Fue comandante de la 35 Zona Militar cuando desaparecieron los 43 normalistas, y tuvo conocimiento de los hechos a través del C4. Hay que esperar a que el Poder Judicial decida responsabilidades, pide AMLO. Demanda el GIEI acceso a toda la información que obtuvo la ComVerdad. Rechaza García Harfuch relación con la “verdad histórica” y lo apoya Sheinbaum
Ciudad de México y Chilpancingo, Guerrero, 23 de agosto de 2022. La Fiscalía General de la República (FGR) notificó a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) las órdenes de aprehensión libradas en contra de 20 militares, tanto mandos como elementos de tropa, implicados en el caso Ayotzinapa; el de más alto rango en la lista es el general de división Alejandro Saavedra Hernández, comandante de la 35 Zona Militar cuando desaparecieron los 43 estudiantes.
El objetivo de la notificación oficial es que la Sedena proceda a localizar a estos elementos pertenecientes a los batallones 27 y 42 de infantería, y sean presentados ante las autoridades.
Según información publicada ayer en La Jornada y MVS Noticias, los militares pertenecen a los batallones 27 y 41 de infantería, que tenían sus cuarteles en Iguala en 2014, cuando desaparecieron los 43 estudiantes, y estuvieron de guardia cuando desaparecieron los 43 estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos.
El juez segundo de procesos penales federales, con sede en Toluca, Estado de México, libró el viernes 83 órdenes de aprehensión en contra de funcionarios de los tres órdenes de gobierno que intervinieron en el caso de la desaparición de los 43 normalistas, incluyendo los 20 militares.
En la lista, el de más alto rango es el general Alejandro Saavedra Hernández, comandante de la 35 Zona Militar, con sede en Chilpancingo, quien según el informe de la Comisión de la Verdad tuvo conocimiento de los hechos de la noche del 26 de septiembre de 2014, pues fueron captados por las cámaras del C4, a las cuales tenía acceso directo.
Meses después, Saavedra Hernández fue ascendido a general de división, nombrado comandante de la Novena Región Militar, y posteriormente fue designado inspector y contralor general del Ejército y Fuerza Aérea, y luego jefe del Estado Mayor de la Defensa Nacional, el 30 noviembre de 2017. Finalmente fue director del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas (ISSFAM), hasta el 2 de marzo de 2021.
Las 83 órdenes de aprehensión libradas el viernes a petición de la FGR por el juez segundo de Procesos Penales Federales con sede en Toluca, son por delincuencia organizada, desaparición forzada, tortura, homicidio y delitos contra la adinistración de justicia.
En los 83 casos están, además de los 20 militares, cinco autoridades administrativas y judiciales del estado de Guerrero. Además 26 policías de Huitzuco, seis de Iguala y uno de Cocula y 14 miembros del grupo criminal Guerreros Unidos.
La FGR informó el viernes que las 83 personas están vinculadas con lo ocurrido en Iguala el 26 y 27 de septiembre de 2014 y fechas posteriores.
La orden fue no intervenir
A Saavedra Hernández se le señala de ignorar las llamadas de alerta y grabaciones del C-4, al cual tenía acceso, sobre el ataque y desaparición de los estudiantes, así como el asesinato de seis personas la noche del 26 de septiembre de 2014 en Iguala.
Se reportó que los miembros del 27 Batallón de Infantería tuvieron los reportes de los hechos delictivos esa noche, se los hicieron saber al coronel José Rodríguez Pérez -también indagado- y este, a su vez, lo reportó a Saavedra Hernández, pero la orden fue no intervenir.
En respuesta, los militares sólo patrullaron la ciudad, se toparon con heridos graves, escucharon relatos, el cuartel fue informado, pero se ordenó no actuar.
En el Informe de Ayotzinapa, presentado el pasado 18 de agosto, sólo aparece el nombre de Saavedra Hernández entre una decena de funcionarios que aseguran pactaron la “Verdad Histórica” del entonces Gobierno de Enrique Peña Nieto.
