Ruta de Fuga
Andrés Juárez
La condición de ejidatario está casi siempre relacionada con marginación y pobreza. Ojo: eso es el resultado no el motivo –la paradoja del modelo mexicano de tenencia de la tierra consiste en personas con derechos agrarios, pero pobres. ¿Y qué pasa con el ejido al cruzar vulnerabilidad por condición económica con vulnerabilidad por edad? Resulta un obstáculo al desarrollo del ejido por participación fallida de personas con derechos agrarios pero con edad tan avanzada que no pueden definir la sucesión –o la herencia del derecho agrario– porque este es su único seguro de vida.
Los ejidatarios tienen derechos y obligaciones establecidos en la Ley Agraria. Tienen derecho, entre otros, a recibir un reparto equitativo de los beneficios económicos derivados de cualquier actividad realizada en la zona de uso común, como los aprovechamientos de madera, el ecoturismo o cualquier otra empresa colectiva del ejido. Los ejidos se dividen en una zona parcelada, el núcleo de población y la zona de uso común. La zona parcelada es en la que cada ejidatario posee una porción privada y decide qué se hace en ella –normalmente es enajenada a personas que no tienen el derecho agrario o reconocimiento como “ejidatario”, después de la reforma al artículo 27 constitucional de 1994; y están las porciones colectivas, como la parcela escolar, la parcela del templo o la parcela de mujeres, mientras que la zona de uso común es donde la Asamblea General determina cómo se maneja.
Las obligaciones para tener ese y otros derechos son diversas: asistir a todas las asambleas generales, que pueden ser de tres a 12 al año; participar en las faenas que decida hacer el ejido cada mes –de limpieza del pueblo, de mantenimiento del bosque, de arreglo de caminos, de construcción– y dar las cooperaciones monetarias que se determinen.
Los ejidatarios de mayor edad esperan un año para recibir el reparto de los beneficios económicos que en muchos casos es el único ingreso que tienen para cerrar el año. A cambio deben cumplir con las obligaciones, por ejemplo, subir al monte a hacer brechas cortafuego o en su defecto pagar a un jornalero que lo haga por ellos. El problema es que la mayoría ya no tiene la fuerza necesaria para hacerlo por sí mismos ni el dinero para pagar al jornalero. ¿Qué se puede hacer? Las asambleas generales normalmente exigen a los ejidatarios de la tercera edad que cumplan con sus obligaciones o que den el paso de la sucesión (herencia de derechos).
Lo que ocurre en la realidad es que los ejidatarios prometen a un hijo, hija, esposa o a cualquier otra persona que será el sucesor y con ello se aseguran –o al menos sienten que se aseguran– cuidados mínimos necesarios hasta el día de su muerte. Despojarse del derecho agrario antes de morir los deja en el desamparo aparente. Esa es la razón por la que muchos ejidatarios en condiciones físicas que les impiden cumplir con sus obligaciones no heredan el derecho. Y sin embargo, lo intentan.
En una reunión para elaborar un programa anual de trabajo, que duraría cinco horas de trabajo en salón y dos horas de recorrido de campo, uno de los asistentes tenía 90 años, ya no oía y era imposible que fuera al recorrido. Al ver la situación, pregunté al grupo por qué razón el señor estaba ahí. La respuesta fue que nombraron a la comisión responsable de elaborar el plan mediante el método de la lista y a él le tocó. Pregunté al grupo y me sigo preguntando: ¿en qué momento un ejido será capaz de jubilar a sus ancianos sin despojarlos del derecho agrario? Quitarles las obligaciones sin desprenderlos de su derecho. Ancianos de más de 80 años que ya trabajaron antes por mantener a flote el ejido ¿no merecen un descanso con el mínimo de privilegios?
Cerrar la brecha generacional en los ejidos es una tarea mayor, requiere de consensos y sensibilidad. Esta tarea se debe hacer con precisión de bisturí. Imposible pensar en una política pública, porque las condiciones de los miles de ejidos en el país son distintas entre sí; a cada ejido le corresponde una estrategia particular. Sin embargo, cerrar la brecha generacional sí requiere de una intervención de Estado –como he venido diciendo en esta pequeña serie sobre los ejidos– que vaya desde la revisión del marco normativo hasta la armonización de programas gubernamentales orientada a involucrar a los jóvenes en el manejo territorial y a solucionar el dilema de los viejos y sus saberes necesarios. El manejo y la conservación de los ecosistemas en manos de ejidos requiere de un inmenso esfuerzo físico –subir y bajar peñas y barrancas, limpiar el sotobosque, abrir brechas cortafuegos, apagar incendios– en el que los jóvenes son necesarios, pero también requiere de la experiencia y de la sabiduría de los viejos. ¿Cómo conjugamos las dos?
La caminera
En tiempos aciagos del Covid-19 los viejos del campo suman vulnerabilidades por edad, por marginación –lejanía de centros de atención médica–, por desnutrición, por abandono. ¿Qué hacemos frente a la evidente insuficiencia de las transferencias directas, muy escasas, que no logran en muchos casos ni siquiera aliviar?
@feozem
