En entrevista, el procurador agrario Luis Hernández Palacios explica que estos núcleos, que son el 8 por ciento del total, se localizan en la Costa Grande y la Montaña. El abandono gubernamental al campo durante el neoliberalismo, la migración y el envejecimiento de los ejidatarios, ocasionan que las asambleas sean muy débiles y que haya falta de gobernanza, expone el funcionario federal
Xochistlahuaca, Guerrero, 14 de agosto de 2023. El titular de la Procuraduría Agraria (PA), Luis Hernández Palacios Mirón, dijo que 100 de mil 250 núcleos agrarios de Guerrero están controlados por el crimen organizado, y en éstos la institución que dirige no puede entrar a su territorio.
En entrevista con El Sur en Xochistlahuaca este viernes, después de la ceremonia de entrega de certificados de derechos parcelarios a mujeres, el funcionario federal expuso que esto es resultado del abandono al campo durante el neoliberalismo, la migración y el envejecimiento de los ejidatarios, que ocasionan que las asambleas sean muy débiles y que también haya falta de gobernanza.
Aseguró que los grupos criminales tienen el control territorial de estos núcleos ubicados en la Costa Grande y la Montaña y eligen a sus comisariados, y otra de sus actividades es extorsionar a los beneficiarios de los programas para el Bienestar. La actualización de los padrones ejidales, los talleres de educación popular y los programas sociales son la propuesta del gobierno de Andrés Manuel López Obrador para ir “ganando voluntades” de los campesinos y revertir este escenario.
Hernández Palacios expuso el escenario agrario en Guerrero y comenzó diciendo que es un “estado de una profunda raíz agrarista, que es poco conocido. Tiene su origen la lucha por la tierra en la defensa que hicieron los pueblos originarios frente a la Conquista”, tal es así que la lucha agrarista de Emiliano Zapata “tiene un origen muy fuerte en la defensa del territorio en Guerrero”.
La Constitución de 1917 formalizó la restitución de las tierras ancestrales de las comunidades con base en la acreditación del título primordial que poseían desde la Colonia. “Pero cuando no tenían ese título o era imposible restituir la propiedad, se abre la segunda vía, la dotación”, en donde participaron “las ligas de comunidades que terminaron siendo CNC (Confederación Nacional Campesina), el gobierno del estado y el gobierno federal”, lo que dio pie al clientelismo, el control político y el caciquismo, indicó.
La entrevista fue realizada en una casa ubicada a lado del campo deportivo en donde se entregaron títulos de derechos parcelarios, a la que se trasladó el procurador agrario al finalizar el evento en el que protestaron los ejidatarios de Xochistlahuaca para denunciar la corrupción en la delegación de la PA en Guerrero y que no les permiten acreditar ante el Registro Agrario Nacional (RAN) al nuevo comisariado que eligieron, entre otras irregularidades.
A mitad de la entrevista, se escuchó que afuera en la calle los ejidatarios de este municipio volvieron a manifestarse. En referencia a esta protesta, Hernández Palacios Mirón dijo que “esto es un ejemplo de ello, los caciques desplazados son los que ahora reclaman que ya no tienen el control de los núcleos”.
Aseguró que ofreció dialogar con los manifestantes, “pero ellos querían llamar la atención”. El procurador agrario cree que ellos no tienen la mayoría de la asamblea, “si no ellos fueran el comisariado, pero bueno, vamos a llevar adelante los procesos jurídicos que sean posibles y necesarios y garantizar que haya participación y democracia en este núcleo”, afirmó.
En cuanto a la dotación de tierras en Guerrero, indicó que este proceso desembocó “en un aluvión de solicitudes” que dio pie a que el campo del estado se componga de “mil 250 núcleos agrarios, de los cuales son comunidades 194, y el resto son ejidos. Esto entonces le dio esta expresión tan significativa que el 77 por ciento del territorio de Guerrero es ejidal” o comunal.
Cuando la industrialización dejó de demandar materias primas del país, agregó, “se fueron abandonando los programas del campo en los 60, 70, y esto generó y agudizó una crisis económica, social y política en los ejidos del país. Además se impulsó la visión neoliberal de que el ejido no servía y se abrió la puerta a la privatización, que al final sólo se concretó en el 5 por ciento de los ejidos del país y en Guerrero “ha sido todavía menor el porcentaje y ha sido en las zonas turísticas, de unos pocos ejidos que han vendido sus tierras y el resto las ha conservado”, aseguró el procurador agrario.
Señaló que las consecuencias de los 30 años del neoliberalismo fueron la pobreza y la migración, y Guerrero presenta los más altos índices del país, “es la gran paradoja, la propiedad social que es el 77 por ciento, donde está la mayor riqueza forestal, agrícola, ganadera y de otros recursos, vive en la mayor pobreza”.
La migración y el envejecimiento de los campesinos, enfatizó el procurador agrario, provocan que las asambleas se debiliten “terriblemente y la participación colectiva ha dejado de tener una existencia real y esto genera falta de gobernabilidad”.
“Entonces tenemos asambleas muy débiles y esta falta de gobernanza y de control territorial, ha permitido que otros agentes se metan en la vida de los ejidos”, afirmó y señaló que estos agentes son “el crimen organizado”.
Antes, los campesinos controlaban la producción de cultivos ilícitos y se encadenaban con el proceso de su transformación, pero esto se revirtió y “quienes tenían el control de la distribución y de la transformación se hicieron cargo de la ocupación y del control territorial”, explicó el procurador agrario.
