“En prisiones como la de Acapulco o Chilpancingo hay hasta 10 o 15 personas que duermen en una sola celda, ¿cómo puedes aislar a alguien para evitar que se contagie?”, critica José Luis Gutiérrez, director de Asistencia Legal por los Derechos Humanos
El Sur /Ciudad de México, 9 de mayo de 2020. Con o sin emergencia sanitaria, los reclusorios representan un grave riesgo para la salud de las personas privadas de la libertad. En México, casi la mitad de ellas, 45 por ciento, compartió su celda con más de cinco personas, según datos de la Encuesta Nacional Población Privada de la Libertad (Enpol) 2016. En particular, el hacinamiento en prisión preventiva ni de lejos favorece la aplicación de la sana distancia.
“En prisiones como la de Acapulco o Chilpancingo hay hasta 10 o 15 personas que duermen en una sola celda, ¿cómo puedes aislar a alguien para evitar que se contagie?”, cuestiona José Luis Gutiérrez, director de Asistencia Legal por los Derechos Humanos (Asilegal) en entrevista telefónica con El Sur. “Los protocolos de atención en el marco del Covid-19 fueron diseñados por expertos en salud que no necesariamente conocen los contextos de privación de libertad”.
De acuerdo con Gutiérrez, el Protocolo de actuación para la atención de Covid-19 al interior de Centros Federales de Reinserción Social (Ceferesos), emitido por el gobierno federal en marzo, presenta medidas insuficientes.
“El Covid-19 nos deja de manifiesto que en Guerrero los jueces de ejecución no están otorgando libertades anticipadas, condicionadas o liberaciones por política penitenciaria. Eso sucede también porque no hay una defensoría pública activa experta en ejecución penal”, explica.
Añade que la decisión del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Guerrero de cancelar términos o plazos para que los jueces se fueran a cuarentena, dejó desprotegidas a las personas presas. Por ello, Asilegal exhortó el Poder Judicial estatal a levantar la cuarentena para que los jueces de ejecución revisen aquellos casos que son potenciales para obtener una libertad anticipada o una conmutación de la pena.
A fin de dar seguimiento a la atención de la pandemia en los centros penitenciarios del país, el 30 de abril Asilegal difundió en redes sociales el Mapa Penitenciario Covid-19, una herramienta interactiva que registra los contagios y los fallecimientos por coronavirus en los penales del país. De acuerdo con la última actualización, del 8 de mayo, hay 110 casos confirmados de contagio y 11 fallecidos entre personas presas y personal penitenciario.
Además, se registraron seis incidentes de violencia –motines y riñas, entre otros– derivados de las medidas sanitarias aplicadas.
El Mapa Penitenciario Covid-19 se alimenta del monitoreo de medios de comunicación y de los datos oficiales presentados por el Mecanismo de Monitoreo Nacional por Covid-19 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH). Este viernes informó de 93 casos confirmados de contagio y siete decesos entre personas privadas de la libertad, además de tres episodios de riñas.
A la fecha, estos monitoreos y la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) del estado no han revelado contagios o defunciones en los centros penitenciarios de Guerrero.
La SSP establece que el total de libertades otorgadas a raíz de la emergencia Covid-19 es de 114 hasta el momento; a mediados de abril, el gobernador Héctor Astudillo Flores anunció que se liberaría a 150 personas privadas de la libertad.
Los penales de Guerrero, entre los peores del país
El Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria (DNSP) elaborado por la CNDH en 2019 ubica el sistema penitenciario de Guerrero en el penúltimo lugar entre los tres peores del país, junto con los de Veracruz y Tamaulipas.
Dos de los 10 centros estatales más problemáticos también se encuentran en Guerrero: el Centro de Reinserción Social de Zihuatanejo y el Centro de Reinserción Social de Tecpan de Galeana. En ambos, la CNDH detectó hacinamiento, sobrepoblación, servicios de salud deficientes, al igual que la atención a personas adultas mayores, entre otras grandes fallas.
“La carencia de los servicios de salud es el punto más endeble de todos los penales del país y en Guerrero se recrudece. Falta personal médico, existe escasez de medicamentos y materiales de curación. Adentro de los centros penitenciarios no se tiene acceso a un médico general y cuando se necesitan intervenciones especializadas la situación se vuelve más complicada”, detalló la Tercera Visitaduría General de la CNDH a El Sur.
Esta área de la Comisión, responsable de desarrollar el Programa sobre el Sistema Penitenciario y Centros de Internamiento, indicó que según la información que le proporciona constantemente la Subsecretaría del Sistema Penitenciario del Estado de Guerrero, en la entidad se han invertido recursos para mantener bajo control la posible propagación del coronavirus dentro de las cárceles.
En un documento que la Tercera Visitaduría elaboró para El Sur sobre cómo se está tratando en Guerrero la emergencia sanitaria en los centros de reclusión, el Sistema Penitenciario estatal remitió evidencias fotográficas de las acciones realizadas hasta el momento: jornadas de sanitización, revisión médica a servidores públicos y visitantes, fortalecimiento de la comunicación de la población penitenciaria con sus familiares a través de videollamadas, además de la distribución de insumos mínimos –agua, jabón y cloro– para mejorar las condiciones de higiene.
