Declara de utilidad pública 242 mil 627 metros cuadrados para el paso del más importante proyecto de infraestructura del sexenio
Ciudad de México, 26 de mayo de 2023. El Gobierno federal declaró de utilidad otros 242 mil 627 metros cuadrados correspondientes a 51 inmuebles de propiedad privada para el paso del Tren Maya.
Esto en los municipios de Sudzal, Kantunil, Tinum, Uayma, Valladolid, Chemax, en el estado de Yucatán, y en los municipios de Lázaro Cárdenas y Puerto Morelos en el Estado de Quintana Roo, de acuerdo con una declaratoria publicada ayer en el Diario Oficial de la Federación (DOF) por la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu).
Reforma publicó que a decretazos o declaraciones de utilidad pública y bajo el argumento de “seguridad nacional”, la 4T ha ocupado más de 2 mil hectáreas de terrenos, inmuebles o parcelas de privados para la construcción del Tren Maya.
“Los interesados tendrán un plazo de quince días hábiles a partir de la notificación o de la segunda publicación en el Diario Oficial de la Federación de la presente Declaratoria para manifestar ante la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano, lo que a su derecho e interés convenga y presenten las pruebas que estimen pertinentes”, advirtió la dependencia.
El Tren Maya es el más importante proyecto de infraestructura, desarrollo socioeconómico y turismo del presente sexenio.
Tendrá un recorrido de mil 525 kilómetros, pasará por los estados de Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo e interconectará las principales ciudades y sitios turísticos de la Península de Yucatán.
“El Tren Maya es un proyecto orientado a incrementar la derrama económica del turismo en la Península de Yucatán, crear empleos, impulsar el desarrollo sostenible, proteger el medio ambiente de la zona desalentando actividades como la tala ilegal y el tráfico de especies y propiciar el ordenamiento territorial de la región”, se indicó.
“Se procurará integrar a la obra y a sus beneficios a los pobladores; se gestionarán los derechos de vía que aún no se tengan mediante acuerdos con los propietarios de los terrenos respectivos; se buscarán acuerdos benéficos en los casos en los que las vías de propiedad federal se encuentren invadidas y se pedirá la aprobación de las comunidades y pueblos originarios mediante consultas.
“Que el Tren Maya funcionará como corredor humanitario por medio del cual se entregarán apoyos alimentarios, médicos, etc., para las comunidades indígenas y pueblos marginados del sureste mexicano. Tendrá un flujo constante y, sólo por su conducto, se podrá llegar a dichos poblados de manera pronta y eficaz. Igualmente, por su ubicación geográfica, es fundamental para salvaguardar las costas y la zona fronteriza con Centroamérica”, se añade.
Consorcio de EU demanda a México el pago de 3 mil mdd por la presunta expropiación ilegal de tierras en Jalisco
Access Business Group LLC (ABG), filial de Alticor que opera con la marca Nutrilite, demandó a México el pago de 3 mil millones de dólares, por la presunta expropiación de 280 hectáreas de tierras agrícolas en Jalisco, ejecutada por la Secretaría de Desarollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) en 2022.
La empresa informó que inició el pasado 15 de mayo un arbitraje contra el País ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias (CIADI) del Banco Mundial, bajo las reglas del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).
El pasado 11 de octubre, ABG notificó a la Secretaría de Economía su intención de iniciar el arbitraje comercial, luego de que la Sedatu informó a la empresa en julio de 2022 que “tomaría posesión inmediata terrenos de 120 y 160 hectáreas, para entregarlos a beneficiarios de una Resolución Presidencial emitida en 1939.
Nutrila, que fabrica y distribuye suplementos nutricionales por medio de Amway, la empresa de ventas directas que también es parte de Alticor, aseguró que los terrenos en disputa, eran utilizados para cultivar frutas y verduras, así como para el procesamiento y empaque para exportación.
ABG afirmó que compró legalmente los predios, uno en abril de 1992 y otro en mayo de 1994, y que Sedatu se los quitó sin seguir alguno de los procedimientos de la Ley de Expropiación.
Esto, luego de asambleas comunales en la localidad de San Isidro, municipio de San Gabriel, en Jalisco, que fue la beneficiaria de la resolución que el Presidente Lázaro Cárdenas dictó hace 84 años.
Texto: Agencia Reforma
