Fernando Lasso Echeverría
Trigésima séptima parte
Comentábamos en el artículo anterior todo lo concerniente a la reforma electoral impulsada por el presidente Zedillo y frenada por el Comité Central del PRI, apoyado por la llamada nomenklatura del mismo partido, cuyos miembros nunca tuvieron una buena relación con el ejecutivo, porque Salinas no aceptó a su candidato Fernando Ortiz Arana para sucederlo y les impuso a Zedillo. Por otro lado, el presidente –quien nunca fue priista y recibió muchos golpes de “su” partido durante su sexenio– siempre estuvo intercambiando ataques con esta organización política, y fue hasta cierto punto natural que no quisiera que el PRI quedara en el poder, porque representaba una amenaza posterior para él. Sin embargo, este cambio de partido en el poder presidencial, ya estaba planeado por Salinas de Gortari, quien al inicio de su gobierno llegó a profundos y oscuros acuerdos con el PAN a cambio de su reconocimiento como candidato ganador en las elecciones de 1988. El más importante, pero a la vez el más escondido de estos acuerdos, lo fue el compromiso de Salinas de cederles la presidencia para el año 2000, después de aprobarles varias gubernaturas y gobernar prácticamente con el extranjerizante programa panista durante su sexenio. Pero los planes salinistas no pudo cumplirlos personalmente Carlos por la muerte del candidato Colosio y todo lo que se le vino encima con este hecho; no obstante, este proyecto se vio favorecido por las malas relaciones del partido oficial con el presidente Zedillo, y el hecho de que definitivamente la elitista clase tecnócrata en el poder era ajena totalmente a la ideología original del PRI, la organización política que hábil y paulatinamente usurparon para acceder a la presidencia, y a la que entre ellos tildaban de obsoleta, anacrónica y fuera de lugar, y a sus miembros los calificaba como “gentuza vulgar e ignorante” a quienes había que tener lo más lejos posible y en cuanto se pudiera, sacarlos del poder.
Pero antes de este colofón sexenal adelantado en esta crónica histórica, es necesario recordar que el conflicto de Chiapas era uno de los problemas que le habían heredado a Zedillo. Este brote guerrillero había sacado a la luz pública las limitaciones del “milagro” económico y político de Salinas y continuaba latente, prevaleciendo en él un clima de gran tensión que hacía temer la posibilidad de que se reiniciaran en cualquier momento las hostilidades entre el gobierno y el EZLN. Zedillo, estaba siendo objeto de crecientes presiones por parte del Ejército al mando del general Enrique Cervantes, para que tomara la iniciativa en el conflicto chiapaneco. Los generales estaban molestos e impacientes ante una situación que parecía una aceptación implícita del presidente, de que un grupo subversivo controlara una gran parte del territorio mexicano en el estado de Chiapas. Existía disgusto en las fuerzas armadas, ante lo que consideraban una respuesta titubeante y timorata de parte del presidente de la República ante las provocaciones guerrilleras. Por otro lado, los numerosos artículos periodísticos publicados con frecuencia sobre las violaciones a los derechos humanos, supuestamente cometidos por las fuerzas armadas en la selva lacandona, incomodaban también a los dirigentes de la milicia, quienes se quejaban porque el gobierno no les ponía freno. El general Cervantes aseguraba que le bastaban cinco días para aniquilar la guerrilla zapatista, y su principal argumento para intervenir militarmente en Chiapas era el de que las fuerzas armadas mexicanas no estaban cumpliendo con su deber constitucional de garantizar la soberanía nacional en todo el territorio mexicano.
Igualmente, Zedillo sabía que una ofensiva militar contra la guerrilla caería bien a los banqueros de Wall Street, muchos de los cuales estaban presionando por una acción decisiva contra los guerrilleros zapatistas, para que México lograra nuevamente en el medio internacional una imagen de estabilidad política, que beneficiaría sus inversiones en nuestro país.
Como tercer factor predisponente para romper la tregua en Chiapas estaban los “duros” del PRI, que se encontraban muy alebrestados porque de acuerdo con varias encuestas previas a las votaciones para gobernador en Jalisco que se llevarían a cabo el 12 de febrero de 1995, el partido oficial perdería esta entidad ante el PAN, a lo cual se oponía terminantemente el priismo cupular, y se preparaban para impugnar o hacer cualquier cosa para no perder este importante estado de la República.
