Ciudad de México, 15 de mayo de 2026.- El ex secretario de Seguridad de Sinaloa, Gerardo Mérida Sánchez, se entregó a las autoridades de Estados Unidos, reconoció hoy en forma tácita el Gabinete de Seguridad de México.
En un mensaje en su cuenta de X, el Gabinete dijo que Mérida “ingresó a Estados Unidos desde Hermosillo, Sonora, el pasado 11 de mayo, y cruzó por la Garita de Nogales hacia Arizona, donde quedó bajo custodia” del Servicio de Marshals, un cuerpo policial del sistema de justicia federal.
Agregó que el gobierno mexicano, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, “mantiene comunicación institucional con las autoridades estadounidenses, en el marco de los mecanismos de cooperación internacional”.
Mérida Sánchez es un general de división del Ejército mexicano en retiro. De acuerdo con documentos judiciales federales fechados el 12 de mayo de 2026, enfrenta acusaciones de conspiración para la importación de narcóticos, así como posesión y conspiración para poseer ametralladoras y artefactos destructivos.
En la misma causa hay otros nueve acusados, entre funcionarios y ex funcionarios de Sinaloa, entre ellos el gobernador con licencia Rubén Rocha Moya y el senador por Sinaloa Enrique Inzunza, ambos del partido Morena.
La captura de Mérida Sánchez ocurrió el 11 de mayo. Un día después, el imputado compareció ante el magistrado Eric J. Markovich, en Tucson, Arizona.
Durante una audiencia de apenas dos minutos, el acusado renunció a su derecho a una audiencia de identidad y aceptó ser trasladado al Distrito Sur de Nueva York, donde se encuentra radicado el expediente principal identificado como “1:23-cr-00180-KPF”.
El gobernador con licencia Rocha tiene custodia federal, según informes oficiales. El senador Inzunza es miembro de la Comisión Permanente del Congreso, ahora en funciones durante el receso legislativo, pero no ha asistido a las sesiones de ese órgano.
Estados Unidos pidió a México la detención de los 10 acusados con fines de extradición, pero la Fiscalía General de la República mexicana declaró que no había pruebas suficientes para ejercer la acción penal.
La presidenta Claudia Sheinbaum convalidó esa decisión y pidió a las autoridades estadounidenses que presenten pruebas para proceder eventualmente contra los señalados.
Redacción, con información de Agencia Reforma
