El presidente de la Jucopo se compromete a revisar “posteriormente” el actuar de la Auditoría Superior del Estado
Acapulco y Chilpancingo, Guerrero, 8 de julio de 2026. El director de Asuntos Jurídicos del Ayuntamiento de Acapulco, Jesús Mendiola Villegas, informó que se analiza cómo actuar contra el titular de la Auditoría Superior del Estado (ASE), Marco César París Peralta Hidalgo, quien se extralimitó en sus funciones al iniciar un proceso de revisión del manejo de cuentas federales al municipio.
“Se están analizando acciones que emprendera el municipio, así como está el derecho de la alcaldesa con licencia, Abelina López Rodríguez, para iniciar las acciones que estime pertinentes”.
Añadió que por parte del municipio se espera que en está semana, una vez que las partes hayan sido notificadas del falló de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), para tomar las acciones que se crean pertinentes.
“Estamos analizando las acciones legales que podrían encuadrarse respecto del actuar del titular de la ASE para efecto de iniciar los trámites que sean pertinentes, pero eso se determinará hasta que todas las partes queden debidamente notificadas de la resolución emitida por la Corte”.
Aseguró que los 898 millones están comprobados a traves de la ejecución de las obras que fuero auditadas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
Sobre que la ASE dijo que van a esperar ser notificados para dar una postura, el funcionario sostuvo: “ya no hay más que seguir, la resolución de la controversia pone fin a la litis planteada a la cual el municipio aducía que el ASE era incompetente para analizar cuentas y la Corte dio la razón”.
“Hubo una invasión de competencia y está quedando firme y se esta declarando la invalidez. Esperamos que la ASE atienda la resolución y declare la invalidez de su procedimiento. El punto toral era ese y se logró el cometido, el punto no era el tema de comprobación sino de la competencia”.
Señaló que la resolución declaró que la ASE no es el ente facultado para auditar recursos federales y ese hecho ya tenía antecedentes en la SCJN, porque otros municipios ya habían enfrentado una situación idéntica.
Señaló que la resolución trae un “parteaguas a nivel nacional de protección obliga al estado, por medio de la Auditoría Superior del Estado (ASE), revise y vigile solamente el uso de recursos estatales, no así federales en el 2023”.
Mientras que en la conferencia de prensa en la sala de Cabildo, el secretario de Administración y Finanzas, Carlos Armando Morillón intervinó diciendo que es el Congreso local quien tiene que “valorar que si la persona que obstenta el cargo de Auditor es el facultado para seguir obstentando el cargo. Ese el llamado, pero es el Congreso el que tiene que determinar esas circunstancias”.
Señaló que ya la Corte “fue bastante clara en establecer en que no existe un convenio y jamás existió un convenio que facultara a la ASE fiscalizar recursos federales ejercidos por el municipio”.
Dijo que quien representa a la ASE aseveraba que existían facultades y que tenía convenio y que era la base de su acción, lo cual no fue así.
“Creo que el Congreso del estado debe replantearse si la persona que obstenta ese cargo (de auditor) es el apto para estar en ese lugar. ¿Por qué? Por la sencilla razón de que si realizó la revisión de los recursos federales al municipio de Acapulco, a sabiendas que tenía incompetencia, confiamos que el tema haya sido por desconocimiento a la norma. Y eso es lo que tienen que replantearse el Congreso local para saber si la persona que representa a la ASE es la adecuada para estar en el cargo”.
Dijo que el falló de la Suprema Corte en el conflicto por la responsabilidad de la auditorías, a favor de la alcadesa con licencia, Abelina López Rodríguez, les dio la razón en la pugna que mantenían desde hace más de un año sobre los recursos federales.
Aseguró que el municipio cumplió a cabalidad con la información requerida por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) de los recursos del 2023, y “no teníamos por qué llevar a cabo una entrega de información a una autoridad incompetente”.
Carlos Armando Morillón dijo que durante el ejercicio fiscal 2023 se realizaron 511 obras, “están solventadas por parte de la ASF y no contamos con ninguna observación”.
El funcionario aseguró que la ASE se “extralimitó en ejercer facultades de fiscalización que no le corresponden y es importante señalar que somos y seguiremos siendo un gobierno honesto, ordenado y responsable”.