Tras el hecho en Iguala, Saavedra Hernández fue uno de los hombres importantes en las estrategias de seguridad en el inicio de la Administración del priista Héctor Astudillo como Gobernador de Guerrero, sobre todo como comandante de la novena Región Militar, en Acapulco.
Saavedra Hernández también ejerció los cargos de Agregado Militar y Aéreo en la Embajada de México en Canadá; Comandante de las Zonas de Zacatecas, Irapuato, Pachuca y Chilpancingo y de la Región Militar de Guerrero, así como director general de Seguridad Social Militar y de Artillería.
Incluso en julio de 2018 figuraba entre los seis Generales de División que se mencionaba en fuentes castrenses como posibles titulares de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
Hay que esperar a que el Poder Judicial decida responsabilidades sobre Ayotzinapa: AMLO
El presidente Andrés Manuel López Obrador declaró que en las investigaciones del caso de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa aparecerán nombres de funcionarios pero que se deberá esperar a que el Poder Judicial decida sobre las responsabilidades.
“Ya es la fiscalía la que está procediendo solicitando órdenes de aprehensión al Poder Judicial, a los jueces, que son los que van a impartir justicia. Si la fiscalía o los jueces determinan que hay otros implicados, ellos lo van a decidir en absoluta libertad (…) Hay que esperar a que el Poder Judicial, el juez sea el que decida sobre la responsabilidad y hasta dónde llega”, dijo.
Durante la conferencia matutina de este lunes, al mandatario se le cuestionó si el titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, Omar García Harfuch, tendría que ser separado del cargo debido a que su nombre apareció en la investigación.
García Harfuch era en 2014 comisionado de la Policía Federal en Guerrero, y según la FGR estuvo en la reunión donde el entonces procurador federal Jesús Murillo Karam fraguó la “verdad histórica”.
“No, es que van a salir muchos nombres, van a salir muchas cosas, pero eso no responsabiliza a nadie. Yo me tomé una foto con el presidente municipal de Iguala (José Luis Abarca) y con su esposa cuando fui candidato en Iguala, o sea, creo que Peña también… ¿y por tomarse una foto?”, respondió el Presidente.
El Ejecutivo aseguró que lo importante es conocer quiénes fueron los responsables de la desaparición forzada de los 43 normalistas el 26 de septiembre de 2014.
El mandatario mencionó que de acuerdo con el fiscal General Alejandro Gertz, tanto el ex procurador General, Jesús Murillo Karam, como el ex titular de la Agencia de Investigación Criminal, Tomás Zerón, son dos personas que asumieron responsabilidad.
“En el caso de Murillo, su detención, independientemente de declaraciones de los implicados, él mismo se inculpa, de acuerdo al informe y a la investigación de la fiscalía”, dijo López Obrador y en ese momento pidió que se reprodujeran las palabras de Gertz en el momento que se informó a los padres.
“Frente a la magnitud de los delitos cometidos el 26 y el 27 de septiembre de 2014 en Iguala, el Ejecutivo federal en ese momento intentó soslayar la responsabilidad del Estado mexicano ante un crimen desmesurado y brutal, y trató de adjudicarle la culpabilidad total de los hechos a las autoridades del estado de Guerrero y a sus policías municipales, que eran parcialmente responsables, pero la dinámica de lo que había ocurrido, que era imposible ocultar, se salió de su control y fue en ese momento cuando el procurador general de la República, Jesús ‘N’, se presentó ante los medios y señaló lo siguiente: ‘Estamos preparando un equipo de investigación, se trasladará el jefe de la agencia de seguridad y su servidor, que seremos los responsable directos de esta investigación’”, dice Gertz en el video.
