METALES PESADOS
Tryno Maldonado
El 27 de febrero fue asesinada en Mazatlán Rubí Patricia Gómez-Tagle, madre buscadora que desde hace años buscaba a su hijo desaparecido. Tenía 38 años y formaba parte del colectivo Corazones Unidos por una Misma Causa. Su cuerpo fue hallado dentro de su casa, con heridas de arma blanca. La fiscalía anunció que investigaría el caso como feminicidio. Un día antes, su colectivo había informado sobre indicios encontrados durante una jornada de búsqueda en campo. La noticia pasó rápido por el ciclo informativo nacional, como tantas otras en un país saturado de violencia. La muerte de Rubí no es un hecho aislado, es parte de un patrón.
En México se ha vuelto posible –y cada vez más frecuente– asesinar a quienes buscan a los desaparecidos. Distintos registros de organizaciones civiles documentan al menos 35 madres buscadoras asesinadas desde 2010. Veinticinco de ellas en los gobiernos de la llamada 4T. Y de éstas, 11 tan sólo en lo que va del sexenio de la presidenta Claudia Sheinbaum. La cifra describe una anomalía brutal incluso dentro de la ya normalizada violencia de los gobiernos mexicanos. En este país no sólo desaparecen personas: también se mata a quienes intentan encontrarlas.
La crisis de desapariciones es conocida pero todavía difícil de dimensionar. México supera ya las 100 mil personas desaparecidas o no localizadas registradas oficialmente. Detrás de esa cifra hay una realidad más compleja: fosas clandestinas dispersas por todo el territorio, restos humanos sin identificar acumulados en servicios forenses inoperantes y expedientes que permanecen abiertos durante años sin resultados. Ante la incapacidad o la lentitud institucional para investigar y buscar, miles de familias terminaron asumiendo una tarea que debería corresponder al Estado. Así surgieron los colectivos de personas buscadoras, mujeres en su inmensa mayoría.
Desde luego que estas mujeres no tenían ninguna experiencia previa en trabajo forense o investigación criminal. Aprendieron en el camino. El Estado las obligó. Aprendieron a caminar con varillas para detectar irregularidades en la tierra. Aprendieron a reconocer señales mínimas: cambios en la textura del suelo, hundimientos en el terreno, fragmentos de tela que emergen en el monte. Aprendieron también a organizar brigadas de búsqueda, a registrar hallazgos, a exigir la presencia de autoridades cuando encuentran restos humanos. En numerosos casos han localizado fosas clandestinas antes que las propias instituciones encargadas de hacerlo.
Su trabajo digno ha permitido dimensionar la magnitud real de la desaparición en México. Pero también las ha colocado en una situación de extrema vulnerabilidad. Cada fosa localizada señala responsabilidades posibles. Criminales, desde luego, pero también omisiones institucionales, silencios locales, redes de complicidad que permiten que los cuerpos permanezcan enterrados durante años. En ese sentido, la búsqueda no sólo es una tarea humanitaria. También es una forma involuntaria de investigación. Y quien investiga demasiado puede terminar sabiendo demasiado.
Por eso las buscadoras incomodan.
Hace apenas unos días se cumplió un año del hallazgo del rancho Izaguirre, en Teuchitlán, Jalisco. El sitio fue descubierto el 5 de marzo de 2025 por el colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco. Lo que encontraron allí produjo una de las imágenes más perturbadoras de la crisis de desapariciones en el país: montones de ropa, zapatos, mochilas y pertenencias personales dispersas por el terreno. Más de mil 800 prendas de vestir. Restos humanos enterrados. Posibles cremaciones clandestinas. Las prendas se convirtieron en una especie de archivo material de la desaparición.
Un año después, muchas familias siguen revisando fotografías de esos objetos con la esperanza –y el temor– de reconocer algo. Un pantalón. Una camisa. Un par de tenis. En un país con decenas de miles de personas desaparecidas, las prendas a veces son la única pista disponible para reconstruir quién estuvo en esos lugares. Como señala el proyecto periodístico Las Prendas Hablan –de Animal Político, A dónde van los desaparecidos y ZonaDocs, en colaboración con Tejer Red–, los objetos encontrados en el rancho no son simples restos materiales: son huellas que permiten reconstruir tanto historias humanas individuales como trayectorias de violencia intitucionales.
Y nuevamente son las familias quienes realizan buena parte de ese trabajo.
La pensadora Rita Laura Segato ha explicado que ciertas violencias funcionan como mensajes disciplinarios dirigidos a una colectividad. El feminicidio, por ejemplo, no sólo elimina a una mujer concreta. También comunica poder. Inscribe en el cuerpo femenino una advertencia dirigida al resto de la sociedad. Algo similar ocurre cuando asesinan a una madre buscadora. No se trata únicamente de eliminar a una persona. El crimen produce un efecto pedagógico desde el poder: recordar que incluso la búsqueda puede ser castigada.
El filósofo Achille Mbembe utiliza el concepto de “necropolítica” para describir contextos donde el poder se ejerce mediante la administración de la muerte. Además de la capacidad de matar, es la capacidad de producir territorios donde ciertas vidas quedan expuestas a la violencia sin protección efectiva o colusión del Estado. Espacios donde la muerte deja de ser una excepción para convertirse en una forma de regulación social.
México es ya uno de esos territorios.
Las desapariciones masivas, los feminicidios y el asesinato de personas buscadoras forman parte de un mismo ecosistema de violencia. Un país donde el derecho tan básico como saber dónde está un hijo, puede convertirse en una actividad peligrosa. Donde abrir la tierra para buscar restos humanos implica enfrentarse a estructuras criminales, pero también a instituciones saturadas, aquiescentes o simplemente incapaces de responder.
Rubí Patricia Gómez-Tagle es el caso más reciente de esa violencia. Antes que ella fueron asesinadas otras madres buscadoras en distintos puntos del país; mujeres que habían denunciado amenazas, que habían encontrado fosas clandestinas o que habían señalado posibles responsables de la desaparición de sus hijas, hijos. Todas compartían una misma obstinación: negarse a aceptar la desaparición como destino.
Las buscadoras representan una anomalía y una reserva moral dentro del paisaje de violencia mexicano. Mientras gran parte del país aprende a convivir con las cifras de desaparición como si fueran parte inevitable de la vida pública, ellas insisten en recordarnos que cada número corresponde a una persona concreta, a una historia interrumpida, a una familia que sigue esperando.
Por eso siguen caminando.
No sólo buscan a sus hijos. Buscan impedir que el país se resigne finalmente a vivir sobre una fosa común.
