Anuncia la presidenta que solicitó a la ONU que recomiende a especialistas que puedan “apoyar” en las investigaciones del caso. Demandan los padres de los 43 no más trabas y que se cumpla la resolución judicial
Ciudad de México y Chilpancingo e Iguala, Guerrero, 24 de marzo de 2026. La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo dijo ayer que la Secretaría de la Defensa Nacional insiste en que ya entregó toda la información que tenía en su poder producto de las labores de inteligencia en Iguala, y que los padres de los 43 estudiantes de Ayotzinapa consideran que puede llevar a conocer lo que ocurrió la noche del 26 de septiembre de 2014 con los normalistas desaparecidos.
Además de la insistencia de los padres, el 19 de febrero, el Juzgado Quinto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México resolvió el juicio de amparo 1350/2023 y ordenó al Ejército Mexicano entregar la totalidad de la información, que está contenida en 853 folios.
“Sedena lo que dice, y es lo que sostiene, es que se ha entregado todo lo que se tiene que entregar, desde hace tiempo, que todo sea entregado”, expresó la presidenta.
Sheinbaum casi descartó que vuelvan a la investigación del caso Ayotzinapa los integrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), al que el Ejército debe entregar los folios según la resolución del juez. La presidenta dijo que por consultas que se han hecho, los integrantes del GIEI no estarían muy abiertos a los actuales esquemas de investigación.
En cambio, Sheinbaum planteó que pedirá a la ONU que recomiende especialistas que participen en las investigaciones.
“Lo que hice fue pedirle a la representación del Alto Comisionado de Naciones Unidas en México, que pudiera presentarnos algunos expertos.
“A partir de que llegamos, en su momento, solicitamos al fiscal Gertz Manero que se cambiara al fiscal del caso Ayotzinapa.
“Entró un nuevo fiscal, que está analizando con nuevas líneas de investigación, herramientas y métodos de investigación que no se habían usado previamente; entre ellos, una valoración mucho más intensa de las llamadas de teléfono de esa noche y los días posteriores, que se analizaron, pero, desde la perspectiva de este nuevo fiscal, no con suficiente análisis.
“Esto ha llevado a nuevas detenciones, a nuevos sitios de búsqueda y a otras investigaciones con nuevas detenciones.
“Entonces, en esta perspectiva es que nosotros planteamos, al Alto Comisionado de Naciones Unidas, que pudiera apoyar con expertos internacionales.
“Los expertos que estuvieron en el GIEI, hay algunos padres de familia que siguen pidiendo que estén. Ellos –como ustedes saben– tenían una visión. Nosotros hemos preguntado, a través de (el subsecretario) Arturo Medina, si estarán dispuestos a abrir este nuevo esquema de investigación que se está haciendo, y no están muy abiertos a ello. Entonces, todavía se sigue platicando con ellos.
“Pero lo que sí hemos solicitado al Alto Comisionado son expertos, que recomiende Naciones Unidas, para que puedan dar certeza, digamos, de que este nuevo esquema de investigación que se está siguiendo es válido, está bien hecho, tiene las suficientes herramientas.
“Lo que es cierto es que ha llevado a nuevas detenciones y nuevas líneas de investigación”.
También en la conferencia de ayer, la presidenta confirmó que se encuentra en manos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el análisis de la resolución de un tribunal colegiado de Tamaulipas, que en 2018 ordenó crear una comisión para la investigación y la justicia del caso Iguala.
La presidenta Sheinbaum calificó ayer de “muy cuestionable” esa resolución, “pero lo tiene que decidir la Corte”.
Explicó por qué es cuestionable la orden del tribunal de Tamaulipas: “ahí se liberó a muchas personas presuntamente por haber sido torturados, pero se liberó a otros que no necesariamente habían vivido tortura y que pudieran haber tenido información. Esto se explicó de manera muy amplia en su momento con el presidente López Obrador, ese proceso está en la Corte”.
Ante las preguntas de la re-portera de Proceso, que en un momento causaron aparente confusión, la presidenta adelantó que dedicará un apartado especial para hablar sobre el caso Ayotzinapa.
Informará la Fiscalía, dice sobre la funeraria de Iguala
Sobre la revisión que llevaron a cabo padres y madres de los 43 en la funeraria El Ángel en Iguala donde se encontró una bolsa con restos óseos humanos, la presidenta dijo que la Fiscalía General de la República se encargará de reportar al respecto.
“Para abrirlo ya públicamente y que se conozca más a detalle, yo sí quisiera que fuera la propia Fiscalía, el fiscal, para que no interfiera en la propia investigación”, dijo la presidenta.
Sheinbaum expuso que en su momento la funeraria apareció en las investigaciones del GIEI, además de que se consideró que operaba de forma irregular, pero el Grupo consideró que no había más que investigar.