“Ante esa afirmación, ahora hemos podido demostrar con pruebas ya judicializadas que el propósito evidente de quienes habían asumido tal compromiso era el de engañar a la población para encubrir lo ocurrido, y eludir las responsabilidades de autoridades federales y locales coludidas, adjudicando la brutalidad sucedida sólo a policías locales de Iguala, Cocula y Huitzuco, quienes entregaron a los estudiantes masacrados a uno de los cárteles que se disputaban el control de las drogas en esa ciudad”, añade Gertz.
“Para lograr lo anterior, los que se hicieron responsables de esa investigación cometieron un número incalculable de abusos, torturas y presiones para obtener las confesiones de dichos policías, adjudicándoles todas las responsabilidades que sus superiores estaban buscando eludir, para después inventar la supuesta verdad histórica, que señalaba que todos los estudiantes habían sido incinerados en el basurero de Cocula, para así concluir el caso y cerrarlo definitivamente.
“El proyecto de complicidad y encubrimiento movió todas sus redes mediáticas para lograr que ese asunto terminara y se cerrara”, concluye Gertz en el video.
“Yo quería que este fragmento se conociera, lo que está haciendo el fiscal es citando lo que dijo el procurador en ese entonces: ‘Nosotros somos responsables’, dice, y creo que se refiere al otro señor, a Tomás Zerón. Son los dos que asumen la responsabilidad”, remata AMLO.
Descarta promover denuncias contra ex presidentes
A pregunta expresa de que si las investigaciones conducían de manera directa al ex presidente Enrique Peña Nieto, respondió que su postura ha sido que no se presentarían denuncias contra los ex presidentes y buscan iniciar una nueva etapa.
“El informe no solicita que se abra investigación o que se solicite orden de aprehensión contra Peña, pero sí contra otros, sí, a Murillo Karam, sí a otros personajes, y también militares…”, añadió AMLO.
–¿A (Salvador) Cienfuegos (ex secretario de Defensa)?
“Tampoco. Por eso hay que leer el informe”, respondió.
Sobre la detención de Murillo Karam y el comentario que realizó al finalizar la audiencia sobre que se había derrotado la presunción de inocencia, el presidente indicó que no “esas injusticias no pueden quedar impunes”. Aclaró que no tiene nada personal contra Murillo.
El mandatario opinó que en el caso de la desaparición de los estudiantes se deberán considerar dos acciones. La primera, concretamente la desaparición de los 43 estudiantes, mientras que la segunda es sobre la actitud de las autoridades para “ocultar los hechos”.
“Es lo que se conoce como la fabricación de la llamada verdad histórica, de cómo presentaron las cosas, cómo mintieron, y ahí intervinieron también funcionarios públicos (…) cómo fueron armando toda esta falsedad, incluso torturando personas, fabricando declaraciones.
“Ya se tiene en el informe una versión de lo sucedido esa noche, quiénes participaron y los horrores que se cometieron”, destacó.
También afirmó que en el informe se habla de que se tienen confesiones de quienes participaron en la desaparición y también la ejecución de los jóvenes. “Hay declaraciones muy fuertes, mucho, mucho muy fuertes sobre cómo se deshicieron de los jóvenes, eso está ahí”, declaró López Obrador.
Pide el GIEI acceso a toda la información que obtuvo la Comisión para la Verdad
El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) afirmó que no participó en la redacción del informe de la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia (Covaj) que dio a conocer el pasado jueves el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, de la Secretaría de Gobierno, Alejandro Encinas Rodríguez.
También, el GIEI pidió tener acceso “no sólo a lo que se incluyó en el informe sino a todo lo que se extrajo y a los dispositivos desde donde se obtuvo la información”, así como los “mensajes, como los dispositivos de los cuales fueron extraídos”. Todo ello es clave para evaluar las características, fiabilidad y calidad de la información señalada”.
Añadieron que una vez tengan acceso directo a esa información y la analicen a profundidad, compartirán sus valoraciones acerca de las nuevas revelaciones sobre el caso de la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa la noche del 26 y madrugada del 27 de septiembre de 2014.