La Tercera Visitaduría mencionó también que “la limitación de espacios y carencia de recursos e instalaciones médicas, por ejemplo en centros como Tecpan y Zihuatanejo, dificultan la implementación efectiva de medidas como la sana distancia, prevención de contagio y atención adecuada de los casos que se presenten”.
Asimismo, en la mayoría de los penales de Guerrero, en donde las autoridades no cumplen plenamente sus obligaciones, son los familiares los que se encargan de proveer alimentos, medicinas y dinero a los presos.
Si se suspendieran las visitas, medida que hasta el momento no se llevado a cabo en la entidad, las condiciones de salud, alimentación e integridad física de las personas presas podría verse gravemente afectada.
En penales de Veracruz, Estado de México, Colima y Guanajuato la cancelación de las visitas provocó motines, señala el Mapa Penitenciario Covid-19 de Asilegal.
Mujeres, cárcel y Covid-19
En tiempos de emergencia sanitaria, la vida de las mujeres encarceladas se vuelve aún más precaria. Entre la población carcelaria, las mujeres son las más abandonadas por sus familias. La sanción que reciben no es solamente la del Estado mexicano, sino también el castigo moral infligido por una sociedad machista.
La escasez de visitas tiene consecuencias graves: afecta la economía de las mujeres presas, su salud y la de sus hijos, en el caso de las que son madres. También propicia el fortalecimiento de relaciones asimétricas de poder y de violencias.
“Guerrero no tiene ningún centro penitenciario femenil, sólo mixtos. Esto hace que los servicios, cuando los hay, estén enfocados en la población varonil. Si la asistencia médica básica ya es precaria, en el caso de las mujeres no hay un ginecólogo, un pediatra, no hay nadie que trate la salud desde un enfoque de género”, resalta José Luis Gutiérrez.
El pasado 24 de marzo, Nestora Salgado, senadora de Morena por Guerrero, propuso al Senado un punto de acuerdo que retomaba algunas de las recomendaciones elaboradas por la organización Equis Justicia para las Mujeres. Entre los puntos recomendados por Equis está priorizar las medidas cautelares en lugar de la prisión preventiva y hacer efectiva la Ley de Amnistía, aprobada el pasado 20 de abril por los diputados, con el objetivo de liberar a las mujeres presas por delitos no graves y excarcelar a adultas mayores, embarazadas y quienes presenten problemas de salud que las vuelven más vulnerables al Covid-19.
En respuesta al punto de acuerdo, se conformó el Grupo de Trabajo para el Covid-19, encabezado por el senador Miguel Ángel Navarro Quintero. Pero la iniciativa de Salgado aún no ha recibido respuesta.
“Hay mujeres que están en la cárcel porque robaron para comer, porque fueron obligadas por sus parejas sentimentales a vender droga, hay que ser conscientes de que esta una realidad de México”, dijo Nestora Salgado en entrevista telefónica con El Sur.
Afirma que existe de su parte la voluntad de promover una iniciativa para que la recién aprobada Ley de Amnistía abarque a más delitos ya que aún “deja a mucha gente desamparada”.
En el documento de la Tercera Visitaduría de la CNDH se asegura también que desde las entidades federativas se están elaborando acercamientos con los jueces de ejecución para lograr la liberación de mujeres que son jefas de familias o tienen hijos e hijas en un penal.
La Ley de Amnistía no significa despresurización inmediata
Lamentablemente, en torno a la Ley de Amnistía se generó una expectativa desmesurada y en parte engañosa, considera el director de Asilegal. “Se vendió como el gran instrumento para despresurizar los sistemas penitenciarios y no es así. Por supuesto, contribuirá a hacerlo en el sistema penitenciario federal, pero no en los sistemas penitenciarios estatales”.
Insiste José Luis Gutiérrez: “Lo que sí, en este momento, lograría la despresurización es la Ley Nacional de Ejecución Penal, pero los que tienen que aplicarla están en cuarentena y lo ideal sería que regresaran a su trabajo, aunque sea por videoconferencia en alguna plataforma”.
Por medio de la Ley de Amnistía el Estado mexicano por fin admite la atávica falta de acceso a la justicia que tuvieron ciertos sectores de la población, discriminados por razones culturales, económicas y de género, entre otras. Sin embargo, remarca, es necesario que la Secretaría de Gobernación aliente los estados a promulgar sus propias leyes. Este proceso tardaría por lo menos cuatro meses.
“Guerrero tiene una gran deuda con la población indígena. En toda la zona de la Montaña, Tlapa, Ayutla, San Luis Acatlán, Huamuxtitlán, hay muchas personas que no tuvieron un intérprete o traductor, mucho menos un abogado que conociera su lengua y cultura. Estas personas podrían ser beneficiadas por la amnistía”. Mientras Guerrero no cuente con una ley de amnistía propia, advierte, esto no va a ser posible.
Texto: Caterina Morbiato / Foto: Jesús Trigo-Archivo
