“Independiente de nuestras creencias y y posiciones morales todos los funcionarios públicos tienen obligaciones”, señala la oficial Nira Cárdenas Oliva, en la presentación de un informe sobre la norma 46 que permite el aborto en casos de violación sin necesidad de que se haga denuncia en el MP.
Chilpancingo, Guerrero, 7 de noviembre de 2019. La oficial de Derechos Humanos de la ONUDH México, Nira Cárdenas Oliva, lamentó que en Guerrero, el 70 por ciento de los doctores de instituciones públicas se opone, por razones de conciencia, a intervenir en cirugías de interrupción del embarazo, y advirtió que independientemente de sus creencias, todos los funcionarios tienen obligaciones legales que deben de cumplir.
También denunció que pese a las intervenciones del organismo en la política pública en varios estados para garantizar los derechos de las mujeres, se sigue recibiendo información sobre niñas y adolescentes que además de ser víctimas de violencia, sufren más violencia institucional.
La comentarista de la presentación del estudio La regulación de los derechos sexuales y reproductivos en la legislación mexicana para conocer la aplicación de la norma 046 SSA2. Violencia familiar, sexual y contra las mujeres. Criterios de prevención y atención a los estados de Chiapas, Guerrero y Oaxaca, añadió que no es casualidad que la entidad fuera incluida en la iniciativa Spotligth México, orientada a eliminar todas las formas de violencia a niñas y mujeres.
La actividad se desarrolló en el Congreso local, con la demanda de feministas para que sea homologada la norma 046 con el Código Penal de Guerrero para que se permita a las mujeres víctimas de una violación acceder a la interrupción del embarazo sin la obligación de presentar una demanda ante el Ministerio Público como lo señala la norma local.
“Obligar a una mujer a tener un hijo de su violador es tortura para el niño y la madre”, “Por el derecho a decidir”, decían las mantas que feministas de la Montaña levantaron cuando participaron el presidente de la Junta de Coordinación Política, Antonio Helguera Jiménez, y el vicecoordinador de los diputados de Morena, Arturo Martínez Núñez.
La funcionaria de Naciones Unidas destacó que los diputados que participaron en el acto expresaron el compromiso de garantizar el derecho a la salud sexual y reproductiva de las mujeres.
Reconoció que Guerrero es un estado muy activo en la defensa y promoción de derechos humanos. No obstante, indicó que desde la Oficina ONU-DH ha trabajado con estados en específico y con la federación “para avanzar en planes, programas, acciones concretas, modificaciones presupuestales, a fin de orientar lo más posible el avance en la garantía de derechos para las mujeres, y luego nos enfrentamos a la realidad que siempre nos alcanza, que es conocer a víctimas, en este caso de violencia sexual, que sufren más violencia institucional”.
Adicionalmente a la violencia que se vive, señaló que hay un “Estado ausente”, que puede derivar en una responsabilidad internacional. Agregó que esta ausencia también debe motivar una responsabilidad local, “hay acciones de la administración pública que deben ser observadas desde las comisiones de derechos humanos o a través de sanciones administrativas que podrían reflejar hasta dónde deben actuar o no los funcionarios públicos”.
Informó que la Oficina ha recibido numerosos casos de niñas y adolescentes, mujeres adultas que sufrieron violencia sexual y padecieron la vulneración a la salud sexual reproductiva en Guerrero.
“Nosotras como Oficina hemos trasladado esta información a los organismos internacionales de derechos humanos y están posiblemente solicitando mayor información para comprender el contexto de violencia en el que viven estas mujeres y niñas en el estado de Guerrero. No es casualidad que parte de la Iniciativa Spotlight esté acá, sí hay una lógica de análisis de contexto que se hizo desde las agencia del sistema de Naciones Unidas”.
Frente a la gran cifra de que 70 por ciento de médicos de las instituciones públicas del estado se asumen como objetores de conciencia para no intervenir en cirugías de interrupción del embarazo, que señaló la Visitadora Adjunta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Sofía Román Montes, como resultado del estudio, Cárdenas Oliva aclaró que todos los funcionarios públicos tienen obligaciones “independiente de nuestras creencias y profesión que profesemos y posiciones morales”.
Aclaró que “eso es muy respetable y es parte de nuestra individualidad”, pero los funcionarios del Estado mexicano, siendo este parte de un sistema internacional de protección de derechos humanos, tienen obligaciones en esta materia.
Además, indicó que el tema no es nuevo para el Estado mexicano que ha recibido recomendaciones sobre los derechos sexuales y reproductivo, y desde 1998 sobre temas de acceso al aborto legal y seguro.
La promotora de la Alerta por Violencia de Genero por Agravio comparado, denunció ahí el caso de violencia sexual, de Yadira, una joven que sufrió una violación de una persona allegada a su familia, accedió a una interrupción del embarazado y fue doblemente revictimizada por las autoridades.
De entrada, denunció que una patrulla de la policía llegó directamente a su casa para llevarla al hospital y la ingresaron en el área de Urgencias, para hacer evidente el procedimiento médico. Ahí, un policía ministerial les preguntó si estaba segura de lo que estaba haciendo, porque el tema podría tener consecuencias.
Reiteró la exigencia para que el Congreso local reforme el Código Penal y garantice los derechos de las mujeres, niñas y adolescentes.
El estudio fue presentado por la Visitadora adjunta de la CNDH, Sofía Román, quien también es parte del Grupo de Trabajo Interdisciplinario de la solicitud de la Alerta de Violencia de Género por agravio comparado en Guerrero, y fue parte del equipo que elaboró el diagnóstico en los tres estados.
Señaló entre las razones las mujeres embarazadas productor de una violación no tienen garantías por la falta de difusión y oferta efectiva de los servicios de ILE en casos de violencia sexual, la presencia de personal objetor de conciencia, que va de 50 a 70 por ciento del del personal. A ello se suma la falta de claridad en las atribuciones del personal médico, el desconocimiento de los alcances de la aplicación de la NOM 046, y la falta de capacitación del personal médico.
En el caso del Programa IMSS-Prospera en Guerrero, la instancia reportó que el total de su personal está capacitado para practicar una ILE, pero 70 por ciento es objetor de conciencia, lo que significa que las creencias e ideología se anteponen a los derechos de las mujeres.
Asimismo, se documentó que entre las razones para la falta de difusión y oferta efectiva de los servicios de ILE en casos de violencia sexual, se encuentra la presencia de personal objetor de conciencia, cuyo número alcanza en promedio entre 50 al 70% del personal. A ello se une “la falta de claridad en las atribuciones del personal médico”, el “desconocimiento de los alcances de la aplicación de la NOM 046” y la falta de capacitación del personal médico.
En el caso del Programa IMSS-Prospera en Guerrero, la instancia reportó que el total de su personal está capacitado para practicar una ILE, pero 70% es objetor de conciencia, lo que significa que las creencias e ideología se anteponen a los derechos de las mujeres.
Texto: Lourdes Chávez / Foto: Jesús Eduardo Guerrero