Expuso: “hoy tenemos aproximadamente unos 100 núcleos en donde la Procuraduría Agraria no puede entrar en la Montaña, Costa Grande, los tienen controlados y son los que dirigen. Éste es un tema que va más allá de las capacidades y la voluntad de la Procuraduría y que creemos que la forma de recuperarlo no es a través de la represión, tenemos que recuperarlo desde abajo”.
Se le mencionó que una consecuencia del crimen organizado es el desplazamiento forzado de las comunidades, sobre todo de la Sierra de Guerrero, y el procurador agrario lo reconoció, pero “son comunidades o pueblos dentro de los ejidos, ningún ejido completo ha sido expulsado”.
La PA, acotó, no tiene “una evaluación precisa de la situación” de estos núcleos porque no lo dejan entrar al territorio, –“el camino está bloqueado, lo controlan ellos, llegamos y no nos dejan”–, pero afirmó que “los comisariados los elige el crimen organizado, ellos deciden quién va a ser y ya traen su acta y se llevó a cabo la asamblea. Como la elección no requiere la presencia de la Procuraduría, ellos hacen el acta a su manera y como no hay quien se oponga para denunciar las irregularidades que pudo haber habido…”.
–Por ejemplo, en todos esos programas de trámites frente al RAN, el tema del reparto de fertilizante, ¿hay intervención del crimen organizado?
–No, donde llegan los programas no está el crimen organizado. Ha tratado de tener control, pero ahí es más complejo. Pues ellos les ofrecen otra visión del mundo contra el gobierno, ya no es sin el gobierno, sino contra el gobierno. Entonces en los programas federales no entran. Aquí estaba el delegado de programas federales (Iván Hernández Díaz) que te puede completar, la gente como individuo es beneficiario, pero las instituciones no entramos para generar estos programas. Se llega como individuo, soy adulto mayor y recibes tu recurso.
Agregó: “las formas de actuación del crimen organizado son múltiples y diversas porque si solamente fuera la producción, transformación y comercialización de productos ilícitos, serían marginales a la vida de la sociedad, como lo fueron durante mucho tiempo. El problema es que como el crecimiento de las bandas no les alcanza para garantizar su reproducción de todos sus niveles de apoyo, pues tienen que llevar a cabo otras actividades delictivas: el secuestro, la extorsión y en la extorsión andan a la caza de quien recibió el Bienestar para bajarle una parte de lo que recibe”.
Dijo que “a través del trabajo social tenemos que ir recuperando la confianza de la población porque el tema no es represivo”. Se le mencionó el poderío arsenal de los grupos criminales y Hernández Palacios Mirón contestó que “a medida que la existencia de los programas va estableciéndose, vamos ganando voluntades. Es un trabajo lento, no de espectacularidades”.
Indicó que las familias campesinas que habitan dentro de los núcleos agrarios controlados por el crimen organizado tienen una vida social muy limitada, pero también “tienen familiares en otros núcleos que tienen otra perspectiva y a través de esta comunicación vamos generando que puedan irse acercando a los programas sociales y los programas sociales van ofreciendo alternativas y ahí vamos avanzando paulatinamente”.
Expuso que otra de las medidas para revertir el control del territorio por parte del crimen organizado es actualizar los padrones para que cuando fallezcan los titulares, sus sucesores sean reconocidos, al igual que con los migrantes para que cedan o transfieran “la titularidad a su esposa, su hija, su hijo, y podamos con ellos ir reconstituyendo las asambleas”.
Otra política es “la actualización de los reglamentos internos a través de talleres de educación popular participativos, que tienen cuatro temas: derechos humanos con perspectiva de género, conservación, restauración y rehabilitación ambiental que implica los programas de áreas dedicadas voluntariamente a la conservación porque una vez que un núcleo decide dedicar una superficie, recibe recursos frescos de restauración y de conservación”, explicó.
También se promueven las áreas naturales protegidas, que se vieron durante el periodo neoliberal “como una expropiación y una amenaza en los núcleos, por eso hay amparos, por eso se oponen”, pero ahora se les explica a los campesinos que no es expropiación. “Vas a tener limitaciones en el uso, pero a cambio vas a recibir recursos por el cuidado de la naturaleza y los programas de manejo”, afirmó.
En cuanto a los conflictos agrarios entre pueblos, el procurador agrario expuso que hay actualmente cuatro casos “paradigmáticos” en Guerrero: el primero está en San Miguel Tecuiciapan (Tepecoacuilco), “ahí es un tema de 3 mil hectáreas, ya está atendido por la mesa agraria”. No se logró concretar la primera oferta del reparto a la mitad de las tierras, “pero el hecho de que se sienten a conversar, por lo menos que nos mantiene un clima de paz”.
Sin ahondar mucho al respecto y con la asistencia del delegado estatal, Marcos Mendez Lara, Hernández Palacios Mirón mencionó que los otros casos son entre Santa Rosa con Tlatzala, (región de la Montaña), la comunidad Jicaral que tiene un problema de límites con Oaxaca, y también Jicayán de Tovar (Tlacoachistlahuaca), que es de Guerrero, pero el problema es que “están en el límite de un río que divide a los dos estados. Ahí tenemos la Guardia Nacional”.
Texto y foto: Ramón Gracida Gómez
