Plantean que deje de usarse con fines de promoción personal de los gobernantes y como instrumento de censura al premiar o castigar a los medios por sus líneas editoriales.
Ciudad de México, 25 de octubre de 2018. Con el objetivo de que sea abrogada la Ley General de Comunicación Social –conocida como Ley Chayote–, la cual “atenta contra la libertad de expresión”, el colectivo Medios Libres presentó este jueves una iniciativa ciudadana de Ley General de Publicidad Oficial que busca eliminar “el uso proselitista” de ésta, fomentar la pluralidad, garantizar la libre información en México e impulsar la democratización de los medios de comunicación.
En un hotel céntrico de Ciudad de México, las organizaciones civiles Artículo 19 y Fundar y los periodistas Juan Angulo –director del periódico El Sur– y Jorge Carrasco, reportero del semanario Proceso, adelantaron que llevarán esta iniciativa a la Cámara de Diputados con la idea de que se apruebe en el actual periodo de sesiones para que sustituya a la Ley Chayote, aprobada al vapor en abril pasado y que “legaliza las malas prácticas llevadas a cabo en la publicidad oficial”.
La directora de la oficina de Artículo 19 para México y Centroamérica, Ana Cristina Ruelas, recordó que el 15 de noviembre de 2017 la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) conminó al Poder Legislativo a regular el octavo párrafo del artículo 134 de la Constitución en materia de publicidad oficial, para que ésta no fuera usada con fines proselitistas y de promoción personal de funcionarios.
“Esta sentencia de la Corte no fue cumplida cabalmente”, indicó Ruelas, pues el 30 de abril pasado el Congreso de la Unión aprobó la Ley Chayote, “que dista mucho de garantizar la libertad de expresión y el derecho a la información de las audiencias. Es una legislación que legaliza las malas prácticas, que promueve que el uso del dinero público sea ejercido para cooptar las líneas editoriales de los medios, promocionar políticos y sesgar la información que recibimos”.
Por eso, indicó, al percatarse de que se aproximaba un cambio legislativo, el colectivo Medios Libres trabajó en una iniciativa cuyos puntos más relevantes son:
1. Regular la planeación, uso y asignación de publicidad oficial en los tres niveles de gobierno y en todas las entidades gubernamentales.
2. Obligar a autoridades, medios de comunicación y otras formas de difusión y promoción a rendir cuentas y transparentar la utilización de recursos destinados a publicidad oficial.
3. Prohibir y sancionar el uso propagandístico de la publicidad oficial, así como la censura indirecta que resulta de utilizarla para castigar o premiar a los medios según su línea editorial.
4. Establecer criterios claros de asignación de la publicidad oficial en función de la idoneidad del medio de comunicación u otra forma de difusión.
5. Topes a los presupuestos asignados para el gasto de publicidad oficial, así como un límite para los sobreejercicios (no más de 10 por ciento de lo aprobado).
6. Eliminar el uso faccioso de las mediciones de audiencia, lectoría y penetración, y otorgar al Inegi la facultad de efectuar dichas mediciones.
7. Dotar de facultades al INAI como institución encargada del control y vigilancia de la planeación, uso y asignación de la publicidad oficial.
8. Crear un fondo de fomento a la pluralidad, investigación y capacitación a periodistas.
9. Fortalecer la transparencia en la planeación, ejecución y evaluación de los recursos públicos en materia de publicidad oficial.
Con Peña Nieto, más de 50 mil millones en cinco años
Aunque de 2013 a 2017 el presupuesto federal para publicidad oficial ascendió a poco más de 27 mil millones de pesos, se terminó ejerciendo 50 mil 862 millones, casi el doble de lo aprobado, según cifras del Sistema de Comunicación Social. “Es un gasto descontrolado, y la falta de claridad en las reglas de asignación hace que la publicidad se convierta en una herramienta de censura sutil”, dijo Justine Dupuy, de Fundar Centro de Análisis e Investigación.
