Chilpancingo, Guerrero, 15 de junio de 2026. El abogado de los padres de los 43 estudiantes desaparecidos de la Normal Rural de Ayotzinapa, Isidoro Vicario Aguilar, denunció que el gobierno federal impidió las manifestaciones de la jornada intermedia hacia los 12 años de los crímenes de Iguala, el próximo 26 de septiembre.
En entrevista telefónica desde Tlapa, señaló que funcionarios de la Secretaría de Gobernación se acercaron a algunos representantes del movimiento para decirles que “por seguridad nacional” no iban a permitir el paso de los autobuses en que se trasladaban los normalistas de Ayotzinapa, donde viajan los padres de los estudiantes desaparecidos.
Consideró absurdo el argumento, porque el planteamiento de los padres de familia es legítimo: exigir con vida la presentación de sus hijos, y que el Ejército entregue los folios de los documentos que permitan continuar con la investigación sobre el paradero de sus hijos, detenidos desaparecidos en Iguala. Una demanda que los militares se niegan a atender.
Además de que las madres y padres son personas adultas mayores, que tienen padecimientos crónicos, “qué riesgo pueden representar”, subrayó.
Enfatizó que el movimiento es pacífico, las madres y padres de familia no iba a confrontar al cuerpos policías, ni a afectar a los aficionados.
Los padres y madres de los estudiantes desaparecidos acordaron realizar la jornada intermedia de movilizaciones del 8 al 12 de junio en la Ciudad de México, para visibilizar sus demandas en la semana de inauguración del Mundial de Futbol de la FIFA.
“Eso no fue posible por el cerco policiaco en la Ciudad de México. Nos retiramos el viernes para reorganizarse de manera interna con los normalistas y con la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México (FECSM), organizar las acciones de septiembre, de 12 años de los crímenes de Iguala”.
Agregó que sólo dejaron constancia de que las autoridades no permitieron a las madres y a los padres realizar las actividades que tenían programadas, de distribución de volantes, dos mítines y pega de carteles en Tlalpan.
Rechazó la versión de las autoridades de que en uno de los camiones que usaron los normalistas habían encontrado artefactos explosivos, afirmó que sólo se utilizó como pretexto para cerrarles el paso y criminalizar su movimiento.
Dijo que también en un boletín señalaron que habían identificado a estudiantes de una cédula radical.
“Nosotros consideramos que fue una estrategia de las autoridades para iniciar la criminalización y desprestigio de padres y madres, para que no pasaran, porque saben que las demandas son legítimas, no están peleando por intereses ajenos, sólo exigen saber el paradero de sus hijos”.
Denunció que también criminalizaron a las madres buscadoras de Jalisco, cuando señalaron que iban a investigar cómo se trasladaban a la Ciudad de México.
Indicó que hubo muchas organizaciones que se manifestaron en el marco del inicio del Mundial que entraron a la capital del país por rutas distintas a la caseta de Tlalpan, que utilizan los estudiantes.
Lourdes Chávez
