Silvestre Pacheco León
Además de la diversidad ambiental y de las bellezas naturales que junto con las tradiciones pluriculturales hacen rico a nuestro estado como atractivo turístico, Guerrero cuenta también con una experiencia indígena ancestral para la producción de alimentos que por siglos nos permitió la sobrevivencia, hasta que con la irrupción del modelo económico que optó por la compra de alimentos al exterior se abandonó la tierra y se puso en riesgo el propio conocimiento acumulado y hasta la supervivencia, como hechos que luego dieron origen a la siembra de estupefacientes con su secuela de violencia provocando la emigración que hoy constituye uno de los fenómenos más graves para la convivencia entre países.
Frente a esta realidad que nos empobreció empujándonos al vacío de la violencia donde la siembra de droga se convirtió en alucinante tabla de salvación, el campo guerrerense se abrió paso en el año 2018 como elemento adelantado de la 4T porque los campesinos optaron por el camino de la paz y el trabajo, recompensado hoy con el reparto gratuito de fertilizante.
Independientemente de las dificultades que se han presentado para la entrega oportuna del insumo preciado a los campesinos temporaleros, todo parece indicar que el programa en manos del gobierno federal tendrá mejores resultados que cuando su manejo dependía del gobierno estatal.
No hablemos de lo que representa para las finanzas estatales y municipales la liberación de esa responsabilidad que, ya institucionalizada, comprometía buena cantidad del presupuesto del gobierno local y prácticamente todo el comprendido por el Ramo 33 en el caso de los ayuntamientos, sino que la federalización de dicho programa traerá ventajas adicionales que ni se imaginan quienes interesadamente promueven y realizan los bloqueos de carreteras en aras de dificultar la entrega oportuna del insumo.
De acuerdo con el plan que ha dado a conocer la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, Sader, en 45 días (¡!) que se cuentan del 15 de mayo al 30 de junio, los 453 mil campesinos enlistados en el Registro Universal de beneficiarios de dicho programa recibirán, por hectárea, un paquete de insumos con un costo superior a los 4 mil 800 pesos que incluye cuatro bultos de sulfato de amonio, dos bultos de fosfato, una dosis de biofertilizante y un bulto de semilla mejorada con la asistencia técnica requerida para garantizar un incremento en la producción de alimentos del 25 por ciento, una cifra estratosférica frente al debatido crecimiento económico en el país cuya apuesta se mueve del uno al cuatro por ciento para este año.
Para alcanzar ese propósito en el campo guerrerense, por el que han hecho causa común los tres órdenes de gobierno, la Sader instaló 133 centros de distribución en el estado que garantizarán la entrega de esos paquetes a todos los participantes del programa antes del establecimiento normal de las lluvias, comenzando con las regiones de la Montaña, Tierra Caliente y la Norte.
El reto para los guerrerenses
El programa y su ejecución que para los guerrerenses tiene una importancia semejante al reto que se ha tomado frente a Trump, cuenta bondades amplias en las cuales es necesario reflexionar porque se trata de un empeño del gobierno federal por saldar la deuda histórica que la federación tiene con el pueblo guerrerense por su aporte al desarrollo del país.
La entrega del fertilizante gratuito a todos los campesinos con ganas de sembrar es un programa estratégico porque busca garantizar la seguridad alimentaria a partir de nuestros propios recursos, sin depender del exterior, al tiempo que crea una opción de empleo temporal productivo que servirá para recuperar y mejorar nuestros suelos y arraigará a la gente a sus pueblos evitándoles el sufrimiento que supone la separación de las familias cuando es obligada la emigración.
Entre las ventajas de la federalización del programa se cuenta que hubo un ahorro del 30 por ciento en la compra de la misma cantidad de fertilizante de otros años, que deja en mil millones la cifra de la inversión pública destinada a la adquisición del insumo, lo cual permitió la liberación de recursos para la adquisición de la semilla mejorada como eficaz alternativa para garantizar la cosecha porque es resistente a la sequía y a las plagas.
De acuerdo con lo que afirma el titular de la Sader, Víctor Villalobos, con el paquete de insumos junto con la semilla mejorada y la asesoría técnica, la producción se elevará hasta en un 25 por ciento, lo cual significará un salto cualitativo en la agricultura local, pues de acuerdo con estos datos del propio funcionario, la cosecha de maíz pasaría de 1 millón 190 mil hasta casi un millón y medio de toneladas.
Por otra parte ha sido notorio en el presente año que el solo anuncio de la federalización del programa de fertilizante gratuito hizo cambiar de actitud a muchos miles de campesinos que confiados en el nuevo gobierno voltearon al campo para verlo como una opción de empleo lo cual puede modificar radicalmente el cuadro actual de siembra que habla de 441 mil hectáreas de maíz, 12 mil de frijol y 139 mil de arroz, pues los dos últimos granos podrían incrementarse mejorando y elevando la calidad y cantidad del alimento diario.
Quizá el cambio de actitud de los campesinos con esta nueva opción explique en parte el hecho de que en el presente año se hayan anotado en el Registro Universal de solicitantes de fertilizante poco más de 400 mil campesinos, cien mil más de los 300 mil que reportaba el gobierno del estado como beneficiarios en los años anteriores.
A reserva de saber cuántos de esos nuevos miles que solicitaron su inclusión en el programa cuentan con el respaldo de las hectáreas de tierra en su posesión, el dato es también revelador porque habla de que había un alto nivel de exclusión en un programa tan estratégico para garantizar la alimentación y reducir la emigración.
Claro que aún está en proceso de verificación el incremento en el número de solicitantes y el respaldo en sus hectáreas de tierra, lo cual abre la posibilidad de ubicarnos en el camino de otra realidad que puede ser la mejoría económica de los campesinos que han venido sembrando por su cuenta, sufragando con recursos propios la compra del fertilizante a través de los intermediarios privados.
Por otra parte y gracias a la transparencia del programa que ahora se ha vuelto obligatoria, los interesados podremos conocer, además del nombre de los beneficiarios por municipio y comunidad, cada caso donde se registren sesgos en la información, porque lo que ahora se sabe es que en la mayoría de los municipios (56 de los 81) hay irregularidades notables, tales que en la lista de beneficiarios aparece casi el doble de campesinos respaldados por apenas la mitad de hectáreas registradas, como es el caso de los municipios de Acapulco, Chilpancingo, Acatepec y Ayutla.
Para tener más idea acerca de la información que se necesita precisar es importante tener presente que los datos oficiales reportan que en Guerrero la frontera agrícola es de 450 mil hectáreas, y ahora aparecen en el Registro Universal 401 mil campesinos que amparan una superficie de 885 mil hectáreas cultivables.
