Madrid, España 9 de noviembre 2017.- La decisión del Tribunal Supremo español de decretar presión eludible bajo fianza para la presidenta del Parlamento catalán, Carme Forcadell, y cuatro de los cinco miembros de la Mesa de la Cámara abre un nuevo capítulo en la actuación de la Justicia española para frenar el desafío independentista.
¿Quiénes están encausados por la Justicia española?
Los 13 consejeros cesados del gobierno regional destituido y su presidente, Carlos Puigdemont. También Forcadell y los cinco integrantes de la Mesa del parlamento regional y los presidentes de las entidades civiles independentistas Asamblea Nacional Catalana (ANC) y Òmnium Cultural, que han estado movilizando el ánimo independentista en las calles.
A todos ellos se les acusa de delitos derivados del proceso independentista. En el caso de los integrantes del “Govern” destituido y de los parlamentarios, los cargos son por sedición, rebelión y malversación, castigados con hasta 30 años de prisión por la legislación española.
¿Por qué unos están en prisión y otros no?
Ocho de los consejeros destituidos se encuentran en prisión preventiva en Madrid: Oriol Junqueras, el “número dos” del Gobierno destituido, Jordi Turull, Joaquim Forn, Raül Romeva, Dolors Bassa, Meritxell Borràs, Josep Rull y Carles Mundó. El ex consejero de Empresa Santi Vila quedó en libertad tras pagar una fianza. Fue el único que dimitió antes de que el Parlamento catalán votara la resolución para crear una república independiente el 27 de octubre.
El propio Puigdemont y otros cuatro consejeros -Toni Comín, Clara Ponsatí, Meritxell Serret y Lluís Puig- evadieron la cárcel al desplazarse a Bruselas y no comparecer ante la juez. Sí se entregaron a la Justicia belga, que decidió dejarlos en libertad condicional en espera de una decisión definitiva sobre su entrega a España.
Según la decisión del Supremo, Forcadell tendrá que abonar 150 mil euros en concepto de fianza si quiere seguir en libertad. Los integrantes de la Mesa del Parlamento Lluís Maria Corominas, Lluís Guinó, Anna Simó y Ramona Barrufet tienen sin embargo una semana para reunir los 25 mil euros de fianza cada uno, por lo que de momento, seguirán libres. El sexto parlamentario encausado, Joan Josep Nuet, también seguirá en libertad bajo medidas cautelares.
¿Por qué hay dos causas judiciales distintas?
La causa contra los cesados consejeros del gobierno es tramitada por la jueza de la Audiencia Nacional Carmen Lamela -que también fue quien decretó prisión para los presidentes de las asociaciones civiles independentistas -, mientras la abierta contra los integrantes del Parlamento está a cargo del juez Pablo Llarena del Tribunal Supremo, la máxima instancia judicial en España.
Ello se debe a que los integrantes del Parlamento siguen siendo aforados, mientras los del gobierno regional perdieron el fuero tras la intervención de Madrid de la autonomía catalana, que supuso directamente su destitución. Ese aforamiento les exime de ser juzgados en tribunales de primera instancia y les dirige directamente al Supremo, según la legislación española.
La Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo venían siguiendo tendencias distintas en el caso. Mientras Lamela envió a prisión a los ex consejeros catalanes la semana pasada, el Supremo había dado muestra de mayor flexibilidad al conceder a los parlamentarios una semana más para preparar su defensa. Finalmente adoptó una decisión a medio camino al decretar prisión eludible bajo fianza para cinco de los seis encausados: más suave que la petición de la Fiscalía, que había pedido poco antes prisión incondicional para cinco de ellos, pero más dura de lo que se esperaba.
¿Qué repercusiones tendrá la decisión del Supremo?
Los analistas apuntan que el instructor del Supremo podría reclamar en los próximos días asumir la causa completa por el caso. Por el momento ya reclamó la causa contra los parlamentarios que estaba en manos del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, la máxima instancia judicial a nivel regional.
¿Qué papel tuvo Forcadell en el proceso independentista?
Presidenta destituida de la ANC, Forcadell ha sido una de las figuras claves del proceso independentista como presidenta del Parlamento desde 2015 y ha jugado un papel clave en la tramitación en la Cámara de las leyes que posibilitaron la celebración del referéndum del 1 de octubre y la resolución independentista. De esta última se derivan los cargos que se le imputan.
¿Qué repercusiones políticas podría tener la actuación de la Justicia en las elecciones del 21 de diciembre?
Muchos creen que podría movilizar el voto secesionista, pues el encarcelamiento de los encausados refuerza el relato independentista de que las instituciones españolas actúan con excesiva dureza para frenar su desafío. También se pensó que podía facilitar la formación de una coalición electoral de las fuerzas independentistas, algo que, sin embargo, no ha ocurrido.
¿Pueden presentarse los políticos encarcelados a las elecciones?
Sí, según reconoció el propio portavoz del Gobierno central, Iñigo Méndez de Vigo. “De acuerdo con nuestra legislación electoral, mientras no exista una condena firme que lleve aparejada la inhabilitación, todo el mundo tiene sus derechos civiles intactos para presentarse a las elecciones”, dijo hace unos días.
Texto: DPA
Foto: EFE (en la imagen, un grupos de consejeros catalanes destituidos por el presidente español Mariano Rajoy)