Los integrantes del GIEI reiteraron su compromiso con los familiares del Caso Ayotzinapa, la sociedad y autoridades de México para coadyuvar a conocer la verdad completa del caso, incluyendo la búsqueda de los que aún se encuentran desaparecidos, insistiendo en la protección al debido proceso”.
Ayer en un comunicado firmado por Ángela María Buitrago Ruiz, Claudia Paz y Paz y Francisco Cox Vial, se indica que “luego de la presentación del Informe de la Presidencia de la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia (Covaj) del Caso Ayotzinapa, el 18 de agosto de este año”, como integrantes del GIEI conocieron el contenido del informe “cuando se presentó a los padres y madres, representantes y otros integrantes de la comisión en presencia del presidente de México (Andrés Manuel López Obrador) y altas autoridades del Estado”.
Detallaron que el texto completo les fue entregado a las 9 de la noche de ese 18 de agosto. Además, manifestaron que si bien hay eventuales “nuevas revelaciones en el esfuerzo de la Covaj en la investigación del caso, quien ha puesto todo el interés y el trabajo en ello”, deben insistir en que toda la información debe ser conocida de manera previa por los padres y madres.
Señalaron que el GIEl ha recobrado junto con la Comisión de la Verdad muchos de los medios de prueba que quedaron registrados en su informe de marzo de 2022.
“No conocimos el material del cual surgieron las capturas de pantalla”
“Si bien hemos tenido acceso a la información y productos obtenidos por la Comisión Presidencial no conocimos, ni hemos accedido directamente y examinado el material del cual surgieron las capturas de pantalla que aparecen a partir de la página 38 del informe. Tampoco hemos accedido aún a los peritajes que se practicaron sobre los mismos”, indicó el GIEI.
Informaron que desde el momento de la presentación solicitaron acceso “no sólo a lo que se incluyó en el informe sino a todo lo que se extrajo y a los dispositivos desde donde se obtuvo la información”.
Añadieron que también pidieron que se entreguen cuanto antes a la Fiscalía de la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el Caso Ayotzinapa (UEILICA), tanto “los mensajes, como los dispositivos de los cuales fueron extraídos. Todo ello es clave para evaluar las características, fiabilidad y calidad de la información señalada”.
Expusieron que una vez que tengan acceso directo a esa información y analicen a profundidad el contenido del informe, compartirán sus valoraciones acerca de las nuevas revelaciones.
El GIEI recordó que tanto la Fiscalía General de la República (FGR) como los fiscales son autónomos en el ejercicio de sus funciones, de acuerdo con los artículos 2 y 4 de la Ley de la Fiscalía General de la República, y que el Poder Judicial es independiente, así como cada uno de los jueces a quienes les corresponde evaluar y, en su caso, dar curso a las informaciones presentadas.
“Reiteramos la importancia de que estos casos avancen también en su diligencia ante las autoridades judiciales pertinentes y que, con las evidencias que se aporten a dichos procesos, puedan llevar a sentencias condenatorias donde se establezca la responsabilidad penal de los perpetradores, respetando el debido proceso”.
Rechaza García Harfuch que tenga relación con la “verdad histórica”
Omar García Harfuch, secretario de Seguridad de la Ciudad de México, rechazó haber participado en un cónclave para fraguar la “verdad histórica” sobre Ayotzinapa.
“Rechazo la versión absurda de haber participado en una reunión para “fraguar la verdad histórica. Ojalá quienes llevan las investigaciones detengan a quien hizo daño a los jóvenes en lugar de arruinar vidas y reputaciones de los que si hacemos algo por nuestro país todos los días”, dijo.
El presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó ayer la conveniencia de la renuncia de García Harfuch. A pregunta expresa minimizó su mención en el informe sobre Ayotzinapa.