“Las nuevas investigaciones, en efecto, no quiero yo dar más información porque no sé si interfiere en las propias investigaciones, llevaron a este lugar que operaba de manera muy irregular. Es un caso que viene ya desde hace varios meses”, precisó.
La presidenta agregó que se detuvo a los dueños de la funeraria y que hay una “investigación muy profunda” y que encomendó al subsecretario de Gobernación a que les explicara a padres y madres de los 43.
Este domingo, el abogado Isidoro Vicario Aguilar informó que la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el Caso Ayotzinapa dio a conocer a padres y madres de los 43 el hallazgo de una bolsa con restos óseos humanos que data del 2014, en la funeraria El Ángel en Iguala.
Las funerarias El Ángel y Rueda fueron aseguradas en octubre pasado por la Unidad, además de que sus dueños, Rodolfo Rueda Sebastián y su hijo, Rodolfo Rueda Mazón fueron detenidos.
Demandan los padres de los 43 no más trabas y que el Ejército entregue los documentos
El abogado de las madres y padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos, Isidoro Vicario Aguilar pidió que las autoridades del Estado mexicano lejos de poner obstáculos para llegar a la verdad, tendrían que dar cumplimiento a la resolución que ordena al Ejército entregar 853 documentos generados en 2014 por el Centro Regional de Fusión de Inteligencia (CRFI) con sede en Iguala.
El 4 de marzo se conoció que el Juez Quinto de Distrito en Materia Administrativa en la ciudad de México, Alan Arriola Padilla ordenó al Ejército entregar al Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) y a la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa (Covaj) un total de 853 documentos de inteligencia que generó en Iguala, durante 2014.
El Juez dictó esta orden judicial al conceder el amparo, presentado el 15 de agosto de 2023, a los padres de los 43 normalistas desaparecidos, contra la negativa de dar acceso y entregar toda la información generada por instancias militares de inteligencia (El Sur, 5 de marzo).
El abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, no descartó que el Ejército haya recurrido a la petición de un recurso de revisión contra la sentencia, para lo cual tenía un plazo de 10 días, y éste lo conocería en segunda instancia un Tribunal Colegiado o incluso la Suprema Corte, de lo cual dijo, hasta las 10 de la noche de este lunes no tenían información si es que el Ejército ya se inconformó, porque no habían sido notificados.
Declaró que los padres piden que “tanto la Sedena (Defensa) como las otras autoridades responsables, tendrían que dar cumplimiento a lo ordenado por el Juez, porque no es un capricho, sino que tienen que acatar a cabalidad una resolución judicial, y se tiene que cumplir”.
Agregó que las autoridades responsables, en este caso el Ejército, como parte del Estado mexicano tiene que mostrar voluntad para que se esclarezca el caso Ayotzinapa, un caso emblemático de violaciones graves de derechos humanos, “entonces, todas las instituciones deberían de aportar para esclarecer el hecho”.
Pidió que, “lejos de que las autoridades pongan obstáculos, tendrían que dar cumplimiento a esa resolución, lejos de que las autoridades responsables, en este caso el Ejército, se inconforme, no, más bien tendría que mostrar esa voluntad como una institución parte del Estado mexicano en esclarecer este caso”.
Apeló a que las instituciones del Estado mexicano aporten la información para esclarecer el caso de los 43, y no poner más obstáculos en el sentido de recurrir a un recurso de revisión, como en estas resoluciones que se han dictado a favor de los padres.
Aclaró que no sólo es un interés particular de los padres y las madres de los 43 jóvenes desaparecidos, sino que es de interés del pueblo de México conocer la verdad de lo que ocurrió en Iguala hace más de 11 años.
De lo dicho por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo de que la Defensa Nacional dice que se ha entregado toda la información en su posesión, el abogado de los padres lamentó la insistencia de “proteger a una institución de la que hay datos y elementos de que oculta o de que tiene información”.
Destacó que los padres no pretenden manchar la imagen del Ejército como institución, pero que, si hay responsables directos en el caso Ayotzinapa, la propia institución tiene que poner a disposición de las autoridades competentes a los implicados.
“Lo único que se quiere es acercarse a la verdad, saber lo que ocurrió la noche del 26 de septiembre de 2014, saber el paradero de los 43 estudiantes, y no manchar una institución, dejarla en mal y mucho menos pelear contra las instituciones del Estado mexicano”, enfatizó.
Los detenidos en Iguala por la FGR aún no están acusados de la desaparición de los 43
Los detenidos en los cateos a las funerarias y casas de Iguala por la Fiscalía General de la República (FGR) desde octubre pasado, entre ellos el nutriólogo Irving Arroyo y el director de Tránsito y Movilidad, Mauro Antonio Mosso Benítez, están por diversos delitos pero no han sido vinculados a la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
El abogado del Centro de Derechos Humanos de La Montaña, Tlachinollan, y representante legal de los padres de los 43 normalistas, Isidoro Vicario Aguilar informó que las autoridades federales que investigan el caso no les notificaron de las detenciones que se han ejecutado en Iguala porque los detenidos no están siendo procesados por la desaparición de los estudiantes.