Dijo que “está bien bajar el gasto en publicidad, pero si no contamos con reglas claras no se va cambiar esta relación viciada que existe entre medios y gobiernos”. Y explicó que el colectivo –formado por periodistas, medios, organizaciones y académicos– vio “interés” del próximo gobierno de Andrés Manuel López Obrador “cuando lanzó 50 puntos”, entre ellos, la reducción del 50 por ciento del presupuesto destinado a la publicidad oficial.
Para evitar “gastos descomunales”, la nueva propuesta de ley obligaría a ejercer, como máximo, el 0.05 por ciento del Presupuesto de Egresos, que serían alrededor de 2 mil millones de pesos el próximo año.
Irene Levy, integrante del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción, subrayó que “la asignación del gasto público de manera arbitraria para coartar la libertad de expresión y comprar líneas editoriales potencializa el problema de corrupción de una manera muy grave”.
Por eso, añadió, “nos preocupa la ausencia de legislación. El Congreso de la Unión, a pesar de que la Corte lo exhortó a legislar, lo que hizo fue simular un proceso de consultas y aprobó la Ley Chayote en fast track. Actualmente existen tres acciones de inconstitucionalidad y los actores de una de ellas son los legisladores del partido (Morena) que hoy ocupa la mayoría en el Congreso. Entonces, es una gran oportunidad de abrogar esta ley y abrir un proceso sin simulación de consulta, donde se tome en cuenta el proyecto que presentamos”.
La transparencia en la publicidad oficial, “una auténtica revolución”
El director general de El Sur, Juan Angulo Osorio, resaltó que la aprobación de esta ley sería un “avance histórico en el país” y se refirió al contexto de violencia y de precariedad en la que laboran los periodistas de muchos estados del país. “Hemos luchado por esta iniciativa desde hace tres décadas. La declaración de principios de El Sur, que surgió hace 25 años, se refiere al tema de la publicidad, y ahí dice que quienes contraten ésta contratan un espacio, no línea editorial”, expuso.
“Los problemas del periodismo y de su relación con el poder –continuó– se viven de manera exacerbada en los estados. La mayoría de compañeros del gremio asesinados es de provincia. Los reporteros y fotógrafos viven en la precariedad laboral, con bajos salarios, sin seguridad social, enfrentados o sometidos por gobernadores que son prácticamente auténticos virreyes todavía en el siglo XXI: controlan a los congresos, el Poder Judicial, las universidades autónomas y a los medios”.
Una iniciativa que habla de transparencia en la asignación de la pauta de publicidad, en este contexto, señaló, “va a significar una auténtica revolución. Es un primer paso, queremos que entre en este primer periodo de sesiones y se apruebe, para crear círculos virtuosos y no los círculos viciosos en los que estamos metidos ahora: los medios tienen pocos lectores porque la sociedad no cree en ellos, porque siente que están sometidos al poder. Hay medios que sólo viven de la publicidad oficial, aunque no tengan lectores o audiencias”.
Subrayó que el propósito es que “el poder respete a los periodistas, que no los vea como sus empleados y que la sociedad también confíe en los informadores y los apoye en su trabajo. Esto nos puede proteger mejor de los ataques del crimen organizado, de los gobiernos, y va a permitir una cercanía mayor de los medios con la sociedad. Esta ley va a obligar a la transparencia de los gobiernos, pero también de los medios mismos”.
Cambiar la relación medios-poder
Irina Vázquez, coordinadora de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias (AMARC), se manifestó sobre los medios indígenas y recordó que, aunque existen en México desde la década de los sesenta, se reconocieron en la ley apenas en 2014.
“Pese a que en el artículo 89, fracción 7, viene muy claro que una de las formas de sostener a estos proyectos es a través del uno por ciento del monto aprobado en comunicación social y publicidad de los entes públicos federales, la ley no contempla el mecanismo para acceder a estos recursos, lo que ha sido un verdadero calvario”.