Defiende Sheinbaum el “papel excepcional” de Harfuch en la SSC Cdmx
Aunque estuvo ausente en el evento protocolario de adición de patrullas en Cuajimalpa, Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) fue defendido este lunes por Claudia Sheinbaum, Jefa de Gobierno.
La funcionaria evadió responder sobre el tema pero aseguró que en la CDMX el funcionario ha sido destacado. “Omar García, desde que se integró al Gobierno de la Ciudad de México, ha desempeñado un papel excepcional.
“Y varias veces ha dado la explicación de que él en ese momento no estaba en el estado de Guerrero, lo ha dicho públicamente en distintos momentos. Al frente de la Ciudad de México ha desempeñado un papel sumamente importante”.
Juez prohíbe que se incomunique a Murillo Karam; ordena garantizar su salud en prisión
Un juez federal de amparo prohibió ayer cualquier acto de incomunicación contra el ex Procurador General de la República, Jesús Murillo Karam, y ordenó a las autoridades del Reclusorio Norte tomar todas las medidas para garantizar la salud del detenido.
Antonio González García, Juez Segundo de Distrito de Amparo Penal, concedió una suspensión de oficio en un amparo promovido a nombre de Murillo Karam para impugnar posibles abusos en su contra.
Murillo, de 74 años de edad, fue detenido el viernes pasado acusado de obstrucción de justicia, tortura y desaparición forzada, durante la investigación del caso de los 43 estudiantes de la Norma Rural de Ayotzinapa en 2014.
“Dado el contexto de la pandemia de Covid-19, a efecto de garantizar su derecho a la salud, con fundamento en el artículo primero de la Constitución, y de encontrarse al quejoso en las instalaciones que ocupa el Reclusorio Norte de esta ciudad, su director queda obligado a garantizar, por sí o por conducto de quien corresponda, la salud e integridad física y psicológica, por lo que de manera inmediata deberá tomar todas las prevenciones, acciones y medidas pertinentes para controlar y/o evitar su contagio”, ordenó el juez.
“La autoridad responsable deberá ser respetuosa de la dignidad y de los derechos humanos del quejoso y prevenir cualquier acto tendente a menoscabar su esfera personal, por lo que deberá permitir el acceso de familiares, abogados y/o autorizados de aquellos, en las condiciones y bajo las medidas de seguridad que estime conveniente atendiendo a la emergencia sanitaria que atraviesa nuestro país; así como evitar cualquier acto que pongan en peligro la integridad física y emocional, así como su vida, procediendo las condiciones mínimas de dignidad, sanidad e higiene”, agregó.
González García comisionó a un actuario de su juzgado para que recabe en el reclusorio la firma de Murillo Karam ratificando la demanda de amparo, que fue presentada en su nombre por Rosa Azucena Vargas Hernández.
El sábado pasado, el Juez de Control Marco Antonio Fuerte Tapia dictó a Murillo prisión preventiva justificada, tras aceptar el argumento de la Fiscalía General de la República (FGR) de que cuenta con recursos económicos para fugarse.
Fuerte Tapia agendó para el 24 de agosto la audiencia donde escuchará argumentos para decidir si vincula a proceso al también ex Gobernador de Hidalgo y por cuáles delitos.
“En el caso de que el imputado sea una persona mayor de 70 años de edad, o afectada por una enfermedad grave o terminal, el órgano jurisdiccional podrá ordenar que la prisión preventiva se ejecute en el domicilio de la persona imputada o, de ser el caso, en un centro médico”, prevé el Código Penal Federal.
Esta medida no aplica para acusados por delitos de prisión preventiva forzosa, y tampoco aplicaría si Tapia Fuerte insiste en que hay riesgo de fuga.
De los tres delitos que se imputan a Murillo, la desaparición forzada está prevista en el artículo 19 de la Constitución como de prisión preventiva forzosa.