El viernes una comisión de madres y padres acompañados por sus representantes legales participaron en una diligencia en las instalaciones de la funeraria El Ángel que comparte espacio con el Servicio Médico Forense (Semefo), que estaba concesionado a la familia Rueda desde 2011.
En la diligencia les informaron del hallazgo de una bolsa con restos humanos etiquetada de 2014 que estaba entre otros restos de diferentes fechas que no han sido reclamados o entregados a sus familiares, además del hallazgo de un horno clandestino con manchas en el piso de presunta grasa humana, ropa y otros objetos como una prótesis y un colchón quemado.
Isidoro Vicario declaró que las autoridades federales que investigan el caso les informaron que no fueron notificados de las últimas detenciones realizadas en Iguala porque esas personas no están siendo procesadas por la desaparición de los 43 jóvenes.
A pregunta directa de las detenciones ejecutadas en octubre de los dueños de las funerarias Rueda y El Ángel, Rodolfo Rueda Sebastián y su hijo Rodolfo Rueda Mazón, del nutriólogo Irving Arroyo Aranda, y del director de Tránsito, Mauro Antonio Mosso Benítez, Vicario Aguilar dijo que de acuerdo con la información que les dieron las autoridades no están procesados por el delito de la desaparición de los 43 muchachos.
“De esas detenciones no nos notificaron, lo que dicen las autoridades es que están siendo procesados por delitos diversos y no por la desaparición de los 43”, indicó el abogado.
En declaraciones ofrecidas por teléfono el domingo, Vicario Aguilar explicó que lo que las autoridades les informaron es que a esas personas las detuvieron, “porque las encontraron en esos lugares y es por delitos diversos, no por la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa”.
Las órdenes de cateo ejecutadas por la Fiscalía General de la República (FGR) y la Unidad Especial que investiga el caso Ayotzinapa, derivan de información aportada por testigos protegidos y detenidos que han señalado las propiedades y las casas, y a esas personas las detuvieron por estar en el lugar al momento de la ejecución judicial.
Registros de El Sur indican que el 9 de marzo fueron detenidos los dueños de las funerarias, colocando en sus propiedades sellos por los delitos contra la salud porque presuntamente les hallaron droga y por desaparición forzada, este último en las instalaciones donde se investigan los hornos crematorios y el hallazgo de una bolsa con restos humanos.
Mientras que al nutriólogo Irving Arroyo, fue detenido el 26 de noviembre en un cateo en su casa en la colonia Nicolás Bravo, y de acuerdo con las autoridades federales, se le encontró un arma y presunta droga. Sus familiares también han informado que su vinculación a proceso fue por esos delitos y no por el caso Ayotzinapa.
En tanto que el director de Tránsito, Mauro Mosso, fue detenido el 3 de marzo en su casa del fraccionamiento Villas del Rey, a quien durante la operación le aseguraron dos armas de fuego, cartuchos, un cargador, dosis de droga y equipo de comunicación.
De acuerdo con los oficios pegados en la puerta de la casa del ex funcionario, que de acuerdo con vecinos antes había sido rentada a otras personas, se informó que “dicho inmueble se encuentra relacionado con las actividades delictivas de la organización delictiva Guerreros Unidos, pues en el mismo se llevan a cabo reuniones y tratos de trasiego de drogas”. Asimismo, “lo relaciona con los hechos del 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala”.
Campaña de apoyo al nutriólogo
Familiares del nutriólogo Irving Arroyo, detenido el 26 de noviembre y recluido en el penal de máxima seguridad de El Altiplano en el Estado de México, iniciaron este domingo una campaña para recolectar firmas en la plataforma Change.org con la intención de visibilizar el caso y exigir a las autoridades en México que haya respeto al debido proceso.
“Hoy más que nunca la voz de todos importa. Se ha creado una petición en Change. org para el caso de Irving, con el objetivo de seguir visibilizando la importancia de un proceso justo, basado en hechos y con respeto al debido proceso”, dice la petición que hasta las 9:30 de la noche había logrado 440 firmas.
“Irving es nutriólogo y ha trabajado desde el 2013 en el Centro de Salud Agustín Batalla (de Iguala), donde es ampliamente reconocido por su vocación de servicio, ética profesional y compromiso con la salud de la comunidad. A lo largo de los años, ha impactado positivamente la vida de muchas personas, brindando orientación, apoyo y atención con un profundo sentido humano”, se lee en parte de la petición difundida en la ONG.
Redacción, Juan Luis Altamirano y Alejandro Guerrero/ Foto: Cuartoscuro
