La liberación de 53 detenidos por los ataques de Iguala comenzó hace un año con una sentencia por presunción de tortura y decretó crear una comisión especial, pero no se hizo, señala el abogado de los padres.
Chilpancingo, Guerrero, 9 de septiembre de 2019. El abogado de los padres y madres de los 43 estudiantes desaparecidos de la Normal Rural de Ayotzinapa, Vidulfo Rosales Sierra, explicó que la liberación de 53 personas relacionadas con los hechos de Iguala, comenzó con la sentencia del Tribunal Colegiado de Reynosa, Tamaulipas, el 20 de septiembre de 2018, que señaló la presunción de tortura a más de 30 detenidos y por otro lado, decretó la creación de una comisión especial de investigación ante las graves irregularidades cometidas por la entonces Procuraduría General de la República (PGR).
Vía telefónica, el defensor denunció que el Poder Judicial le dio “mucho vuelo” a las impugnaciones de la PGR contra la sentencia, para evitar la constitución de la Comisión de Investigación de los hechos del 26 y 27 de septiembre de 2014, y el gobierno de Peña Nieto también litigó por todos los cauces legales, y el asunto se sigue dirimiendo en la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Por otro lado, siguen su cauce los amparos y procesos de los detenidos. Ahora se sabe que fueron 142, sólo 70 acusados por el delito secuestro contra los 43 estudiantes detenidos-desaparecidos.
Aclaró que el problema con el gobierno actual es que supo desde el inicio de su administración de todos los problemas para acceder a la justicia y conocer el paradero de los 43 estudiantes desaparecidos, y a la fecha no se hace nada para corregir la investigación.
El abogado fue consultado sobre las acciones legales (demandas) que anunció la semana pasada el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas contra funcionarios de la FGR y del Poder Judicial tras la liberación del quien era el jefe de la banda de Guerreros Unidos en Iguala, Gilberto López Astudillo, el cabo Gil.
El funcionario federal también dijo que se había cerrado la etapa de instrucción de alrededor de 50 personas que aún se encuentran en proceso penal, y es probable que se dicten nuevas absoluciones.
Organismos de derechos humanos nacionales e internacionales, y expertos que acompañaron el caso, señalaron en distintos momentos los problemas de la investigación de la PGR en el caso Ayotzinapa.
Ayer, se preguntó al abogado si existen elementos para señalar faltas o errores de jueces o funcionarios del Poder Judicial.
Rosales Sierra aclaró que no conoce de manera exhaustiva la última sentencia del Juzgado Primero de Distrito en Procesos Penales Federales de Tamaulipas, que ha dictado todos los autos de libertad de 53 detenidos, porque lleva todos los procesos.
Señaló que será interesante conocer la investigación que arroje el Consejo de la Judicatura sobre la actuación de los jueces, si fue correcta la interpretación de la ley, o si excluyeron pruebas válidas.
Opinó que el delito de tortura no implica la exclusión de pruebas que fueron obtenidas con independencia de los actos de tortura. De acuerdo con Encinas, 104 pruebas fueron descartadas, y sólo subsisten 44.
Rosales Sierra indicó que en la interpretación de la ley, hay una línea muy delgada para determinar si hubo responsabilidad en los jueces, porque en el sistema penal acusatorio debe haber plena certeza de los delitos para dictar una condena.
Recordó la sentencia de amparo del Tribunal Colegiado de Reynosa, Tamaulipas, que entre otras cosas dice que hay pruebas obtenidas de manera ilícita, donde se presume tortura, y ordenó a la PGR que hiciera los exámenes médicos basados en el protocolos de Estambul en diez días. Sino presentaba las pruebas del protocolo, las evidencias obtenidas bajo tortura serían declaradas nulas.
Entre las irregularidades del proceso, está incluido el fallecimiento en Blas Patino, en tortura.
Al mismo tiempo, el Tribunal Colegiado de Reynosa analizó las pruebas periciales y determinó que la investigación de la PGR no fue imparcial, ni independiente, ni pronta, al contrario, hubo irregularidades deliberadas para ocultar la verdad.
Ordena la creación de la Comisión de Investigación para recomponer el caso, y que no se comentan más irregularidades.
Inspirada en esa comisión, se creó este año la Comisión Presidencial para la verdad y la Justicia, con funcionarios de la Secretaría de Gobernación que no tiene la misma contundencia que debe tener la comisión que ordenó el Tribunal Colegiado, admitió Rosales Sierra.
Texto: Lourdes Chávez / Foto: El Sur-Archivo
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