Esfuerzos de Murillo siempre estuvieron dirigidos a encontrar a los normalistas: Osorio
Tras salir en defensa de Jesús Murillo Karam, la bancada del PRI en el Senado formuló “un enérgico llamado” para que sean respetados los derechos del ex Procurador General de la República.
El senador Miguel Ángel Osorio Chong, quien en la pasada administración fue compañero de gabinete de Murillo Karam, leyó un posicionamiento para dejar de manifiesto el “respaldo total, absoluto y unánime” del grupo parlamentario hacia el ex gobernador hidalguense,
Osorio Chong dijo que, como ex Secretario de Gobernación, no tenía ninguna duda “de que los esfuerzos del Gobierno de la República, del Ejército, de la Policía Federal, de la Marina, del CISEN y por supuesto de la entonces PGR, incluido su titular, siempre estuvieron dirigidos a encontrar a los estudiantes, castigar a los responsables y esclarecer los hechos”.
Los senadores priistas aseguraron que el ex Procurador “siempre dio la cara y asumió su responsabilidad; pero ahora resulta que el asumirla como tendría que haber hecho cualquier otro Gobierno, equivale a autoculparse o confesar una culpabilidad”.
En tanto, Ignacio Mier, coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, demandó a las autoridades judiciales que en el caso de Murillo Karam se respete el debido proceso.
Bloquean estudiantes de Ayotzinapa una hora y media la autopista en Chilpancingo
Alumnos de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa bloquearon parcialmente durante una hora y media la Autopista del Sol al sur de Chilpancingo, donde distribuyeron volantes para exigir castigo a los responsables de la desaparición de los 43 normalistas.
A las 11 de la mañana los manifestantes arribaron a los carriles centrales de la autopista, en el cruce con la carretera federal México-Acapulco, frente al hotel Parador del Marqués, donde abrieron y cerraron el paso vehicular cada 10 minutos.
El bloqueo se realizó a unas semanas de que los 43 normalistas de Ayotzinapa cumplan 8 años desaparecidos el 26 y 27 de septiembre en Iguala. En el volante los alumnos denuncian que las autoridades del gobierno federal anterior y el actual han evitado el castigo y esclarecimiento de los hechos.
Uno de los manifestantes dijo que con la nueva información que dio el gobierno federal por medio de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa, aceptó que fue un crimen de Estado.
Manifestó que el ex gobernador Ángel Aguirre Rivero debe de dar cuenta e informar de los hechos. Asimismo, dijo que el Ejército tenía agentes dentro de la escuela, pese a eso no hicieron nada para detener los actos criminales que pasaron.
“Aguirre Rivero tiene gran responsabilidad de la desaparición de los 43, era su último año de gobierno”, destacó el normalista.
En nombre de sus compañeros, indicó que piden que se investigue al Ejército, porque sabía lo que pasaba ese día y no hizo nada, “teniendo en nuestras filas al compañero Julio César López Patolzin, quien era miembro activo del Ejército, y no queremos decir que haremos a un lado su búsqueda, porque también fue parte de nosotros”.
El manifestante expuso que a siete años y casi once meses, las autoridades están sacando dicha información de la desaparición de sus compañeros, “con este volanteo queremos dar a conocer a la sociedad en general porqué Ayotzinapa sale a las calles a protestar”.
A pregunta expresa de si han detectado que el Ejército sigue infiltrado en la escuela, respondió que están analizando que todos los miembros de la Normal Rural no sean agentes.
Los alumnos adelantaron que las manifestaciones en Guerrero y en la Ciudad de México continuarán en búsqueda de verdad y justicia.
En la zona no hubo agentes de la Policía estatal con equipo antimotines. Después de repartir los volantes, los alumnos subieron a dos autobuses que ellos traían y se dirigieron a la escuela, ubicada en el municipio de Tixtla.
Texto: Agencia Reforma, Juan Luis Altamirano Uruñuela y María Avilez Rodríguez / Foto: Tomada de Twitter