Zedillo lo sabía, y deseaba afirmar sus credenciales democráticas impidiendo que le arrebataran el triunfo al PAN, pero esto significaba un grave enfrentamiento con los priistas, el cual sería más fácil de resolver si al mismo tiempo el presidente hacía una demostración de fuerza en Chiapas que opacara la derrota del PRI en Jalisco.
Por otro lado, un mes antes, hubo un evento que enrareció aún más el ambiente tenso que se vivía en el país por esta revuelta en Chiapas: un excompañero docente de Marcos en la Universidad Autónoma Metropolitana, de nombre Salvador Morales Garibay –originario de Michoacán– que se había unido al grupo guerrillero con el apodo de subcomandante Daniel, desertó de la guerrilla por razones ególatras (él creía que la organización guerrillera chiapaneca no le daba la importancia que merecía y que el “cabrón de Marcos” le estaba robando la gloria) y acudió al gobierno en forma espontánea y voluntaria, para revelar la identidad de Marcos y la ubicación de dos casas de seguridad en la Ciudad de México y en Yanga, Veracruz, mismas que fueron cateadas, encontrándose en ellas armas, propaganda y miembros de la guerrilla encabezados por el subcomandante Germán y la subcomandante Elisa. La confesión de Salvador Morales Garibay –que le facilitó las cosas al Ejército– daba a Zedillo más argumentos para intervenir militarmente en Chiapas, pues el general Cervantes comunicó al presidente que los jefes de inteligencia de la milicia aseguraban haber encontrado “armas de alto poder” y documentos comprometedores que indicaban un plan Zapatista para ejecutar actos terroristas en todo el país.
El 8 de febrero –mismo día del derrumbe de la bolsa– Zedillo dio luz verde al plan ofensivo del Ejército, informándose a la población por conducto de los medios de comunicación masiva lo siguiente: “Debo informar a la Nación, que mientras el gobierno insistía en su voluntad de diálogo y negociación, el EZLN venía preparando nuevos y mayores actos de violencia, no sólo en Chiapas, sino en otros lugares del país”. Luego señaló: “en los allanamientos de los refugios clandestinos se descubrió un arsenal de armas de alto poder, que indicaban que el grupo zapatista estaba a punto de emprender nuevos actos de violencia fuera de Chiapas”. Después soltó la sorprendente noticia de que “gracias a los operativos de inteligencia del Ejército y los subsiguientes arrestos, se había logrado descubrir las identidades reales de los jefes zapatistas: Marcos era en realidad Rafael Sebastián Guillén, Germán Fernando Yáñez y Elisa María Gloria Benavides, agregando a sus nombres sus antecedentes políticos, y afirmando que estos guerrilleros –que no eran indígenas ni Chiapanecos argumentaba escandalizado y molesto Ernesto– eran jefes de una organización cuyos propósitos no eran populares ni indígenas ni chiapanecos, y que había ordenado su arresto y movilización del Ejército a territorio rebelde para capturarlos.
Sin embargo, la operación militar en Chiapas, que tenía la consigna fundamental de aprehender a Marcos, fue un fracaso total, pues el guerrillero había huido de su cuartel ubicado en el campamento de Guadalupe Tepeyac poco antes del ataque militar, seguramente avisado mediante radio por su gente de confianza colocada en otros lugares estratégicos de la entidad chiapaneca, que se enteraron con oportunidad de la intromisión del Ejército en sus casas de seguridad, o bien, escucharon los mensajes presidenciales. La reanudación del fuego, logró –con nuevos ímpetus– la intervención de numerosas organizaciones civiles en todo el mundo, que criticaban “el exceso de las fuerzas militares del gobierno mexicano, en contra de escasos indios mal armados” y rechazaban la solución del conflicto por medio de las armas.
Por lo anterior, el gobierno mexicano –siempre medroso ante las críticas en el extranjero– retorna a su disposición al diálogo y Zedillo ordena al Ejército y a la PGR evitar cualquier incidente que provocara un enfrentamiento. Instó al EZLN a optar por una vía política y anunció que enviaría al Congreso de la Unión una iniciativa de Ley de Amnistía para quienes depusieran las armas. Mientras tanto, Eduardo Robledo Rincón, gobernador de Chiapas, solicitaba licencia para dejar su cargo, sin embargo y a pesar de ello, los enfrentamientos persistieron. Por ejemplo, el 15 de febrero, hubo un violento encuentro en San Cristóbal de las Casas entre simpatizantes y oponentes del obispo Samuel Ruiz, que mostró la parte religiosa del conflicto entre católicos y evangélicos.