Señaló que, si no hay condiciones para poder garantizar el desarrollo de las radios comunitarias, “estamos ante una nueva especie de censura. La Ley Chayote ni siquiera nos contempló, seguimos sin existir para el Ejecutivo. En la ley que hoy se presenta sí estamos incluidos, se pide ese mecanismo claro en la asignación de estos recursos”.
Jorge Carrasco, periodista de la revista Proceso, afirmó que la iniciativa de Medios Libres es una “oportunidad histórica”. Se puede, enfatizó, “construir una ley potente, que cambie las formas que han definido al poder en México, el cual ha sido implacable con los medios críticos. Es el caso de Proceso. En 1982, el presidente José López Portillo, ante las críticas de la revista acuñó la frase ‘Yo no pago para que me peguen’, es decir, los recursos públicos que utilizo como presidente, los doy para que me aplaudan no para que me critiquen”.
El mensaje fue claro: “había que portarse bien. La clase política de 2000 a 2012 se comportó exactamente de la misma manera, al utilizar los recursos de una manera patrimonialista, de censura, castigo a quien critica”. Por eso, concluyó, con el cambio de gobierno y “la presentación de esta ley se tiene una oportunidad muy importante para transformar esa relación”.
Texto: Guillermo Rivera / Foto: @article19mex (Twitter). En la imagen, Irene Levy, del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción; Ana Ruelas, directora de Artículo 19; Justine Dupuy, de Fundar; Jorge Carrasco, reportero de Proceso, y el director general de El Sur, Juan Angulo, en la presentación de la iniciativa ciudadana de Ley General de Publicidad Oficial.
Urgen al Congreso retomar la Ley de Publicidad
La propuesta del colectivo #MediosLibres plantea que los recursos asignados a la publicidad oficial no excedan el .05% del Presupuesto de Egresos de la Federación.
Ciudad de México, 25 de octubre de 2018. El colectivo #MediosLibres urgió al Congreso a regular en este periodo de sesiones las reglas para la publicidad oficial.
“Hacemos un llamado directo al Congreso de la Unión a retomar esta iniciativa y decidan abrir el parlamento a escuchar las voces de sociedad”, comentó Ana Cristina Ruelas, directora de Artículo 19, al presentar su proyecto de Ley General de Publicidad Oficial.
Haydeé Pérez, directora de Fundar, planteó que existen las condiciones para aprobar una nueva en este periodo de sesiones, que termina en diciembre.
“Creemos que sería lo ideal que ya todo este sexenio comenzara con el marco normativo de una Ley de Publicidad Oficial que ayude a cambiar la relación viciada entre gobiernos y medios”, señaló.
“Hasta este momento vemos que hay voluntad política para discutir el tema, procesarlo y para comenzar el sexenio con un nuevo esquema, en los próximos días nos reuniremos con los grupos parlamentarios, pero las señales que nos han mandado es que es posible”.
En tanto, Irene Levy, del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción, advirtió que el actual esquema de publicidad oficial es un caldo de cultivo para la corrupción.
Recordó que la Ley General de Comunicación Social, aprobada en mayo pasado, enfrenta tres acciones de inconstitucionalidad, una por legisladores que ahora tienen la mayoría en el Congreso.
Para la labor de difundir información institucional y exclusivamente con fines informativos, educativos o de orientación social, la propuesta de #MediosLibres plantea que los recursos asignados no excedan el .05 por ciento del Presupuesto de Egresos de la Federación, y que las modificaciones presupuestarias sean hasta de un máximo del 10 por ciento.
Al INAI le encarga la elaboración y el seguimiento del padrón nacional de medios de comunicación y la evaluación de la publicidad oficial, así como atender quejas por mal uso de ésta.
En tanto, al Inegi le asigna la realización de un “Estudio de audiencias, lectoría, cobertura y penetración”.
También propone crear un Fondo de Fomento a la Pluralidad, Investigación y Capacitación a Periodistas, con un porcentaje de lo asignado a comunicación social y publicidad.
Texto: César Martínez / Agencia Reforma
