Reclama porque el expediente está archivado en el Tribunal Superior de Justicia, sin avances, y ya no se investiga por la Fiscalía General del Estado. Del gobierno de Evelyn Salgado le retiraron las medidas de seguridad, y la FGR se negó a atraer el caso, señala
Chilpancingo, Guerrero, 20 de agosto de 2022. A 13 años del asesinato del presidente de la Comisión de Gobierno del Congreso local, el diputado perredista Armando Chavarría Barrera, el caso sigue “durmiendo el sueño de los justos”, el expediente está archivado en el Tribunal Superior de Justicia (TSJ), no hay avances, y ya no se investiga por la Fiscalía General del Estado (FGE), denunció su viuda Martha Obezo Cázares.
Entrevistada por teléfono, agregó que también, la actual administración estatal le retiró las medidas de protección que tenía su familia, con el argumento de la FGE que no se justifica porque no hay riesgos a su integridad.
Obezo Cázares recordó que el caso está en proceso de admisibilidad en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), pero que desconoce si el Estado mexicano ya envió el informe que el organismo internacional le requirió en octubre pasado.
Este sábado se cumplen 13 años del asesinato del diputado perredista y, como todos los años, la familia del malogrado político guerrerense desarrollará un programa de actividades para recordarlo. A las ocho de la mañana los familiares y amigos de Chavarría Barrera visitarán su tumba en el panteón del centro de la ciudad.
A las 10 de la mañana depositarán una ofrenda floral y montarán una guardia de honor en el busto de Chavarría Barrera ubicado en el pórtico de las instalaciones del Congreso local, y a las 11:30 de la mañana depositarán una ofrenda floral en el parque Armando Chavarría Barrera de la colonia Juristas, mientras que a las 6 de la tarde se oficiará una misa en la catedral de Santa María de la Asunción del centro de la ciudad.
“Llegamos a los 13 años, igual que siempre, sin ningún avance, sin un interés concreto de las actuales autoridades en el caso”, se quejó Obezo Cázares.
La viuda del perredista declaró que el caso está suspendido y el expediente archivado desde el 2018 cuando la FGE lo turnó al TSJ sin que (la Fiscalía) haya podido consignar a ninguno de los responsables materiales e intelectuales “porque no hubo una investigación seria”.
Recordó que debido a que el caso está archivado, solicitó en el 2019 a la Fiscalía General de la República (FGR), la atracción del caso pero que le negaron su petición y ha promovido dos amparos y un recurso de revisión, mismos que también se los han resuelto negativamente.
Contó que el último recurso de revisión contra la negativa de atracción del caso la promovió en febrero pasado pero que otra vez fallaron en su contra, “dijeron que no soy sujeto de la justicia federal”.
Informó que el 14 de octubre del 2021 la CIDH informó que había dado inicio al proceso de admisibilidad, pero admitió que igual, desde entonces no ha sabido, ni ha tenido información sobre cómo va el proceso.
Explicó que regularmente la CIDH otorga tres meses al Estado mexicano para que informe del estado que guarda la investigación, mismos que se podrían ampliar hasta cuatro meses si se solicita una prórroga, pero que el plazo ya se ha cumplido y no sabe si el Estado mexicano ya envió el informe.
Martha Obezo declaró que ha buscado el acompañamiento del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro, para que la CIDH pueda darle continuidad al proceso y que han aceptado la intervención, mientras que a nivel local tiene el acompañamiento del Centro de Derechos de las Victimas de la Violencia Minerva Bello (Centro Minerva Bello).
Añadió que también busca el acompañamiento del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil), organismo que litiga casos ante la CIDH.
Insistió que por lo pronto, el caso “sigue viviendo el sueño de los justos y no hay nada, sigue en la impunidad”.
Reprochó que, por el contrario, a nivel local en la actual administración le retiraron los tres escoltas que le habían asignado a la familia por las medidas cautelares derivado de que la CIDH admitió el caso lo que implicaba riesgos.
Informó que en noviembre del 2021 se reunió con el entonces secretario de Gobierno, Saúl López Sollano, (correligionario de Chavarría Barrera), acompañada por otras organizaciones sociales a quien le planteó que se había iniciado el proceso de admisibilidad del caso por la CIDH y que eso reactivaba los riesgos a su familia.´
Recordó que entonces su familia todavía tenía asignados tres policías ministeriales para su seguridad y pidió al entonces secretario que se los mantuviera pero que no tuvo ninguna respuesta.
Agregó que le mandó un escrito a la gobernadora Evelyn Salgado Pineda pero igual, no tuvieron ninguna respuesta y, finalmente, les retiraron las medidas de seguridad.
Dijo que acudió a la Comisión Estatal de Derechos Humanos (Coddehum) y argumentó lo mismo, que había iniciado el proceso de admisibilidad del caso ante la CIDH y pidió que el organismo fuera intermediario ante la FGE para que le devolvieran la protección.
Informó que en respuesta, la Fiscalía ordenó una investigación al entorno familiar para determinar si se justificaban las medidas cautelares.
“Se simuló que nos estaban buscando para una entrevista, pero en realidad nunca nos buscaron, yo estoy localizable siempre. Después argumentaron que preguntaron a nuestros vecinos si había algún motivo que nos pusiera en riesgo”.
Obezo Cázares informó que el 7 de marzo pasado la FGE respondió a la Codehum que no se justifica la protección.
Texto: Zacarías Cervantes / Foto: Archivo
