Ante la crisis de seguridad han proliferado grupos de autodefensa que han privilegiado el uso de las armas sin ningún respaldo de las asambleas comunitarias y regionales, autodenominándose policías comunitarias, expone. En este río revuelto se ha tratado de manchar la imagen del modelo exitoso de la organización, señala.
Chilpancingo, Guerrero, 18 de febrero de 2020. Voceros de las cinco casas de justicia de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria (CRAC-PC) denunciaron una campaña de descalificación en contra de esa institución comunitaria del gobierno del estado, lo que pone en un ambiente de vulnerabilidad a sus representantes.
También denunciaron que el gobernador Héctor Astudillo Flores acudió la semana pasada a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para pedir que no proceda la propuesta de reforma a la Ley 701 que promueve la CRAC-PC en el Congreso local, y que quede firme la que aprobó la anterior legislatura, en la que se desconocen las funciones de la Policía Comunitaria.
En conferencia de prensa, los voceros de las casas de justicia de San Luis Acatlán, Espino Blanco, Zitlaltepec, El Paraíso y Las Juntas Caxitepec, encabezados por el director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña (Tlachinollan), Abel Barrera Hernández y el presidente municipal de Malinaltepec (de Morena), Abel Bruno Arriaga, demandaron a los diputados que aceleren la discusión y aprobación de la propuesta de reformas a la ley 701 que entregaron al Congreso local el año pasado.
Barrera Hernández dijo que desconocen por qué el gobernador acudió a la SCJN cuando es un asunto que le compete resolver al Congreso local.
El vocero de la Casa de Justicia de Espino Blanco, municipio de Malinaltepec, Taurino Reyes leyó un boletín de prensa en el que denuncia que la legislatura pasada cerró filas con el Ejecutivo estatal para desconocer en la Constitución del estado y en la Ley 701 el sistema de justicia y seguridad comunitaria.
“En esta ley se aprobó todo el capítulo de la justicia indígena, desconociendo las facultades de la CRAC-PC para realizar tareas de de seguridad, justicia y reinserción social”.
Como parte de la embestida en contra de la institución comunitaria denunciaron que en el último año se han suscitado hechos violentos contra algunas autoridades, y resaltaron el asesinato del coordinador de San Luís Acatlán, Julián Cortés Flores, ocurrido en abril del año pasado, por personajes de la delincuencia organizada.
Aseguraron que existen también varias amenazas de muerte contra consejeros y coordinadores de la Casa de Justicia de El Paraíso y que en las últimas semanas, “se ha publicado información para desprestigiar el trabajo que realizamos como coordinadores y coordinadoras de las cinco casas de justicia, desvirtuando nuestro trabajo”.
La CRAC-PC denunció en su escrito que en este ambiente y ante la crisis de seguridad han proliferado grupos de autodefensa que han privilegiado el uso de las armas sin ningún respaldo de las asambleas comunitarias y regionales, autodenominándose policías comunitarias.
“Ante la expansión de las organizaciones delincuenciales y la ausencia de los cuerpos de seguridad, agravada por la debilidad de las instituciones encargadas de investigar los delitos y garantizar el orden público, en algunas regiones han aprovechado estos vacíos para utilizar el nombre de la Policía Comunitaria, con el fin de encubrir acciones al margen de la ley y utilizar las armas para causar terror entre la población. En este río revuelto se ha tratado de manchar la imagen del modelo exitoso de la CRAC-PC”, acusa.
El documento agrega que por ello impulsa una iniciativa de reforma constitucional integral, “no sólo en el rubro de seguridad y justicia, sino en otros ámbitos de nuestra vida comunitaria como la tierra y el territorio, el autogobierno, el acceso a la salud, la educación intercultural, medios de comunicación y la preservación del patrimonio cultural”.
“Exigimos a los diputados saldar la deuda histórica que tienen con los pueblos indígenas y afro mexicanos y aprobarla lo más pronto posible, y se reconozca a los indígenas como sujetos de derecho”, demandan en su escrito.
También demandaron a las autoridades estatales y municipales que abracen su causa, “así como lo han hecho las autoridades municipales de Malinaltepec, quienes nos han acompañado en este proceso, interponiendo una controversia constitucional en la SCJN “.
Advierten campaña de desprestigio contra el Ayuntamiento de Malinaltepec
La CRAC-PC denunció que por su compromiso con la institución comunitaria el Ayuntamiento de Malinaltepec también ha enfrentado una campaña de desprestigio, “con el fin de debilitar esta coordinación de esfuerzos”.
Al respecto, el alcalde de Malinaltepec, Abel Bruno Arriaga denunció que mediante las redes sociales lo han acusado de financiar a grupos guerrilleros, lo que rechazó.
“El gobierno de Malinaltepec siempre ha sido respetuoso de las diversas expresiones de lucha social o manifestaciones de molestia, y no forma parte de sus funciones erigirse en juez para calificar o descalificar las actividades que realizan personajes inconformes con los asuntos públicos”, dijo, igualmente en un comunicado.
Agregó que lo que definitivamente su gobierno no comparte es que los cambios sociales y transformaciones políticas en México se den por conducto del uso de las armas o violencia física, “por el contrario, se deben fortalecer y consolidar las instituciones públicas para que generen bienestar, gobernabilidad y estabilidad social”, expuso.
Dijo que apoya a la CRAC-PC porque el 32 por ciento de las comunidades del municipio de Malinaltepec (40 comunidades de 128) pertenecen al Sistema Comunitario, distribuidos en las casas de Justicia de Espino Blanco y Santa Cruz del Rincón.
Agregó que debido a la magnitud del territorio malinense, el gobierno municipal depende en gran medida de la seguridad y protección que brinda la CRAC-PC, y que el desconocimiento formal y constitucional de la Policía Comunitaria deja en estado de indefensión a los habitantes del municipio indígena de Malinaltepec.
La descalificación al trabajo de la CRAC-PC la mete en graves conflictos internos, dice Tlachinollan
Por su parte el director de Tlachinollan, declaró que la descalificación al trabajo de la institución comunitaria mete en graves conflictos internos a la CRAC-PC, además de que deja en una situación de grave vulnerabilidad a sus integrantes.
Demandó al gobernador Héctor Astudillo Flores que se abstenga de seguir promoviendo acciones que dividan a la CRAC-PC, pues dijo que “la semana pasada acudió a la SCJN para pedir a ese tribunal que emita una opinión técnica en la que avale la ley en materia de derechos indígenas que aprobó la anterior legislatura, y que se diga que esta cubre los estándares de reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas y que no hay necesidad de impulsar otra nueva ley”.
Sin embargo, declaró que la respuesta de la SCJN fue que eso no lo pueden hacer y que a los pueblos indígenas les asiste el derecho de continuar promoviendo la nueva iniciativa.
Al final, en respuesta a una pregunta, Taurino Reyes rechazó que haya un desconocimiento de la CRAC-PC al vocero del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Parota (CECOP), Marco Antonio Suástegui, luego de que éste en una entrevista con El Sur acusó de traición a un integrante de la Casa de Justicia de San Luis Acatlán.
Explicó que Suástegui se alejó un tiempo de la CRAC, pero que recientemente se reincorporó y que no saben por qué informó que desde esa Casa de Justicia se pasó información a César Flores Maldonado de la detención de un militar.
Texto: Zacarías Cervantes / Foto: Jesús Eduardo Guerrero
