Jesús Mendoza Zaragoza
Se hacen cálculos del costo económico de los destrozos del huracán Otis en Acapulco. Costo que tienen que cubrir las empresas, las aseguradoras, los gobiernos y las familias, según de lo que se trate. Se calcula que en cinco años podremos salir del “hoyo” en la economía local relacionado con el huracán. Aún visualizamos que muchos negocios están estancados por carencia de créditos y por otras razones.
Al menos, pueden hacerse cálculos por las pérdidas ocasionadas por el huracán, en cuanto a costos y tiempos. En cambio, ¿pueden hacerse cálculos sobre lo que están costando, en términos económicos, los negocios de la delincuencia organizada al lado de todo el gasto público, privado y social que implica afrontar los costos de la violencia? Hay algunos cálculos que pueden servirnos de referencia.
En el último informe del Índice de Paz México 2024, elaborado por el Instituto para la Economía y la Paz hay algunos datos que deberían hacernos pensar acerca del costo económico de la violencia en el país y, particularmente en Guerrero. ¿Como se mide este impacto? El informe lo establece en los siguientes términos: “El impacto económico de la violencia se define como el gasto y el efecto económico relacionados con contener, prevenir y afrontar las consecuencias de la violencia. Comprende el costo económico de la violencia (tanto directo como indirecto) más un efecto multiplicador”.
¿Cómo se calculan estos costos? Se incluyen los costos de los homicidios, de los delitos de violencia, los crímenes de la delincuencia organizada, el miedo, los costos de protección, el gasto de las fuerzas armadas, el gasto de seguridad pública y los gastos del sistema judicial y del sistema penitenciario.
En estos términos, en 2023, el impacto económico estimado de la violencia en México fue de 4.9 billones de pesos (245 mil millones de dólares). Esto equivale al 19.8% del Producto Interno Bruto (PIB) de México o 37 mil 430 pesos por persona. Esto equivale a casi dos meses y medio de ingresos para el trabajador mexicano promedio. En lo que toca al estado de Guerrero, este costo llega al 45.2 % del producto interno bruto estatal.
Ahora, volviendo al impacto sobre la economía local de Acapulco y la del estado de Guerrero, donde las bandas de la delincuencia se pelean territorios y, aun, regiones muy amplias de nuestra geografía. Estos grupos viven buscando dinero para agrandar sus negocios ilegales. Para comenzar, el imperio económico de las drogas sigue fuerte, porque este sigue siendo el negocio de negocios, que sostiene una planta laboral inmensa.
El crimen organizado tiene atrapada la economía legal por todas partes. Tienen en sus manos una “economía negra” que tiende sus tentáculos en todos los sectores económicos. Controlan el transporte público en todas sus formas y la economía informal. También sangran a la economía formal, desde los pequeños negocios familiares hasta las grandes empresas trasnacionales, mediante la extorsión y el cobro de piso. Hasta los vendedores de los mercados públicos tienen que pagar sus cuotas para poder vender sus mercancías del campo.
En sus manos está el control del comercio de armas, la trata de personas con fines laborales y sexuales, lo mismo que el control de las migraciones. Y sigue una larga lista de negocios en los que han metido sus manos. Le arrancan dinero a los gobiernos, a las empresas y a los pueblos. Se alimentan de dinero público, privado y social. Y saben cómo “lavar esos dineros sucios”.
En fin, estamos ante una economía ilegal que tiene un gran peso en el país y tiene una responsabilidad mayor en el desarrollo económico y social de país. Y también en el desarrollo político. Tiene las manos metidas por todas partes y no hay quien se las amarre. ¿Quién le amarra las manos a los delincuentes cuando van a cobrar su cuota a los comerciantes indígenas y campesinos que venden sus productos en los mercados locales? ¿O cuando cobran a choferes del transporte público o a comerciantes ambulantes? La economía de las familias, de los pobres y de las clases medias se ha estado desangrando desde hace muchos años y no hay quien detenga esa feroz hemorragia. Nuestros gobiernos han renunciado a su responsabilidad de proteger la economía legal y de defender a las familias de los atracos de los delincuentes.
Si el Otis nos dejó un gran daño económico que tardaremos varios años en reponernos, un mayor daño está significando el atraco de la delincuencia organizada a la economía social, privada y pública. ¡Cuántos años nos faltan para que la economía no se nos escape de las manos y le permitamos a los delincuentes crecer en el control de la economía, que es una base fundamental para el desarrollo del país! Así como vamos, tardaremos varias décadas.
¿Qué hay que hacer?