También consideró que el falló de la Suprema Corte representa un precedente importante porque “brinda certeza jurídica respecto a las competencia de las autoridades encargadas de fiscalizar los recursos federales, en este caso del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social. Este criterio fortalece y otorga claridad institucional y contribuye a que cada autoridad ejerza las facultades que la Constitución y las leyes confieren”.
Dijo que el gobierno municipal respeta a las instancias fiscalizadoras porque están convencidos que la transparencia y rendición de cuenta son pilares fundalmentales para fortalecer la confianza ciudadana.
El funcionario aseguró que no hay ninguna observación en cuanto a la comprobación del ejercio 2023 y las obras están realizadas. Insistió que la ASE se extralimitó conforme a las funciones que tiene por lo que le corresponde al Congreso local determinar y fincar las responsabilidades contra quien proceda.
Aseguró que todo lo relacionado al ejercició 2023 está aclarado, que está cerrado por lo que “no hay ninguna acción ni nada pendiente. Para la ASF está cerrado”.
Sobre si procederán contra la ASE, también dijo que revisan las posibilidad si en su momento “es aplicable poder proceder desde la normatividad legal, se pueda llevar a cabo. El jurídico valorara los conceptos que aplica”.
Esperará la ASE notificación de la Corte sobre el fallo por Acapulco para emitir una opinión
La Auditoría Superior del Estado (ASE), informó que esperará la notificación oficial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), para emitir una postura sobre la Controversia Constitucional 174/2025, en la que se falló a favor de la alcaldesa de Acapulco, Abelina López Rodríguez.
La resolución sentencia que sea la Auditoría federal la encargada de auditar lo recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FAISMUN), y de los que la Auditoría estatal encontró presuntas irregularidades por 898 millones de pesos en la Cuenta Pública 2023.
En un comunicado de dos párrafos, publicado en su página de Facebook, la ASE informó que “con relación a la resolución emitida el pasado 6 de julio” por la SCJN “respecto a la controversia cons-titucional 174/2025: este órgano técnico de fiscalización esperará la notificación oficial del máximo tribunal del país para, posteriormente, emitir un
pronunciamiento formal y fijar una postura institucional al respecto”.
La controversia constitucional solicitada por la hoy alcaldesa con licencia Abelina López Rodríguez, fue después de que la ASE reveló presuntas irregularidades en el uso de 898 millones de pesos de recursos federales en la Cuenta Pública 2023 del Ayuntamiento.
En el ramo de obras públicas ejercidos en 2023, de acuerdo con un Informe Individual de Auditoría, derivado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública, entregado por la ASE al Congreso local.
De acuerdo con el informe del órgano fiscalizador, la administración de la morenista Abelina López Rodríguez no presentó la documentación comprobatoria de 898 millones de pesos presupuesto ejercidos en 511 obras y dos acciones FAISMUN.
Por ello demandó al Congreso un juicio político y la inhabilitación del cargo de López Rodríguez.
El pasado lunes la Corte falló definitivamente a favor de López Rodríguez y declaró la invalidez formal del Informe Individual de Auditoría estatal y el Oficio ASE-1380-2025 por incompetencia de las autoridades locales.
ASF continúa la auditoría forense
El 18 de febrero pasado, la Auditoría Superior de la Federación (ASF), emitió un oficio dirigido al ayuntamiento de Acapulco para iniciar una Auditoría Forense a la Cuenta Pública 2025.
De acuerdo con el documento al que El Sur tuvo acceso, se fiscalizarán Contratos y convenios suscritos por el ayuntamiento de Acapulco, así como erogaciones financiadas con Recursos del Gasto Federalizado del Ejercicio 2025.
También investiga la “con-tratación de obra pública y servicios relacionados con la misma (obra)”, “que impliquen total o parcialmente recursos del Gasto Federalizado del ejercicio 2025”.
En un segundo oficio, del 18 de junio, la ASF ratifica la auditoría fo-rense, y agrega un nuevo objetivo para “fiscalizar de manera pormeno-rizada que las operaciones de riesgo hechas con recursos de origen fede-ral asignados al ayuntamiento de Acapulco, se realizaron de confor-midad con la Ley de Coordinación Fiscal, la normatividad local en la materia y las demás disposiciones jurídicas aplicables”.
Pese a dichas acciones emprendidas por la ASF, la semana pasada, el auditor estatal, Marcos César Paris Peralta Hidalgo, informó a los diputados locales que la Ase firmó un nuevo convenio de colaboración para auditar a los municipios y al presupuesto federal.
