Toluca, Estado de México, 23 de julio de 2021. El Congreso del Estado de México aprobó penas de 3 a 6 años de cárcel, con posibilidad de elevarlas hasta en 9 y 11 años, a quien por cualquier medio y fuera de los supuestos autorizados por la ley, audiograbe, comercialice, comparta, difunda, exponga, envíe, fotografíe, oferte, reproduzca, transmita o videograbe imágenes, audios, videos o documentos de cadáveres o parte de ellos que se encuentren bajo resguardo de una investigación penal, de las circunstancias de la muerte o de las lesiones que éstos presentan.
La reforma, aprobada por unanimidad, adiciona el artículo 227 Bis al Código Penal del Estado de México y considera que, cuando se trate de imágenes, audios o videos de cadáveres de mujeres, niñas o adolescentes, de las circunstancias de su muerte, de las lesiones o estado de salud, las penas se incrementarían hasta en una mitad, es decir, hasta 9 años.
Además, se considera como agravante que elevan la pena hasta 11 años, que el delito sea cometido por una persona servidora pública integrante de cualquier institución de seguridad pública o de impartición o procuración de justicia.
Conforme al dictamen, al que dio lectura la diputada Beatriz García Villegas, esta reforma se encamina a la protección de las niñas, adolescentes y mujeres, con base en los derechos humanos, concordantes con las normas constitucionales y con el marco normativo internacional.
Esta reforma responde a los hechos relacionados con el crimen de Ingrid Escamilla, ocurrido en febrero de 2020, que dieron lugar a una reforma legislativa similar en la Ciudad de México y otras seis entidades del país, conocida como “Ley Ingrid”.
Texto: Dzohara Limón / Agencia Reforma
