“Los militares han ocultado, destruido o negado la existencia de documentos con información sobre violaciones de derechos humanos y han presionado a las autoridades para que retiren los cargos penales contra los soldados implicados”, dice en su Informe Mundial 2025
Acapulco, Guerrero, 21 de enero de 2025. La organización internacional Human Rights Watch señala en su informe anual recientemente publicado que los militares mexicanos han obstruido las investigaciones y procesos penales del secuestro y desaparición forzada de los 43 alumnos de Ayotzinapa de 2014.
“Los militares han ocultado, destruido o negado la existencia de documentos con información sobre violaciones de derechos humanos y han presionado a las autoridades para que retiren los cargos penales contra los soldados implicados”, dice el capítulo sobre México del Informe Mundial 2025, dado a conocer el jueves pasado y que puede ser consultado en la página de internet de la organización de derechos humanos.
En el subcapítulo Abusos militares, Human Rights Watch dice que en septiembre pasado el Congreso de la Unión modificó la Constitución mexicana, “para eliminar la disposición que prohibía a los militares ejercer funciones no militares en tiempos de paz”.
Asimismo, “darle a la Secretaría de la Defensa el control permanente de la Guardia Nacional, el principal organismo federal de seguridad pública, y facultar oficialmente a la presidenta para desplegar indefinidamente a los militares dentro del territorio nacional a su discreción”.
La organización de derechos humanos afirma que “durante décadas, las Fuerzas Armadas han sido desplegadas para combatir el narcotráfico y el crimen organizado, así como para llevar a cabo otras tareas gubernamentales, con una supervisión civil extremadamente limitada”.
“Los militares han estado implicados en graves abusos contra civiles, incluyendo torturas, detenciones arbitrarias, ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas. Las acusaciones contra militares rara vez son investigadas eficazmente por las autoridades civiles”.
Con fecha de corte a septiembre pasado, suman 232 mil 761 soldados, marinos y elementos de la Guardia Nacional desplegados por todo el país, de 2007 a julio de 2024, el Ejército reportó 5 mil 696 muertes en operaciones militares, “a la mayoría, las acusa de haber pertenecido a grupos criminales. Estas muertes no suelen ser investigadas de forma independiente por las autoridades civiles”, advierte la organización.
El informe dice que “los militares han obstruido las investigaciones y procesos penales sobre violaciones de derechos humanos cometidas en el pasado, incluyendo el secuestro y desaparición forzada de los 43 alumnos de Ayotzinapa en 2014 y los abusos generalizados cometidos por las Fuerzas Armadas durante la Guerra Fría (en aparente referencia a la guerra sucia o época de terrorismo de Estado de la década de 1970)”.
“Según los investigadores de estos casos, los militares han ocultado, destruido o negado la existencia de documentos con información sobre violaciones de derechos humanos y han presionado a las autoridades para que retiren los cargos penales contra los soldados implicados”.
Durante la conferencia matutina del viernes pasado en Acapulco, El Sur le preguntó a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo sobre el caso Ayotzinapa y la solicitud de los padres de los 43 de que el Ejército entregue la información sobre la noche del 26 de septiembre de 2014.
La mandataria federal dijo que hay “un equipo que está trabajando en la revisión de todas las carpetas de investigación y de algunos elementos que no fueron considerados durante todo el proceso, no por otra cosa, sino porque es bueno que haya un equipo nuevo que revise nuevamente el caso, desde lo que pasó la noche de la desaparición de los estudiantes”.
Afirmó que el Ejército, “ha estado colaborando desde el momento que entró el presidente (Andrés Manuel) López Obrador y ahora, también en todo lo que se requiera. Incluso, hay algunas personas que están detenidas, que fueron… que son elementos del Ejército, y han seguido colaborando en todo lo que sea necesario”.
Sheinbaum Pardo dijo que se está realizando una “revisión integral que ha llevado a nuevas detenciones, y vamos a seguir trabajando, ese caso va a seguir siendo parte de nuestras prioridades”.
En la edición de ayer se publicó la declaración del abogado de los familiares de los normalistas, Vidulfo Rosales, quien dio a conocer que la presidenta de México informó a los padres en diciembre pasado de un nuevo equipo de investigación, que ya dio resultados con la detención de Alejandro Palacios Benítez, conocido como El Cholo Benítez, presunto jefe de plaza de Iguala de Guerreros Unidos, y vinculado a proceso en noviembre.
Texto: Ramón Gracida Gómez
