Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan
A escasos 30 kilómetros del puerto de Acapulco se ubican los bienes comunales de Cacahuatepec, un núcleo agrario con 47 anexos y más de 50 mil habitantes. A pesar del abismo social que separa a Punta Diamante de la zona rural de Acapulco, Cacahuatepec es un ejemplo latinoamericano de organización y resistencia comunitaria. Conformaron el Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la presa hidroeléctrica La Parota (Cecop), como la forma más efectiva para enfrentar los embates y las amenazas de los gobiernos federal y estatal, y las marrullerías promovidas por la Comisión Federal de Electricidad (CFE), que a cualquier costo intentaron entrar a los bienes comunales para construir la cortina.
La arrogancia de los funcionarios, acostumbrados a dictar órdenes a los campesinos, se topó con una organización dispuesta a dar la batalla en todos los frentes: el acero en la mano fue el símbolo de su lucha; su consigna de que la tierra no se vende, se ama y se defiende, quedó como parte de este acervo cultural de la gente del campo. Con gran creatividad y arrojo instalaron plantones en las principales entradas a su territorio para impedir que incursionaran los vehículos de la CFE y los ingenieros encargados de construir la presa. Fueron las mujeres las que mostraron su valor y su dignidad para no permitir que pisaran su territorio sagrado. Las asambleas dominicales se erigieron en el órgano máximo para la toma de decisiones y la planeación de acciones orientadas a defender su hábitat. Tuvieron la fuerza y el arrojo para contener cualquier acción implementada por el gobierno. Impidieron que las asambleas se realizaran en las sedes de los núcleos comunales y llegaron a todos los lugares donde, de manera ilegal, se realizaban. Tuvieron la capacidad para descarrilar estas reuniones. Nunca se arredraron ante los policías municipales que con las metralletas en las manos apuntaban a los comuneros y comuneras. A pesar de que los policías del estado colocaban cercos para impedir la entrada de los opositores, la presencia masiva de los comuneros y comuneras obligaba a que la población que acarreaban los líderes del PRI, del PRD, taxistas de Acapulco y la clientela cautiva del comisariado, salieran despavoridas de las asambleas. Dieron la batalla cuerpo a cuerpo y dentro de su territorio. Tomaron las calles y los caminos para protestar y denunciar las tropelías de los gobernadores y de las dependencias públicas como la Procuraduría Agraria. Impugnaron las asambleas y lograron resoluciones favorables en los Tribunales Agrarios. Fue una lucha exitosa cimentada en la organización comunitaria y en las asambleas dominicales, que se ganaron la simpatía de las organizaciones sociales, al grado que alcanzaron un impacto internacional. El apoyo que le proporcionamos al Cecop no solamente fue jurídico, también mediático, y con incidencia internacional. Junto con otras organizaciones de la sociedad civil de México logramos que los relatores de la ONU Rodolfo Stavenhagen y Miloon Kothari, así como la secretaria general de Amnistía Internacional, Irene Khan, visitaran en diferentes momentos los bienes comunales de Cacahuatepec. Todos ellos se pronunciaron en favor del Cecop y emplazaron al gobierno federal y estatal para que respetara la decisión de los comuneros y comuneras de Cacahuatepec. Fue una lucha que costó muertes, encarcelamiento de sus líderes, órdenes de aprehensión para amedrentar a las autoridades comunitarias y a la población en general, los mismos gobiernos alentaron la división y la confrontación violenta. En el municipio de Acapulco alimentaron la animadversión hacia el Cecop y de manera deliberada los excluyeron de los planes y programas municipales, que por derecho les corresponde.
Es inadmisible el trato discriminatorio que los gobiernos municipales le han dado a la población rural del núcleo agrario de Cacahuatepec. A pesar de que hace más de 60 años se construyeron los pozos de agua del Papagayo II dependiente de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Acapulco (CAPAMA), en la comunidad de Salsipuedes, sus habitantes no cuentan con agua potable. En esta situación se encuentran los 47 anexos de Cacahuatepec sin redes públicas de agua y drenaje. Los paisajes de esta región rica en agua y en vegetación son contrastantes con la ausencia de obra pública, que han obligado a vivir a las familias en el fango. El camino que va de San Juan Grande y San Juan Chico a Cacahuatepec es intransitable. Es increíble concebir que el ayuntamiento de Acapulco no tenga recursos para construir una carretera pavimentada que no rebasa los 12 kilómetros. Estas comunidades no cuentan con servicio público, la gente tiene que caminar para cruzar el río en una panga y tomar una camioneta conocida como las terreras, que llegan al crucero del Cayaco. A ninguna autoridad le ha preocupado construir un puente en los bienes comunales de Cacahuatepec para que los habitantes de decenas de comunidades rurales puedan cruzar el río sin problemas.