Peralta informó que con 30 auditores estatales, firmaron el 29 de junio el convenio con el titular de la ASF, Aureliano Hernández Palacios Cardel y explicó que los faculta “para auditar los fondos y participaciones federales transfe-ridos a municipios”.
Acatará el Congreso fallo de la Corte que invalida revisión de la ASE a cuentas de Acapulco: Badillo
El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Congreso local, Joaquín Badillo Escamilla, informó que analizarán los alcances de la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
La Corte determinó que la Auditoría Superior del Estado (ASE) no tenía facultades para fiscalizar presupuesto federal del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FAISMUN) ejercidos por el Ayuntamiento de Acapulco en la Cuenta Pública 2023.
“Hay que decirlo muy claro, la Suprema Corte, como máximo tribunal en cuanto al tema legal, ha emitido un fallo, y esto deja muy claro las competencias de los estados en relación a las competencias de los fondos federales no son compatibles”, dijo Badillo Escamilla.
En entrevista en el Congreso después de la presentación de la Convocatoria del Parlamento Juvenil 2026, Badillo Escamilla reconoció que la resolución de la Corte abrirá un debate sobre el alcance de las facultades de la Auditoría Superior del Estado (ASE), sobre todo en una entidad como Guerrero, donde la mayor parte del presupuesto público son aportaciones federales.
“La postura del Congreso es muy clara, nosotros acatamos las determinaciones de la Suprema Corte”.
En el caso concreto de la ASE, instancia que inició todos los procedimientos que derivaron en la sentencia de la de la SCJN, Badillo Escamilla dijo que merecerá analizar su actuar posteriormente, Y estoy hay que dejarlo muy claro para no politizar más el tema”.
Ante dicha sentencia, que determinó que la ASE no puede fiscalizar presupuesto federal, Badillo Escamilla mencionó que también habrán de revisar el nuevo convenio firmado entre la auditoría estatal y la federal, para garantizar la “certeza jurídica a la fiscalización de recursos federales en Guerrero y evitar que se repita un caso similar”.
“Habría que ir analizando el momento y las circunstancias de cómo fue esto escalando hasta llegar a la Suprema Corte, esto incluyó amparos, notificaciones y expedientes en tribunales locales hasta que fue escalando hasta la Suprema Corte”.
Badillo Escamilla explicó que el caso se originó a partir de un convenio que en su momento, fue interpretado por la Auditoría estatal como sustento para revisar esos recursos; sin embargo, el Ayuntamiento de Acapulco impugnó esa facultad al considerar que dicho convenio no autorizaba la fiscalización del fondo federal.
“Bajo esa lógica y bajo esa interpretación de la ley que en ese momento se tenía, pues hoy ya quedó dirimida ante la máxima representación judicial por la Suprema Corte”.
El legislador morenista aclaró que, por ahora, el Congreso no emitirá una postura política sobre el actuar del auditor superior del estado y que primero se revisará la resolución, así como las implicaciones legales y administrativas del caso.
“Tenemos que ser muy responsables… somos garantes de la correcta interpretación de la ley”.
Sobre la posibilidad de llamar a comparecer al auditor superior del estado, Marco César Paris Peralta, o revisar su permanencia en el cargo, Badillo Escamilla evitó adelantar una postura y sostuvo que cualquier decisión deberá pasar primero por un análisis al interior de la Junta de Coordinación Política y de la Comisión de Vigilancia y Evaluación de la Auditoría Superior del Estado.
“Yo no me adelantaría a hacer un juicio a posteriori, somos un órgano colegiado y las decisiones se toman en base a acuerdos”, respondió al preguntarle sobre una eventual remoción del titular de la ASE.
Badillo señaló que el fallo de la Corte se limita al tema de competencias y no resuelve el destino de los 898 millones de pesos observados al Ayuntamiento de Acapulco, por lo que recordó que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) sí tiene facultades para revisar recursos federales y que espera que el caso sea incluido en el programa anual de auditorías, y en la auditoría forense que harán este 2026 al ayuntamiento de Acapulco.
“Estamos hablando de competencias”, insistió el diputado, al subrayar que la resolución de la SCJN no determina si hubo o no irregularidades en la aplicación del dinero, sino únicamente qué autoridad estaba facultada para auditar.
Karina Contreras y José Miguel Sánchez/ Foto: Karina Contreras
