Ciudad de México, 4 de julio de 2020. Señalado como presunto responsable de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, José Ángel Casarrubias Salgado, El Mochomo, supuesto líder de la organización criminal Guerreros Unidos, demandó un amparo contra cualquier acción que lo convierta en víctima de desaparición forzada.
Retenido el miércoles, cuando se disponía a abandonar el Penal Federal del Altiplano, Casarrubias presentó el jueves la demanda de garantías y este viernes el juez federal Alberto Roldán Olvera notificó la suspensión de cualquier acto violatorio de sus derechos constitucionales.
“Se suspende de plano todo acto que tienda a mantener la desaparición forzada, sin causa justificada al agraviado directo Ángel Casarrubias Salgado, o a practicar en su persona cualquier otro acto prohibido por el artículo 22 constitucional”, acordó el titular del Juzgado Quinto de Distrito en Amparo y Juicios Federales de Toluca.
“En relación a la suspensión de plano concedida en contra del acto reclamado desaparición forzosa, además de las medidas aquí ordenadas, tendientes a obtener toda información que pueda resultar conducente para la localización y liberación; y a su comparecencia; si esas medidas no son respetadas y obedecidas por la autoridades responsables, los hechos se harán del conocimiento del Ministerio Público de la Federación”.
El guerrerense fue arraigado el jueves por 40 días en el Centro de Investigaciones Federales de la Fiscalía General de la República (FGR), en la Colonia Doctores de la Ciudad de México, con base en una orden judicial para que sea investigado por el delito de delincuencia organizada.
El juez Roldán dio un plazo de 24 horas a la FGR para que le informe formalmente del paradero de El Mochomo, si fue detenido o no en flagrancia, el delito y los hechos que le atribuyen, así como la medida cautelar a la que pudiera estar sujeto.
Este es uno de los dos amparos que promovió Casarrubias, justo el día en que un juez federal penal especializado en Cateos, Arraigos e Intervención de Comunicaciones en la Ciudad de México otorgara a la SEIDO su retención domiciliaria.
En la otra demanda, tramitada ante Augusto Octavio Mejía, juez tercero de distrito en amparo de esta capital, reclamó su detención ilegal al salir del Penal del Altiplano, pues asegura que no le mostraron ninguna orden de aprehensión o presentación.
Tanto en el amparo presentado en Toluca como en la Ciudad de México, los jueces requirieron al propio Casarrubias ratificar las demandas, debido a que los abogados que las presentaron no presentaron algún poder o documento que acredite que fueron nombrados como sus defensores.
El pasado miércoles, María del Socorro Castillo Sánchez, juez segunda de distrito en Procesos Penales Federales de Toluca, ordenó liberar a El Mochomo al concluir que no había elementos para procesarlo por delincuencia organizada por una acusación de 2014, relacionada con la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa.
Un día después, la FGR informó que investigaba a personal del juzgado por cohecho, al haber indicios de que la familia del presunto narcotraficante habría pagado un soborno de entre 2 y 3 millones de pesos para su liberación.
El jueves se dio a conocer el audio de una conversación telefónica intervenida entre un abogado y Francelia Salgado Patiño, madre del presunto líder de Guerreros Unidos, en la que comentan de la negociación para pagar el soborno.
Según autoridades, una de las personas indagadas es Marco Aurelio González Romero, secretario de acuerdos del juzgado, quien habría sido el encargado de elaborar el proyecto de sentencia que dio lugar a la libertad del presunto capo.
Catean casa de ex subsecretario de Seguridad en Michoacán por el caso Iguala
El ex subsecretario de Seguridad Pública de Michoacán, Carlos Gómez Arrieta, reconoció que su casa fue cateada por elementos de la Fiscalía General de la República (FGR).
Además dijo que se enteró de que existe una orden de presentación en su contra, para atestiguar sobre los hechos de la desaparición de 43 normalistas de Ayotzinapa.
Vía telefónica el ex funcionario de Michoacán dejó en claro que durante el operativo de los policías federales no fue detenido, porque no se encontraba en su casa del fraccionamiento Tres Marías, en Morelia.
La Fiscalía federal acusa a Carlos Gómez de participar en la tortura de un testigo sobre los hechos en donde desaparecieron los estudiantes.
Por ello, en el mes de junio del año 2019, tuvo que renunciar al cargo de subsecretario de Seguridad Pública de Michoacán.
Días antes, el diario español El País, mostró un video en donde presuntamente aparece Gómez Arrieta tratando de asfixiar a un joven con una bolsa de plástico.
Durante un año, el ex funcionario michoacano ha venido señalando su presunta inocencia. Y por ahora, continúan prófugo.
Texto: Agencia Reforma / Redacción / El Sur