Luego, a casi un año de reiniciadas las negociaciones entre ambas partes, el 16 de febrero de 1996 se firmaron en San Andrés Larrainzar los acuerdos sobre Derecho y Cultura Indígena, con la mediación de la Comisión de Concordia y Pacificación (Cocopa) y la Comisión Nacional de Asuntos Indígenas (Conai), cuyo compromiso era formular un nuevo marco constitucional de autonomía, que reconociera a los indígenas los siguientes derechos:
- El uso, promoción y desarrollo de sus lenguas y culturas, así como de sus usos y costumbres, así como tradiciones políticas, sociales, económicas, religiosas y culturales.
- La práctica, ejercicio y desarrollo de sus formas específicas de organización política, económica y social.
- El respeto a sus formas propias y autónomas de gobierno en las comunidades y municipios en los que están asentados. Las elecciones de las autoridades indígenas se efectuarán de conformidad con las tradiciones de cada pueblo.
- El uso y disfrute de los recursos naturales de sus territorios, según se define en los artículos 13.2 y 14 del convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) a través del órgano de gobierno o de la administración que establezcan, exceptuando los recursos de las áreas estratégicas y aquellas cuyo dominio pertenece en forma exclusiva a la Nación.
No obstante, las discrepancias obstaculizaron las negociaciones y durante todo 1997 se debatieron públicamente los acuerdos de San Andrés sin que pudiera llegarse a una solución. El 8 de septiembre de ese año, más de mil miembros del EZLN iniciaron una marcha motorizada hacia la capital de la República, con el apoyo de docenas de miles de simpatizantes, entre los que estaban varios extranjeros y algunas organizaciones internacionales. Pero el gobierno, mantuvo su postura de negarse a firmar la iniciativa acordada por la Cocopa con el grupo guerrillero, quienes exigían no precisamente su independencia del país, sino una autonomía ciudadana fundamentada en un marco constitucional de democracia verdadera.
Antes, se había recrudecido la violencia en la región; en mayo de 1997 en el municipio de Chenalhó –uno de los baluartes del EZLN– un grupo armado mató a cuatro personas, secuestró a otra y quemó unas casas en ese y otros ejidos contiguos, situación que causó un éxodo de más de mil personas que abandonaron sus viviendas, huyendo de la violencia. Este hecho facilitó el triunfo del PRI en esos municipios, en las elecciones realizadas en ese año en el país, lo cual inconformó al grupo guerrillero y a sus simpatizantes, agravándose el encono entre ellos y los priistas. En diciembre ocurre la matanza de Acteal, provocada por un grupo de gente enmascarada y fuertemente armada ligada a los priistas locales, en la que mueren 45 indígenas incluyendo niños y mujeres embarazadas que se habían refugiado en el templo católico de la comunidad. Estos asesinatos escandalizaron al mundo entero, informado de los hechos por la prensa mundial y el internet. Esta situación obliga al presidente Zedillo a ordenar una investigación que dio como resultado que se aprehendieran a más de 40 responsables, incluyendo al presidente municipal priista de Chenalhó, a quien se acusó de haber apoyado este cruel e inhumano hecho.
De ahí en adelante, las negociaciones se estancaron durante los dos últimos años del gobierno zedillista. Los representantes del grupo guerrillero afirmaron que no obstaculizarían el futuro proceso electoral, pero hicieron un llamado a sus simpatizantes para que se abstuvieran de votar. No obstante, es justo mencionar que entre más acotado y restringido por el gobierno estaban los guerrilleros chiapanecos, mayor era el número de seguidores del zapatismo dentro y fuera de nuestras fronteras, mucho de ello influido por el internet que Marcos manejaba a la perfección como arma publicitaria y promocional. Una de las bondades del movimiento zapatista, lo fue en los municipios donde tenían influencia, la deforestación masiva e industrializada de la selva lacandona disminuyó notablemente en beneficio de la humanidad.
Durante esta administración, el tema de la inmigración legal de mexicanos a Estados Unidos y el del narcotráfico, fueron –al igual que en las anteriores– los puntos más relevantes en las relaciones con el gobierno del poderoso país del Norte. Pero este tema lo continuaremos en el próximo artículo.
*Ex presidente de Guerrero Cultural Siglo XXI A. C. [email protected]
