al igual que Francisco Argüello Villegas, ex policía municipal desaparecido por el Ejército en Tecpan en el mismo año.
El Ejército también desapareció en 1976 a los agentes judiciales Raúl Benítez Bravo, Rogelio Maldonado Valencia y José Tumalán Gómez; mientras que el comandante de sección del LIX Cuerpo de Infantería de Defensas Rurales en Atoyac, Martiniano Llanes Martínez, fue víctima de desaparición forzada transitoria en 1974.
Exige la Afadem que se investigue la lista de “los vuelos de la muerte” de la guerra sucia
La Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Víctimas de Violaciones a los Derechos Humanos en México (Afadem) pidió a la Fiscalía General de la República (FGR) que investigue con exhaustividad y prontitud el contenido de la lista de los “vuelos de la muerte”, y que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) entregue toda la información en su poder acerca de las desapariciones forzadas durante la guerra sucia.
La Afadem surgió en 1978 como organismo no gubernamental. Su vicepresidenta es Tita Radilla Martínez, que ha luchado por la justicia para personas víctimas de desaparición forzada, a raíz de la desaparición de su padre en 1974 Rosendo Radilla Pacheco.
La organización recuerda en un comunicado publicado ayer que el 7 de agosto último fue dada a conocer una lista con información sobre la desaparición de sus familiares, que consideran importante y relevante para la historia reciente de México.
Es imprescindible, además, que las autoridades del Estado mexicano cuiden a las víctimas quienes reciben el impacto físico y emocional del debate público entorno a la suerte final de sus seres queridos.
Demandan que la FGR Investigue con exhaustividad y prontitud el contenido de la lista que fue entregada por un desertor del Ejército a la extinta Rosario Ibarra de Piedra en 2004.
Y que la Sedena colabore con la verdad y entregue toda la Información que obra en su poder con relación a las desapariciones forzadas cometidas durante la mal llamada guerra sucia.
Serían la medidas más efectivas para poner fin a la incertidumbre y zozobra que generan las informaciones relativas al posible destino final de nuestros familiares, indica.
Señala que de los 183 nombres mencionados en la lista de los detenidos, la mayoría corresponden a personas desaparecidas en Atoyac de Álvarez, Guerrero.
“Hemos corroborado que, al menos, 40 pertenecen a familiares de personas integrantes de Afadem”.
Y añade que desde que conocieron la lista, la aportaron formalmente a la investigación que realiza la FGR en el caso de la desaparición forzada de Rosendo Radilla Pacheco.
“Sin embargo, instamos a la FGR a que agregue la información a los demás expedientes abiertos en otros casos de Afadem y de la región, y en aquellos casos donde no haya denuncia, que se inicie de oficio la investigación respectiva con base a la información publicada en medios”.
Recordó que en los últimos 20 años, ha habido tres ejercicios importantes de recuperación de la memoria histórica sobre la represión política ocurrida en el pasado reciente de México, uno de ellos es el realizado por el Mecanismo de Esclarecimiento Histórico (MEH) y cuyo informe se presentó el pasado 16 de agosto.
El informe, considera la Afadem, contiene información muy valiosa que contribuye a traer luz sobre las graves violaciones a derechos humanos de las cuales fueron víctimas.
“Frente a este informe, ahora le corresponde al Estado aceptar sus recomendaciones y juntar las piezas del rompecabezas para identificar posibles responsables, estructuras militares que operaban y bajo qué planes lo hacían”.
En la recta final del gobierno de Andrés Manuel López Obrador y en el arranque del de Claudia Sheinbaum es fundamental que el Estado dé pasos contundentes hacia la verdad, la justicia y la reparación digna e integral de las víctimas, asienta.
El fin, agrega, es que las deudas históricas más sentidas sean saldadas.
“Fuimos nosotras y nosotros, los más pobres de este país, quienes sufrimos y seguimos sufriendo con mayor violencia la represión e indolencia del Estado”, finaliza el posicionamiento.
Texto: Ramón Gracida y Luis Daniel Nava / Foto: El Sur / Archivo
