Héctor Manuel Popoca Boone
Acto I. A principios de su mandato presidencial, Andrés Manuel López Obrador, exhortó a todos los ayuntamientos del país a redoblar sus esfuerzos en la captación del impuesto predial, puesto que el gobierno federal disminuiría las aportaciones federales anuales destinadas a complementar el erario de las comunas.
La razón esgrimida fue que su programa de gobierno sexenal requería cuantiosos recursos para realizar cuatro megaproyectos para los cuales no acudiría a la deuda externa para financiarlos. En otras palabras, recogería las “canicas” presupuestales federales que se distribuían a los municipios y estados, para de esa manera darle suficiencia presupuestal a sus proyectos estratégicos y a sus amplios programas de protección social. (Apoyos directos económicos a la población).
Acto II. Con mueca de contrariedad, los presidentes municipales no han aceptado de buen agrado tal exhorto recaudatorio, en virtud de que la captación fiscal, por su propia naturaleza, no les es redituable políticamente hablando, para sus próximos propósitos personales electorales. De tal suerte que, el gobernante municipal trata de evitar incrementar el impuesto predial sabedor de la impopularidad que eso le acarrea. Y como en su futuro vislumbra una diputación local o federal, o cuando menos la relección de su mandato municipal, considera contraproducente implementar una acción gubernamental de fuerte desagrado para la comunidad.
Es un hecho que, en estos últimos cuatro años, la recaudación del impuesto predial no se ha incrementado sustancialmente; lo que imposibilita otorgar servicios públicos municipales en mayor cuantía, cobertura y con mejor calidad a las ciudades y/o comunidades que experimentan fuerte crecimiento urbano y poblacional. No se diga de los déficits de obra pública, sobre todo la que no se ve y que sí se siente, aunque no es políticamente llamativa, como son los rellenos sanitarios, las obras de agua entubada, drenaje y alcantarillado, las plantas tratadoras de aguas residuales, entre otras. Por no hablar de la seguridad pública, recolección de basura, suministro de agua y alumbrado público.
Acto III. La ciudadanía muestra irritación por el alza de los impuestos. No tanto por no querer cumplir con su obligación fiscal cuando ésta guarda justeza, equidad y progresividad y cuando se lo pide un gobierno honesto y transparente. También es renuente por dos factores más, a saber: Son tiempos de estragos a nivel familiar, a consecuencia del prolongado padecer que ha representado la pandemia del Covid-19 y sus secuelas en la salud; así como sus efectos reduccionistas en la actividad económica que merma el poder de compra, acentuado por el incremento de los precios de los productos a causa de una inflación que no cesa de subir.
El enojo ciudadano es mayor cuando saben que buena parte de esos impuestos sobre los inmuebles particulares, van a parar a los bolsillos directos de los gobernantes y funcionarios públicos corruptos; o cuando son dilapidados en cosas superfluas.
Acto IV. Es complejo incrementar la recaudación del impuesto predial porque en la mayoría de los municipios, las cabeceras municipales o parte de ellas, están asentadas en tierras ejidales y/o comunales, cuyo uso legal del suelo no es urbano y, por tanto, pueden sustraerse del pago de dicho gravamen sin óbice de contar con los servicios públicos urbanos que el ayuntamiento otorga. En la reconversión del uso del suelo puede ayudar mucho el gobierno federal, pero no lo hace.
Acto V. En términos generales, los padrones catastrales están desactualizados e incompletos. Ni están todos los que son; ni son todos los que están. Los valores establecidos no corresponden a los estándares económicos aplicados en otros de entidades vecinas, con similitud socioeconómica; existiendo también sobornos de particulares y empresas para mantenerlos abatidos, sobre todo aquellos de gran valía comercial.
Colofón: Los ingresos municipales son pocos y los egresos son muchos. Agréguele la insensibilidad de los diputados locales para este tema. Por eso tenemos alcaldías de “tercer mundo” con servicios municipales de “quinto mundo”. (Juan Angulo, dixit).
PD1. Como Gobernador moral de Guerrero no me pidan defender lo indefendible; en cuanto a errores que comete el presidente de la República. Flaco favor le hacemos a nuestro país.
PD2. Intuyo que los cuantiosos gastos incurridos por la gobernadora constitucional y su “papá incómodo,” en el contingente de Morena-Guerrero que acudió a la marcha de apoyo a AMLO a la Cdmx (en cómodos autobuses. sombreros de Tlapehuala, dos camisetas por persona, sabrosas y suficientes tortas y jugos), fueron con cargo a la partida presupuestal genérica “apoyos institucionales” del DIF estatal. Estado pobre, acarreo de lujo.