Hace 16 años la gente se sorprendió de que el gobierno estatal pavimentara el tramo carretero que va de Tuncingo a La Concepción. Desconocían el motivo de esta obra y con el tiempo se dieron cuenta que era para meter los vehículos y la maquinaría para construir la cortina de la presa. Fue la forma burda para querer convencer a la gente de que llegaría el progreso con la construcción de la hidroeléctrica, que implicaba el desplazamiento de más de 25 mil personas. Es indignante y ofensivo caminar en los terregales y en las polvosas calles de las comunidades, como en Agua Caliente, donde las aguas negras son un problema grave de salud pública. Llegamos a imaginar ante este paisaje desolador que ningún presidente o presidenta municipal ha asignado recursos para construir el drenaje en las comunidades y hacer algún programa de letrinas para evitar el fecalismo al aire libre.
Cinco gravilleras en la región de Cacahuatepec se han apropiado de los recursos pétreos del río Papagayo: en Bella Vista Papagayo hay una concesión de más de 45 años que explota la familia Cadena; en la comunidad de Agua Caliente está la familia de los Valle, con más de 30 años extrayendo grava. En Parotillas está la familia Marín con 20 años; y los Terrazas y Olea en la región de la Sabana. Los daños que han causado, son devastadores para los ecosistemas de este afluente. Además, han destruido todas las huertas de limón y de coco que existían en los márgenes del río. El encajonamiento del Papagayo solo ha dejado tierras fangosas para los campesinos pobres que sobreviven con la siembra del maíz de temporal y la colecta de la jamaica, que algunos logran cosechar en los cerros. Hay un total descuido de los bienes naturales, pues los políticos y empresarios solo ven la riqueza que genera el río e ignoran la pobreza de los dueños de estos territorios.
A pesar de que los pozos construidos en Salsipuedes y Agua Caliente surten el 60 por ciento de agua a las colonias y a Punta Diamante, en las comunidades de los bienes comunales de Cacahuatepec no hay un tubo de agua para que la gente disponga de ese líquido en sus precarias viviendas de adobe, de tabla y pisos de tierra. No hay dinero para construir un pozo de agua profundo que abastezca a las familias que no reciben ni un peso por extraerla. Las enfermedades gastrointestinales son el pan de cada día de sus habitantes, que no tienen forma de curarse porque no hay médicos ni medicinas. En Barrio Nuevo y Apalani los centros de salud están abandonados y medio funcionan los de Cacahuatepec, La Concepción y Agua Caliente. Para atenderse en los hospitales de Acapulco tienen que endeudarse y cargar con la enfermedad porque no los atienden. También cargan con la pena por no tener con que pagar.
Vivir en el fango parece ser el destino que los gobiernos municipales y el estatal le han impuesto a los comuneros y comuneras del núcleo agrario de Cacahuatepec. A pesar de su heroísmo y de haber ganado cinco juicios agrarios a la CFE, su victoria tiene un sabor amargo porque la riqueza natural que han sabido conservar por siglos solo la han podido disfrutar los gobernadores, los presidentes municipales y funcionarios de los tres niveles, junto con sus amigos empresarios que se han enriquecido impunemente a costa de la miseria en que han sumido a quienes cuidan el río y respetan el territorio comunitario para que Acapulco siga siendo un paraíso.
En nombre de la democracia se han pisoteado los derechos de los trabajadores de la ciudad y del Acapulco rural. Los cinturones de miseria que hay en los cerros frente a la bahía y en los terregales de la Sabana, son el espejo de una desigualdad atroz provocada por la corrupción de una clase política voraz. Las autoridades, además de desentenderse de los graves problemas que enfrenta esta población, han dejado que la delincuencia organizada tome el control de las playas, el ambulantaje, los pequeños comercios, las colonias populares y los caminos rurales. Los sicarios se han encargado de transformar el paraíso en un infierno, con la complicidad de las autoridades.
