Rubén Aguilar Valenzuela
El 1 de octubre por la noche, elementos del Ejército mataron a seis migrantes e hirieron a diez en la carretera Villa Comaltitlán-Huixtla en el estado de Chiapas.
Se sabe que ese tramo es utilizado intensamente como un “corredor” por los migrantes en su entrada a nuestro país y en su internamiento al territorio.
En el comunicado de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) señala que a las 20:50 horas soldados que realizaban un patrullaje detectaron un vehículo tipo pick up que iba a alta velocidad y que al ver al personal militar intentó huir.
Detrás de ese vehículo se desplazaban dos camionetas de redilas “como las que usan los grupos criminales en esa región”. Y añade que “personal militar manifestó escuchar detonaciones por lo que dos elementos accionaron su armamento, deteniendo su marcha una de las camionetas de redilas”.
Y “al acercarse el personal identificó a 33 migrantes de nacionalidad egipcia, nepalí, cubana, hindú, pakistaní, y árabe de los cuales cuatro habían fallecido, 12 lesionados y 17 ilesos”.
A los heridos se les prestó ayuda y se les trasladó al Hospital General en Huixtla. Ya en ese lugar dos migrantes más perdieron la vida. Los 17 migrantes ilesos se entregaron al Instituto Nacional de Migración (INM), que en los hechos actúa como cárcel.
La Sedena hizo saber que los militares que dispararon fueron separados de sus funciones y como en los hechos se vieron afectados civiles se informó a la Fiscalía General de la República (FGR) “para que se realice las diligencias legales correspondientes y determine y deslinde las responsabilidades que correspondan”.
Esto “sin perjuicio de que la Fiscalía General de Justicia Militar realice las investigaciones respecto a la disciplina militar”. En el comunicado la Sedena dice que “en el ámbito de su competencia, refrenda su compromiso de actuar con estricto apego al estado de derecho, bajo una política de cero impunidad”.
Pregunté a un militar del más alto rango su valoración del hecho y me respondió: Es un hecho lamentable expresión de la falta de capacitación permanente y de la aplicación precisa de los protocolos. Quien debió ser separado de sus funciones era quien comandaba la unidad y no los soldados.
Este no es un hecho aislado, como lo afirma Eunice Rendón (El Universal, 04.10.24) cuando señala que en octubre pasado integrantes del Ejército en un enfrentamiento, en Chihuahua, mataron a dos migrantes y en 2021, en Motozintla, Chiapas, militares mataron a un migrante de origen guatemalteco.
Hay otros muchos casos de civiles asesinados por militares de manera extrajudicial como lo demuestran con información sólida Paris Martínez, Daniel Moreno y Jacobo Dayán en Permiso para matar (Ariel, 2024). En su recuento documentan 1854 víctimas a manos de fuerzas de seguridad del Estado.
En el texto afirman que en la mayoría de las ocasiones la indignación que provocaron estos casos fueron contenidos rápidamente “por las autoridades con argumentos carentes de sentido “se investigará”, “caiga quien caiga”, “no habrá impunidad” (…)”.
Rendón advierte: “es crucial que el Estado mexicano reconozca la gravedad y recurrencia de las violaciones de los derechos humanos cometidos por las fuerzas armadas, ya sea por negligencia o participación directa, atendiendo esta problemática de manera focalizada”. ¿El caso de la carretera de Villa Comaltitlán – Huixtla será igual que siempre? ¿Habrá culpables?
El gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum arranca con una matanza de seis migrantes a manos de integrantes del Ejército. Voy a dar seguimiento al caso y por esta vía daré a conocer su resultado.
@RubenAguilar
