RAZONES VERDES
Eugenio Fernández Vázquez
Todas las políticas públicas tienen beneficiarios y olvidos, y en algunos casos, damnificados. Revisando quiénes se encuentran en cada grupo se podrá ver para quiénes trabaja un gobierno. En el caso del campo mexicano, es evidente que desde hace treinta años los gobiernos del país trabajan para los dueños del capital a costa de jornaleros y campesinos. Es hora de que eso cambie, y las propias organizaciones de pequeños productores han marcado el camino durante los últimos años.
Todas las actividades productivas necesitan, por lo menos, mano de obra y capital. La minería, por ejemplo, al menos la minería a gran escala, es muy intensiva en capital –requiere ingentes cantidades de maquinaria, y relativamente poca mano de obra. En cambio, los restaurantes son muy intensivos en trabajo –más que maquinarias, requieren personal que vaya de un lado a otro tomando órdenes y cocinando platillos.
Dependiendo de la intensidad en capital o mano de obra de una industria o de una empresa, ésta beneficiará más a los más ricos –los dueños del capital– o a los más pobres –quienes solamente tienen su fuerza y su trabajo.
Las políticas económicas, de fomento y regulación de la actividad productiva, pueden influir enormemente en qué industrias tendrán preminencia, según las normas que el gobierno impone, los subsidios que otorga, los acuerdos internacionales que negocia. Otro factor importantísimo es la forma en la que se distribuyen los bienes que produce una industria. Si, por ejemplo, los puntos de venta o los grandes mercados al mayoreo se ubican lejos de los centros de producción, saldrá beneficiado quien tenga el capital para llevar la producción hasta allá –quien pueda, por ejemplo, rentar o comprar un tráiler. En cambio, si los centros de distribución están cerca de los centros de producción, los más pobres estarán en mejores condiciones de competir con otros.
En el caso del campo mexicano, las políticas agropecuarias han estado centradas en la entrega de subsidios a quienes producen de una forma muy intensiva en capital. Así, han salido beneficiados quienes producen con técnicas agrícolas que requieren muchos fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos. Como, además, una proporción enorme de los productos agropecuarios van desde los distintos puntos de la República hasta la Central de Abasto de la Ciudad de México, y de ahí se distribuyen de nuevo al resto de los estados, se han beneficiado quienes pueden cubrir esos trayectos. Quien no, tiene que ofrecer sus productos en un mercado muy limitado.
Las políticas públicas que han favorecido esta situación, entonces, han trabajado en contra de los campesinos y han favorecidos a los dueños del capital. Frente a esta situación, muchas organizaciones campesinas han apostado por construir una nueva forma de producir y de relacionarse con los mercados.
Por una parte, con la formación de capacidades, han buscado que los campesinos que las conforman puedan mejorar su calidad y productividad, para generar así empleos mejor pagados, con mejores condiciones laborales. Impulsando la producción orgánica y amigable con la biodiversidad, se han volcado en la innovación tecnológica, aprovechando a la naturaleza para producir más y mejor.
Por otra parte, a través de la certificación orgánica y de comercio justo, junto con la construcción de acuerdos con compradores dentro y fuera de México, han establecido una relación distinta con sus clientes. Se trata de relaciones más horizontales, más estables. Y cada vez impulsan más la construcción de mercados locales para sus productos.
De este modo, las organizaciones campesinas dan mayor valor a la mano de obra y establecen las condiciones para competir contra los beneficiarios de las políticas regresivas que han impuesto los gobiernos nacionales durante las últimas tres décadas. Es hora de invertir la ecuación, de favorecer a quienes innovan, a quienes benefician a los más, a quienes generan empleos justos y conservan el medio ambiente.
